La covid-19 llega en un momento en el que Venezuela no tiene recursos fiscales para responder a sus obligaciones, y su población ―empobrecida y con acceso limitado a empleo remoto― entra en desesperación. Son consecuencias de la «coronacrisis»: reducción de la demanda, acelerada depreciación del bolívar, paralización de sectores económicos, pérdida de empleos e incremento del número de personas en situación de pobreza.

El 25 de abril de 2020 la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció en cadena nacional la ocupación por 180 días del consorcio oleaginoso Coposa, el inicio de un proceso de venta supervisada de productos de Alimentos Polar, Plumrose y Matadero de Turmero, y la creación de una mesa de trabajo ―con la Asociación Nacional de Automercados y Autoservicios― para «consensuar» los precios de 27 productos considerados prioritarios. Según las palabras de la funcionaria, tales acciones forman parte del «plan para la contención contra la especulación» que dirige Nicolás Maduro.

El anuncio representó la reasunción, por parte del gobierno, de una perspectiva discursiva y de política económica abandonada en la práctica en 2019: el modelo de controles que, al sumarse a los efectos negativos de los años de gestión económica del expresidente Hugo Chávez, desembocó en la primera hiperinflación del siglo XXI en América Latina. El retorno del control de precios ocurre en el marco de una pandemia cuyas consecuencias se miden en vidas humanas, y también en una crisis económica sin precedentes, que agrava los desequilibrios económicos arrastrados por la economía venezolana. De allí la urgencia de preguntar: ¿qué hay detrás de este anuncio?

El contexto actual

La autodestructiva dinámica interna de los últimos veinte años coloca a Venezuela en un estado de vulnerabilidad extrema. Tras seis años consecutivos de contracción económica y tres años de hiperinflación, para finales de 2018 el aparato productivo nacional se encontraba en su punto más bajo desde 1989, según cifras del Banco Central de Venezuela (BCV). La caída del producto interno bruto (PIB) de 35 por ciento en 2019, calculada por expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI), llevó a este indicador macroeconómico al nivel de 1969, con una población al menos 2,5 veces mayor.

Producto interno bruto de Venezuela, 1950-2019

(bolívares a precios constantes de 1997)

Nota: la línea horizontal marca el nivel del PIB de 2019.

Fuente: Banco Central de Venezuela. Base de datos de producto interno bruto, serie desde 1950. Precios corrientes y constantes.

http://www.bcv.org.ve/sites/default/files/cuentas_macroeconomicas/7_1_14_anual.xls

El desempeño negativo de la economía venezolana comenzó en los primeros trimestres de 2014; paradójicamente, cuando el precio del petróleo era todavía muy alto: 88,4 dólares por barril. Por lo tanto, la crisis económica venezolana antecedió la caída del principal producto de exportación: el petróleo.

La caída de la mercancía más volátil del mundo entre 2014 y  2020 profundizó el desequilibrio macroeconómico, pero no ocasionó el colapso. La causa se encuentra en el desacertado modelo de desarrollo implementado durante veinte años: un modelo caracterizado por una incoherente política económica que incluía una política cambiaria inflexible —con controles y tasas múltiples— que produjo una apreciación de las tasas oficiales y desencadenó un auge de importaciones y la destrucción del aparato transable de la economía. También privilegió un ambiente de hiperregulación —controles de precios, cambios, tasas de interés, condiciones laborales, etc.— y una estrategia de expropiaciones y nacionalizaciones sistemáticas que contrajeron el aparato productivo y produjeron los menores flujos históricos de inversión privada nacional e internacional. A esto se agrega el crecimiento sustancial del endeudamiento y el completo agotamiento de los recursos ahorrados en el Fondo de Estabilización Macroeconómica, así como una deuda pública contraída a precios muy bajos y en altos volúmenes gracias al colateral asociado con los altos precios del petróleo durante el período 2004-2014, lo cual implicó que la deuda pública total venezolana creciera de manera significativa en ese lapso.

