¿Por qué la pandemia ha producido rechazo a los programas corporativos de recompra de acciones? ¿Tiene sentido prohibir esos programas?
Nassim Nicholas Taleb se hizo mundialmente famoso por señalar las limitaciones de la estadística como campo del conocimiento, al no poder predecir el riesgo de eventos raros. Para hacer más digerible esta idea a una audiencia general, Taleb acuñó la expresión «cisne negro», que destaca no solo lo impredecible de algunos eventos, sino también el alto costo de desarrollar planes de cobertura contra algo que no tiene forma definida, fecha de ocurrencia conocida o al menos previsible y mucho menos un impacto económico medible.
¿Cómo enfrenta la sociedad a los cisnes negros? Simplemente los ignora y reacciona a ellos cuando suceden, con altos costos de todo tipo. Por supuesto, una vez sucedido el siniestro, los mea culpa y las exhortaciones a extraer lecciones no se hacen esperar. Esto es precisamente lo que ocurre en este momento en las grandes economías del mundo. Se critica duramente a muchas empresas de oferta pública por no haber creado fondos de seguridad que les permitieran sortear los primeros meses de la pandemia, sin tener que solicitar el sacrificio de empleados y proveedores y la ayuda de los gobiernos nacionales; es decir; los contribuyentes.
En este contexto de crítica colectiva ha surgido un grupo de congresistas demócratas en Estados Unidos que piden la prohibición de los programas de recompra de acciones. Su argumento es que estos mecanismos, en aras de mejorar oportunistamente la rentabilidad de los accionistas, privan a las empresas de recursos valiosos que podrían usarse para fortalecerlas patrimonialmente y hacerlas más resilientes frente a lo desconocido.
En los últimos tres años las empresas pertenecientes al S&P 500 destinaron dos billones de dólares a la recompra de acciones. A juicio de los expertos, esta fue una de las principales causas del mercado accionario alcista que mató la COVID-19. Las líneas aéreas, en particular, destinaron prácticamente todo su flujo de caja libre de la última década a estos programas.
Para muchos el abuso en la repartición de beneficios por la vía de la recompra de acciones se debe al cortoplacismo, uno de los grandes males de las empresas de oferta pública. Para responder a las exigencias de los inversionistas institucionales las empresas se valen de todos los mecanismos a su alcance; sacrifican, entre otras cosas, las inversiones en investigación y desarrollo.
Los programas de recompra de acciones, al reducir el volumen de recursos disponibles de las empresas, tienen la función de evitar que los gerentes inviertan en proyectos destructores de valor que les benefician personalmente a expensas de los accionistas. Tampoco existen pruebas, contra lo que muchos suponen, de una merma en la cantidad de dinero que las grandes corporaciones estadounidenses destinan a investigación y desarrollo; aunque tales inversiones se han canalizado principalmente hacia las nuevas tecnologías, debido a que las empresas de ese sector tienen excedentes propios y acceso a abundante capital de riesgo.
La creación de una reserva corporativa de efectivo para capear los malos tiempos pertenece a ese grupo de ideas que en una primera aproximación lucen atractivas pero que, en la práctica, no prosperan porque no hay incentivos para hacerlas realidad. Para empezar, ¿cómo se calcula la cantidad de reservas necesaria para enfrentar un cisne negro? ¿Cómo se luchará contra las tentaciones de gastar tales reservas cuando, dentro de muchos años, la última pandemia no sea más que un borroso recuerdo?
Cuando el profesor Taleb señalaba la imposibilidad de cubrirse contra la destrucción causada por la aparición de un cisne negro se refería, precisamente, a la dificultad de provisionar recursos para enfrentar una especie de quimera, sin rostro ni forma. La pertinencia de los programas de recompra de acciones es un tema complejo. Abundan los conflictos de agencia entre gerentes y accionistas; entre quienes conocen a fondo las corporaciones y quiénes no. Es importante que las urgencias de una crisis no obliguen a los reguladores a eliminar un mecanismo de redistribución de recursos que, en balance, podría ser más beneficioso que perjudicial.
Carlos Jaramillo, director académico del IESA.
Este artículo ha sido publicado en alianza con Arca Análisis Económico.
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