Deuda de Venezuela: sin consenso entre acreedores, la solución se retrasará

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Fotografía: Pixabay.

La solución definitiva de la reestructuración de la deuda de Venezuela requerirá asignar a una corte la competencia global en todas las demandas. Esa corte definirá quién tendrá la prioridad entre los distintos acreedores sobre los flujos de caja de los activos del país y la industria.

Carlos Jaramillo / 21 de marzo de 2019


 

Hay algunas lecciones que la bibliografía ha ido recogiendo sobre restructuraciones y bancarrotas en los últimos cuarenta años. La primera es que la deuda concentrada en pocos acreedores especializados en restructuración financiera —bancos o empresas aseguradoras— se refinancia más rápidamente y se destruye menos valor corporativo.

La segunda lección es que los arreglos privados son preferibles a los que ocurren en las cortes. Tienden a ser más rápidos y menos costosos que los obtenidos cuando se usa el régimen de bancarrota. La tercera es que quienes tienen muchos acreedores, con poca participación individual en el total de las acreencias, tienen más oportunidad de diferir la bancarrota; pero, una vez llegados a ese punto, las soluciones tienden a ser largas y costosas.

Con el paso de los años se han acumulado hallazgos sobre el comportamiento de los actores en situaciones de tensión financiera, e incluso elaboraciones muy sofisticadas como la del profesor Mitu Gulaty (de la Universidad Duke) sobre la deuda venezolana. Gulati sostiene que en el proceso de restructuración de la deuda soberana venezolana hay «brechas generacionales». En este momento hay dos grupos de tenedores de bonos, clasificados por la estrategia de recuperación que siguen: 1) los veteranos, grandes de fondos de deuda representados por importantes bufetes neoyorquinos, que de momento no han emprendido formalmente acciones legales; y 2) los debutantes, en su mayoría fondos de cobertura, que tratan, vía acciones legales, de tomar control de activos de la República o de PDVSA.

Para complicar las cosas están los grandes proveedores comerciales de la industria petrolera, que no pertenecen a las generaciones mencionadas. No son tenedores de títulos financieros, sino de contratos comerciales conocidos como IOU (por las siglas en inglés de «te debo»), en los cuales la empresa emisora (PDVSA, en este caso) reconoce una deuda comercial mediante una especie de vale.

Las acciones legales de los tenedores de deuda financiera se cruzan con las de proveedores de la industria y las de ganadores de arbitrajes contra la República y la misma PDVSA. En bancarrotas privadas que se resuelven en las cortes existe protección legal para la compañía en problemas. Es posible evitar que una avalancha de demandas cierre toda posibilidad de restructuración y lograr que los activos de la compañía se mantengan unidos para, apalancándose en ellos, obtener dinero fresco y poner en funcionamiento nuevamente a la empresa.

Hay una palabra mágica que acompañará el proceso de restructuración de la deuda venezolana: homogenización. Existe un grupo variado de acreedores que dirimen sus problemas en distintas jurisdicciones. Existen un Estado y una empresa que son álter egos: los activos para responder son en el fondo los mismos. La solución definitiva requerirá asignar a una corte la competencia global en todas las demandas. Esa corte definirá la prioridad relativa de los distintos acreedores sobre los flujos de caja de los activos del país y la industria.

Si el gobierno de Venezuela no alcanza con los acreedores un acuerdo cumplible que le permita funcionar, cancelar pasivos y acceder a nuevos financiamientos, se verán arreglos de corta duración y continuas renegociaciones, que no conducen a lado alguno. El problema es que la homogenización no se construye con los arreglos jurídicos actuales. Las grandes economías y el Fondo Monetario Internacional tienen que diseñar una solución legal a la medida. El refinanciamiento de la deuda pública de Puerto Rico es un ejemplo de que casos especiales requieren tratamientos específicos.

Lo único que puede decirse a los grupos de interés es que, si no hay consenso entre acreedores, la solución se retrasará. Lamentablemente, los consensos no surgen espontáneamente. Hay que construirlos.


Carlos Jaramillo, profesor del IESA.

Este artículo ha sido publicado en alianza con Arca Análisis Económico.

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