Este complejo cuadro impidió al país instrumentar una política fiscal anticíclica durante la caída del precio del petróleo (Puente y Rodríguez, 2020). Ante la deliberada falta de transparencia del gobierno, en cualquier estadística que evidencie la magnitud de la crisis económica y social, algunas organizaciones se han planteado el desafío de revelar al menos parcialmente la situación sufrida por millones de venezolanos.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) señaló que el 32 por ciento de la población ―alrededor de 9,3 millones de personas― sufría inseguridad alimentaria, cifra que representa la cuarta crisis más importante del mundo (FSIN, 2020). Para sobrevivir, el 33 por ciento de los hogares acepta trabajar por alimentos, como pago, y el 20 por ciento ha vendido activos familiares para cubrir necesidades básicas (PMA, 2019). En 2019, el Banco Mundial (2019) calculaba que el 90 por ciento de la población se encontraba en situación de pobreza.

A finales del mes de abril Nicolás Maduro reveló que los usuarios de la plataforma del «Sistema Patria» respondieron un cuestionario para identificar los tres servicios públicos que requerían mayor atención del gobierno. Pudo conocerse que 88 por ciento de los encuestados reportaron dificultades para acceder a alimentos, 61 por ciento a agua potable, 46 por ciento al gas, 27 por ciento a gasolina y 13 por ciento a electricidad (Fragiel, 2020).

El gobierno tiene las manos atadas

El Estado venezolano se encuentra en el peor momento para atender la coyuntura. La industria petrolera está parcialmente destruida; de acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en el mes de abril la producción se ubicó en apenas 660.000 barriles diarios (kbd) (OPEC, 2020).

La capacidad de recaudación fiscal tiende a cero, debido a una economía y un sector petrolero en fase de colapso. El sector externo se encuentra al límite, con un inventario de reservas internacionales de 5.840 millones de dólares ―la menor magnitud desde 1979― y sin acceso a los mercados financieros tras haber caído en impago de deuda en noviembre de 2017 (unos 25.000 millones de dólares en bonos vencidos y no honrados).

Otro factor de peso es la crisis institucional del país, marcada por la disputa del poder legítimo entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó; controversia que esgrimen numerosos países y organismos internacionales para frenar líneas de crédito y ayudas financieras. En consecuencia, los mercados de deuda están cerrados y los recursos de organismos multilaterales, como el FMI, se encuentran limitados por existir en Venezuela «dos gobiernos paralelos».

Reservas internacionales, 1973-2020

(millones de dólares)

Nota: la línea horizontal marca el nivel de reservas internacionales al 29 de abril de 2020 (6.333 millones de dólares).

Fuente: Banco Central de Venezuela: Base de datos de reservas internacionales totales (BCV/FIEM/FEM) y servicio de la deuda pública externa.

http://www.bcv.org.ve/sites/default/files/indicadores_sector_externo/2_3_1.xls

Covid-19: la guinda del pastel

Para agravar el cuadro se suma un choque exógeno de la magnitud de la pandemia covid-19. Entre sus consecuencias se destacan: reducción de la demanda, aceleración de la depreciación del bolívar (que ocasionó un incremento acelerado en los precios en el mercado interno), paralización de parte importante de los sectores económicos que se mantenían operativos, pérdida de empleos e incremento del número de personas en situación de pobreza.

La caída de la economía mundial arrastró consigo la demanda petrolera y, por ende, su precio; tanto que el pasado 20 de abril el precio del West Texas Intermediate (WTI) se ubicó en un nivel negativo por primera vez en la historia. Antes de la debacle de los precios, el gobierno de Venezuela se vio forzado a vender el crudo con importantes descuentos, para compensar los riesgos asociados con las sanciones impuestas por Estados Unidos. De modo que, en un contexto de exceso de oferta con los menores precios reales en más de tres décadas, el flujo de caja de divisas del país se restringe aún más, por la caída histórica de la cotización de la cesta y el desplazamiento de la demanda a otros crudos baratos con menos riesgo.

La pandemia llega en un momento en el cual Venezuela no tiene recursos fiscales para responder a sus obligaciones, y su población ―empobrecida y con acceso limitado a opciones de empleo remoto― entra en desesperación. El agravamiento de la crisis social y humanitaria es inevitable en este entorno.

Medidas contra el covid-19

Algunos países han abordado el impacto económico de la crisis con beneficios fiscales a las empresas para mantenerlas en funcionamiento, o con transferencias directas a los ciudadanos para garantizarles el acceso a la canasta básica de consumo.

