Control cambiario, inflación, controles de precios y ganancias son factores que obligan a las empresas extranjeras a cuestionarse la pertinencia de consolidar o no sus operaciones en Venezuela con las del resto de los países donde operan. La desconsolidación responde, quizá, más a políticas internas o a cambios profundos de la organización que al simple reconocimiento de una pérdida ocasionada por un complejo entorno de negocios.
Consolidar es el procedimiento mediante el cual una empresa multinacional prepara estados financieros que contienen todas sus operaciones —activas, pasivas, patrimoniales, de ingresos y gastos— tanto de su sede principal como de otros ámbitos geográficos, incluidas inversiones en otras empresas de las que pueden ser total o parcialmente propietarias. El proceso de consolidación implica definir relaciones de dependencia entre una organización superior (matriz) y una o varias subordinadas (subsidiarias).
Una empresa se considera matriz de otra cuando ejerce control económico, financiero y administrativo sobre ella, directa o indirectamente; por ende, la subsidiaria es aquella que carece de autonomía por el hecho de ser dominada por una matriz. Es necesario, entonces, definir las condiciones necesarias para que una empresa controle a otra.
La primera aproximación es de tipo cuantitativo: a mayor porcentaje de participación accionaria mayor control. Las normas contables aceptadas internacionalmente (IASB, 2011) establecen que se presume el control si la participación accionaria supera el cincuenta por ciento; si la participación es de veinte por ciento o menos se presume que no hay control.
Una segunda aproximación, de carácter cualitativo, toma en cuenta el grado de influencia de una empresa sobre otra cuando tiene menos del cincuenta por ciento de participación accionaria. Es posible controlar sin poseer, cuando la que hace las veces de casa matriz ha llegado a acuerdos con otros accionistas para influir en las decisiones de la empresa, mucho más allá de lo que su participación accionaria le garantiza, lo que se conoce como «influencia significativa».
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Los tipos de cambios
En el caso de las empresas que cubren un ámbito internacional es necesario considerar el tipo de tasa de cambio utilizado para transformar las distintas monedas en que transan la casa matriz y sus subsidiarias. Para ello, la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), en su Norma 21 sobre los efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera, establece que los estados financieros consolidados deben presentarse en la moneda funcional; es decir, la moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad (IASB, 2014).
Cuando un grupo está formado por entidades individuales con monedas funcionales diferentes se hace necesario expresar la información contable en una moneda común para efectos de consolidación. Cuando existe libre convertibilidad de monedas el proceso de unificación monetaria consiste en presentar al cierre contable las partidas no monetarias (activos fijos, inventarios, capital social, entre otras) a la tasa de cambio de cierre y las partidas monetarias (efectivo en bancos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, entre otras) a la tasa de cambio vigente en la fecha en que se originaron.
El inconveniente se presenta en un contexto de control de cambios, como el que existe en Venezuela, debido a que la diversidad de tasas de cambio crea ambigüedad sobre cuál tasa aplicar. Desde la implantación del control de cambios en Venezuela en febrero de 2003, el Banco Central de Venezuela (BCV) ha emitido 33 convenios cambiarios, que definen las características y los alcances de todas las posibles transacciones en moneda extranjera que ocurren en el país.
Los convenios cubren desde las paridades cambiarias vigentes para la importación de bienes y el pago de servicios hasta los mecanismos para comprar y vender dólares en efectivo, también las operaciones en divisas de embajadas y organismos de cooperación internacional, las tasas de cambio para la repatriación de dividendos y regalías, entre otros múltiples conceptos. Para las compañías multinacionales estos convenios son relevantes porque definen las tasas de cambio a las cuales tienen acceso para la compra y la venta de divisas, destinadas a importaciones de insumos, pagos de servicios técnicos, dividendos, regalías y eventuales repatriaciones de capital. Además, los convenios dejan constancia explícita del derecho que tienen las empresas multinacionales a acceder a un mercado de divisas preferenciales para repatriar dividendos, intereses, regalías y capital.
