El gobierno tailandés experimenta con el uso de monedas digitales emitidas por su banco central, para adjudicar un subsidio directo a cincuenta millones de personas. Esta iniciativa resuelve algunos problemas de implementación de programas de auxilio financiero, pero también abre una discusión sobre prácticas discriminatorias.
Una moneda fiduciaria es una divisa nacional cuyo valor no está vinculado al precio de una materia prima, como el oro o la plata, y una moneda digital de un banco central (CBDC, por sus siglas en inglés) es la forma digital de la moneda fiduciaria de un país. Es un hecho aceptado que los billetes y las monedas desaparecerán totalmente, en unas cuantas décadas, y que su eliminación traerá importantes ahorros para el sistema financiero y los actores comerciales que, históricamente, han manejado grandes cantidades de efectivo.
La implantación de las CBDC podría cambiar desde la forma en que las personas disponen de su efectivo hasta los mismos mecanismos de intermediación bancaria. También podría resolver el problema de bancarización, pues todas las personas podrían tener una cuenta en el banco central de su país. Esto tendría múltiples implicaciones; por ejemplo, reducción de la evasión fiscal y migración de clientes de los bancos comerciales —en particular los de menores ingresos— al banco central, lo que obligaría a la banca comercial a repensar su estructura de capital.
Al minimizarse el monto de dinero de los ciudadanos con menos ingresos en los bancos comerciales, las corridas bancarias afectarían solamente a los individuos con suficiente preparación para hacer análisis de solvencia de sus contrapartes bancarias, por lo que el diseño y la cobertura de los fondos de garantías de depósitos deberán ajustarse a esta nueva realidad. La implantación de las CBDC obligaría también a mejorar la destreza digital de la población y, seguramente, a conceder subsidios para costear el acceso a la tecnología requerida, que incluye equipos y servicios de internet.
Un ejemplo muy completo de las implicaciones del uso de las CBDC se encuentra en un plan piloto del gobierno de Tailandia. Para cumplir una promesa electoral, otorgó, mediante billeteras digitales, el equivalente a 280 dólares a 50 millones de los 69 millones de habitantes del país.
El experimento tenía varios objetivos, entre ellos otorgar un subsidio directo a la población y experimentar masivamente con el nuevo medio de pago. En el diseño del programa se definió el ingreso por debajo del cual se era elegible para recibir los fondos. Se excluyeron las personas con antecedentes penales.
La idea es que los individuos gasten la cantidad asignada para dar un pequeño impulso a la economía nacional, y que el dinero no se utilice en actividades indeseables (alcohol y juegos de azar) ni se ahorre, para que circule dentro de la economía. Por ello, el programa seleccionó un conjunto de pequeños y medianos comercios, solventes con sus responsabilidades impositivas, en las zonas donde habitan los beneficiarios.
Quienes conocen de la aplicación de programas de subsidios masivos en mercados emergentes pueden rápidamente identificar aspectos positivos y negativos de este mecanismo de pago. Entre los positivos están la reducción del mal uso de los recursos y una atención más directa a la población objetivo. Pero este subsidio no está blindado en su diseño contra trucos como el cambio de alimentos y medicinas por dinero u otros bienes en los mercados negros.
Para forzar a los individuos a consumir se estableció una fecha de caducidad de los fondos, de seis meses, y una penalización mensual sobre saldos no consumidos. La aplicación de estas restricciones es posible, de manera sencilla, gracias a la naturaleza digital del dinero.
Entre los aspectos negativos del diseño del programa —no atribuibles per se al uso de CBDC, pero que esta tecnología facilita— está la posibilidad de excluir con facilidad a quienes los administradores de los fondos públicos consideren indeseables en un momento dado. Esto puede ocurrir por razones políticas, religiosas o de cualquier otra naturaleza.
La digitalización permite la traza continua del dinero, incluyendo su uso, y esta es una información que la sociedad debe aprender a administrar éticamente. Los bancos centrales proveedores de las CBDC tienen el reto de proteger su reputación. Para ello necesitan evitar ser percibidos como como agentes del gobierno cuando ejercen un papel de vigilancia y ejecución de una amplia gama de políticas económicas y sociales en lugar de, exclusivamente, política monetaria.
En la reputación de un banco central se sustenta el valor de la moneda fiduciaria de un país. Con eso no se juega. En los próximos meses se conocerá más de los resultados del experimento tailandés y, ojalá, podamos todos aprender mucho de él.
Carlos Jaramillo, vicepresidente ejecutivo del IESA.
Este artículo se publica en alianza con Arca Análisis Económico.
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