En Venezuela no abundan las políticas públicas para esta contingencia. Las importaciones de bienes relacionados con la contención del virus fueron eximidas de tributos aduaneros y del impuesto al valor agregado. Algunos municipios prorrogaron el pago de impuestos municipales. Pero no mucho más. Las solicitudes de postergar el pago del impuesto sobre la renta fueron desoídas. El Estado no cuenta con recursos para emprender las políticas de transferencias adoptadas en otros países. La política estrella del gobierno —los alimentos subsidiados en las denominadas cajas «CLAP»— no es factible.

El gobierno apela nuevamente al regreso del control de precios; sus voceros se afanan en prometer que, ahora, la inflación sí se detendrá por esta vía. Sin embargo, la experiencia histórica muestra claramente que los controles son un instrumento ineficaz para fomentar la estabilidad de los precios. Tan pronto se anuncian los controles, los bienes desaparecen de los anaqueles y se forma un rentable «mercado negro» repleto de «bachaqueros», que transan los bienes en un precio muy superior al que tendrían si existiera un «mercado».

Un control como cualquier otro

Antes de los anuncios de Delcy Rodríguez, Venezuela pasaba por un período de liberalización de los mercados internos, con pocas restricciones sobre los precios; una circunstancia que permitió a productores y comerciantes garantizar la reposición de inventarios y unas ganancias acordes con el riesgo de invertir en una economía recesiva e hiperinflacionaria.

En el sector privado, con el regreso de los controles, vuelve la incertidumbre sobre el rumbo de los acontecimientos, la solución de los conflictos institucionales y la posibilidad de percibir retornos de inversión que hagan sostenibles los negocios. Tras años de experiencia en controles de precios, el ciudadano promedio sabe que el decreto gubernamental trae consigo el retorno de los «mercados negros» de los productos regulados, que no solo dificultan el acceso a los bienes sino que, además, incrementan los costos de adquisición.

La política de administración de precios ha sido siempre errada. Pero, en años anteriores, el Estado contaba con instituciones dotadas de un mínimo de recursos presupuestarios para plantearse un seguimiento de los precios, en una parte importante de los establecimientos donde se expenden productos prioritarios. Hoy tales instituciones se encuentran debilitadas; hasta tal punto que resulta fácil advertir que el gobierno venezolano carece del músculo técnico y financiero requerido para vigilar con rigurosidad el cumplimiento de los precios acordados.

La economía venezolana está en su momento más débil. El impacto del control de precios podría ser definitivo para parte de los sectores económicos que sobreviven a los embates de la crisis.

Bachaqueo: el gran ganador

Al analizar la situación social venezolana, agravada por el efecto «coronavirus», salta a la vista que los decisores se encuentran frente a una disyuntiva sin solución aparente: 1) mantener la cuarentena obligatoria, a costa de agravar la situación de pobreza y hambre en la que viven millones de venezolanos, o 2) flexibilizar las medidas adoptadas frente a la pandemia, y poner en riesgo de contagio a una población que no cuenta con condiciones sanitarias para prevenir el contagio ni con un sistema de salud capaz de responder en caso de complicarse la crisis.

En este escenario surge el anuncio de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Con la reaparición de los controles de precios vendrá también el resurgimiento de los mercados informales que, sobre todo entre 2015 y 2018, significaron una fuente de recursos para parte importante de la población empobrecida. De acuerdo con un estudio realizado por la encuestadora Datanálisis en el año 2015, 30 por ciento de los venezolanos pertenecientes al estrato «E» se dedicaban a bachaquear, mientras que cerca de 65 por ciento de quienes hacían colas revendían la mercancía adquirida (El Estímulo, 2015).

No luce tan descabellado esperar que el gobierno apueste a la vuelta de los llamados «bachaqueros», como una forma de contener la caída del ingreso de los sectores más vulnerables y evitar el posible aumento de la conflictividad social que el agravamiento de la situación económica ocasionaría. Sin embargo, el costo político de esta jugada podría ser muy elevado.

¿A cambio de qué?