Las empresas que desconsolidaron pertenecen principalmente al sector de bienes de consumo, con una importante porción de sus productos con precios regulados y pocas expectativas de recibir divisas reguladas
A partir del año 2008 las empresas multinacionales con operaciones en Venezuela han tenido problemas para convertir los dividendos en la divisa de su preferencia, pese a lo establecido en la Providencia No. 056, Gaceta Oficial No. 38.006 de 2004, que establece el régimen para la administración de divisas correspondientes a las inversiones internacionales y a los pagos de regalías, uso y explotación de patentes, marcas, licencias y franquicias así como de contratos de importación de tecnología y asistencia técnica. En los trece años que ha durado el control de cambios, la República ha manifestado en dos ocasiones su voluntad de permitir la repatriación tanto de dividendos como de capital y otros conceptos afines. La primera ocurrió en 2004, cuando se publicó la Providencia No. 56 de la desaparecida Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), que regula el régimen para la administración de divisas correspondientes a:
- Repatriación de capitales iniciales de la inversión internacional.
- Sumas necesarias para mantenimiento, ampliación, desarrollo y finalización de la inversión internacional.
- Remisión de utilidades, rentas, intereses y dividendos de la inversión internacional.
- Indemnizaciones a inversionistas internacionales por la expropiación en casos de utilidad pública y social, de conformidad con la ley que rige la materia.
- Producto de la venta o liquidación total o parcial de una inversión internacional.
- Pagos resultantes de la solución de controversias.
- Pagos por concepto de regalías, uso y explotación de marcas, patentes, licencias y franquicias, así como los pagos de contratos de importación de tecnología y asistencia técnica, siempre que estos últimos se vinculen a una empresa receptora de inversiones internacionales y no estén regulados en otras providencias dictadas por esta Comisión.
- Reducciones de capital en cualquiera de sus modalidades.
En el año 2014 el gobierno venezolano, vía Ley Habilitante, promulgó una nueva Ley de Inversiones Extranjeras (Gaceta Oficial No. 6.152) la cual establece en su artículo 33:
Los inversionistas extranjeros tendrán derecho a remitir al exterior anualmente y a partir del cierre del primer ejercicio económico, hasta el ochenta por ciento (80 por ciento) de las utilidades y dividendos comprobados que provengan de su inversión extranjera, registrada y actualizada en divisas libremente convertibles, previo cumplimiento del objeto de la inversión; en caso de remisión parcial, la diferencia podrá ser acumulada con las utilidades que obtengan, únicamente en el siguiente ejercicio anual a los fines de su remisión al extranjero; de acuerdo a lo previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y su Reglamento.
El régimen de control de cambios que comenzó en el año 2003 se ha hecho más complejo en la medida en que la oferta de divisas se ha reducido. Desde su implantación hasta finales de 2009 hubo una tasa de cambio preferencial, y las transacciones que no calificaban se canalizaban por un mercado paralelo.
En 2010 se prohíbe el mercado paralelo, se implanta una sucesión de regímenes cambiarios de dos y tres precios controlados de la divisa, y se asignan tasas preferenciales a bienes y servicios de primera necesidad (alimentos, medicinas y algunos bienes industriales). El resto de las transacciones que calificaban para recibir dólares preferenciales se asignaban mediante sistemas administrados por el BCV. En el mismo año se implantó el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme), en el cual los compradores canalizaban sus necesidades de divisas a través de la banca comercial. Este sistema fue reemplazado en marzo de 2013 por el Sistema Complementario de Asignación de Divisas (Sicad), el cual se suponía que debía funcionar mediante subastas.