El retorno del desabastecimiento de productos regulados es una amenaza más que tangible. Con el regreso de la escasez volverían también las largas colas, cuando el distanciamiento social es indispensable para prevenir el contagio. Pero las colas son inevitables si se piensa que los jefes de hogar buscarán mantener los inventarios de productos esenciales, dada la incertidumbre propia de la cuarentena.

Una crisis de escasez pudiera incidir entonces en el número de contagiados por el virus. Venezuela es un país que, si bien presenta una cantidad reducida de casos confirmados de contagios, exhibe cifras de testeo poco creíbles y, además, no cuenta con un sistema de salud preparado para atender una crisis de mayor magnitud.

La pandemia representa una amenaza para un sector privado muy debilitado. En Venezuela, los empresarios ya operaban con dificultades antes de la pandemia. La paralización de muchos mercados podría llevar a varias empresas al cierre. Los nuevos controles, en lugar de ser un flotador para la empresa privada, semejan más bien el yunque que terminará de hundir a varios productores. La pandemia pasará, pero el empresariado venezolano seguirá esforzándose para sobrevivir a un enemigo tan destructivo como el covid-19; un enemigo que conoce desde hace más de dos décadas.

El gobierno también es vulnerable

El empresario venezolano no es el único vulnerable en estos momentos. La magnitud de la crisis mundial tiene impactos económicos, sociales y políticos aún incalculables.

Nicolás Maduro, al ordenar el control de precios de productos básicos, procura minimizar los efectos políticos de los terribles desajustes sociales y económicos que sacuden a Venezuela. Su gobierno sobrevive, a pesar de oscuros vaticinios y aun cuando la reducción de la renta petrolera impide una política de compra de aliados políticos y apoyo popular. En la actualidad, los ingresos provienen de otros mecanismos como la venta de oro y el comercio interno de gasolina (por encima del tráfico transfronterizo). Maduro no ha podido levantar, en siete años, los índices de aprobación de su gestión. Hoy, en plena pandemia, la acentuación de los problemas puede costarle cara.

El control de precios no parece, entonces, una medida de política económica sino una jugada política. Los voceros del gobierno no tardarán en señalar al sector privado como culpable de todos los males económicos que la mala gestión de los gobiernos chavistas ocasionaron; un desfalco del Estado venezolano que imposibilita atender de manera adecuada las urgencias financieras que plantea una pandemia.

Las proyecciones del FMI para Venezuela son demoledoras: contracción de quince por ciento del PIB y 12.000 por ciento de inflación para 2020. Mientras la Revolución sigue jugando a la «política», el país se «deshilacha» y los venezolanos, especialmente los más humildes, pagan un costo desproporcionado del grave colapso que han ocasionado dos décadas de desaciertos en política económica.

Referencias

• Fragiel, R. (2020): «Maduro admite fallas en servicios públicos del país a partir de encuesta en sistema Patria». Analítica. 27 de abril. https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/maduro-admite-fallas-en-servicios-publicos-del-pais-a-partir-de-encuesta-en-sistema-patria/
• Banco Mundial (2019): «¿Cómo afecta el ciclo económico a los indicadores sociales en América Latina y el Caribe? Cuando los sueños enfrentan la realidad». Informe Semestral. Oficina del economista jefe regional. Abril 2019. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31483/9781464814143.pdf
• El Estímulo (2015): «El bachaqueo deja ganancia de al menos 1.400 por ciento por cada Bs 400». https://elestimulo.com/elinteres/30-de-los-mas-pobres-se-dedican-al-bachaqueo/
• FSIN (2020): «Global report on food crises 2020». Food Security Information Network. https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000114546/download/?_ga=2.8502517.1553355486.1588459397-1083681503.1588344149
• OPEC (2020, 13 de mayo): OPEC Monthly Oil Market Report. https://momr.opec.org/pdf-download/
• PMA (2019): «Venezuela — Evaluación de seguridad alimentaria». Programa Mundial de Alimentos. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP_VEN_FSA_Main por ciento20Findings_2020_espanol_final.pdf
• Puente, J. y Rodríguez, J. (2020): «Venezuela en etapa de colapso macroeconómico: un análisis histórico y comparativo». América Latina Hoy. Revista de Ciencias Sociales. Artículo por publicar.

Daniel Cárdenas, economista. José Manuel Puente, profesor del IESA.