En enero de 2014 Cadivi es absorbida por el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex). La tasa cambiaria para bienes y servicios prioritarios, al igual que durante la vigencia de su predecesor, recibe el nombre de tasa Cencoex. En febrero de 2014, el sistema de subastas se divide en dos bloques (Sicad I y Sicad II), para ampliar el radio de acción de venta de divisas para las transacciones que no calificaban para la tasa Cencoex ni Sicad I. Un año después, en febrero de 2015, se vuelve a reunificar el sistema Sicad y se crea el Sistema Complementario de Asignación de Divisas (Simadi), en el cual el precio de la divisa debía fluctuar de acuerdo con la oferta y la demanda, lo que en la práctica no sucedió. Luego fue creado un nuevo régimen cambiario, vigente desde marzo de 2016, con dos tipos de cambio: un sistema de Divisas Protegidas (Dipro) y un segundo sistema para el resto de las transacciones en el cual el precio de la divisas debería fluctuar con la oferta y la demanda, llamado sistema de Divisas Complementarias (Dicom).
¿Consolidar o no?
Una empresa consolida en sus estados financieros aquellas organizaciones asociadas sobre las que ejerce control. Cuando pierde el control la empresa enfrenta el dilema de incluir o no a la subsidiaria en sus estados financieros.
Las empresas extranjeras con participación en Venezuela se han visto obligadas a evaluar la opción de «desconsolidar» sus operaciones en el país, debido a que el control cambiario, la hiperinflación, las restricciones sobre las ganancias máximas y la fijación de precios máximos de venta al público reducen el margen de maniobra de sus operaciones. Cuando las compañías consolidan incorporan, sin querer, a sus estados financieros las distorsiones de la economía venezolana. Por ejemplo, el efectivo acumulado en bolívares, en espera de que el Cencoex autorice la adquisición de divisas para pagar dividendos o cuentas a proveedores, es trasladado a la moneda funcional de la casa matriz a una tasa de cambio sobrevaluada, lo que crea la ilusión de que la corporación posee una cantidad de recursos líquidos mayor que la realmente disponible. Los activos intangibles relacionados con las operaciones de la casa matriz en Venezuela sufren constantes deterioros de valor, así como las cuentas por cobrar que pudieran existir con la compañía subsidiaria venezolana.
Las pérdidas totales del grupo de empresas que desconsolidaron entre los años 2014 y 2015 ascendieron a 7.600 millones de dólares
Es relativamente sencillo encontrar, en el contexto venezolano, razones para argumentar que las empresas multinacionales han perdido el control de su negocio en Venezuela. Sin embargo, la evidencia anecdótica sugiere que la decisión de desconsolidar no es automática. ¿Cuáles factores prevalecen al tomar la decisión de desconsolidar? ¿Qué mensaje quiere enviar la empresa al mercado cuando decide desconsolidar sus operaciones en Venezuela? ¿Es la desconsolidación el paso previo a cesar operaciones en el país?
¿Quiénes desconsolidan?
Para responder las preguntas anteriores resulta útil comenzar haciendo una lista de las 45 compañías que dicen tener exposición en Venezuela y forman parte del índice Standard & Poor’s 500 (S&P 500). La lista fue publicada por el servicio de información Bloomberg en abril de 2015.
Por ser empresas de oferta pública se tiene acceso a sus reportes financieros trimestrales y anuales, durante los períodos 2014 y 2015, publicados por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) en su sitio de internet. Gracias a esta fuente de información fue posible conocer sus exposiciones cambiarias, pérdidas potenciales y reconocidas, el deterioro en el valor de activos tangibles e intangibles, así como algunas decisiones gerenciales tomadas para enfrentar el complejo ambiente de negocios en Venezuela (reducción de personal, disminución del volumen de producción, ventas de activos, entre otras).
La mayoría de las empresas (44 de 45) registró pérdidas por su exposición a Venezuela, en los períodos 2014 y 2015 por 11.312 millones de dólares, con un promedio de 314 millones y una desviación estándar de 460 millones. La única empresa que no reveló pérdidas por su presencia en Venezuela fue Mead Johnson Nutrition Company, la cual recibió una liquidación de divisas preferenciales para la adquisición de fórmulas lácteas a la menor tasa de cambio existente (Cencoex) y realizó ganancias debido a que la compañía las había actualizado a una tasa de cambio mayor (Simadi).
Carlos Jaramillo, profesor del IESA. Norma Ortiz, profesora del IESA y de la Universidad de los Andes (Bogotá).
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