«El final de Basilea III» es una propuesta que aumentaría los requisitos de capital de las grandes instituciones financieras. A ella se han opuesto no solo estas instituciones, sino también grupos que defienden los intereses de pequeñas empresas y minorías: a mayores requisitos de capital menores fondos disponibles para préstamos.
Durante el último año, Michael Barr, vicepresidente de la Reserva Federal encargado de la Supervisión Bancaria, ha tratado de sacar adelante una propuesta conocida como «el final de Basilea III». Su propósito es aumentar los requisitos de capital de las grandes instituciones bancarias estadounidenses con activos superiores a 250.000 millones de dólares. Su nombre se debe a que contiene los últimos ajustes para dar por culminado un ciclo regulatorio internacional que comenzó a raíz de la crisis financiera de 2008, cuyo fin último es apuntalar el sistema bancario.
La propuesta inicial de Barr fue modificada para reducir su alcance. A ella se han opuesto no solo las grandes instituciones financieras, sino también grupos que defienden los intereses de pequeñas empresas y minorías étnicas: a mayores requisitos de capital menores fondos disponibles para préstamos. Los más afectados serían los grupos con menor poder económico.
Según los bancos estadounidenses, «el final de Basilea III» reduce el riesgo de quiebra de las instituciones a expensas de su rentabilidad.
La propuesta reformulada excluye de su aplicación a los bancos comerciales con activos entre 100.000 millones y 250.000 millones de dólares. Entre ellos se encuentran bancos regionales que tuvieron problemas de solvencia a raíz del alza de las tasas de interés en Estados Unidos, que comenzó en el año 2022 y se agudizó en marzo de 2023 con la caída del Silicon Valley Bank.
La llamada nueva propuesta de Barr incluye cambios radicales que, en conjunto, reducirían a la mitad el aumento de los requisitos de capital: a un nueve por ciento para los bancos estadounidenses más grandes, comparado con el aumento del 19 por ciento inicialmente propuesto. Para los seis bancos más grandes del país, el cambio se traduce en un ahorro de aproximadamente 100.000 millones de dólares. Según la nueva propuesta, a esos bancos se les exigiría agregar unos 80.000 millones en capital, a diferencia de los 180.000 requeridos anteriormente.
Los bancos estadounidenses basan su rechazo a la propuesta inicial de Barr en el argumento de que no reconoce el fortalecimiento patrimonial logrado por las grandes instituciones financieras desde el año 2008. La medida reduce el riesgo de quiebra de las instituciones a expensas de su rentabilidad.
La nueva versión del «final de Basilea III» mantiene la exigencia de constituir reservas adicionales sobre los títulos valores de las carteras bancarias que han perdido valor pero aún no han sido liquidados. Los bancos argumentan que esas reservas adicionales descartan el hecho de que los precios de estos títulos pueden subir a mediano plazo. También se redujeron los requisitos de capital relacionados con riesgos operacionales, hipotecarios y de tarjetas de créditos de clientes al detal.
La oposición a la propuesta de Barr vino no solo de los congresistas republicanos, sino también de algunos demócratas. La senadora demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren, sin duda alguna némesis de las grandes corporaciones estadounidenses, describió la propuesta como un regalo a Wall Street que contribuirá a que en un futuro se produzca una nueva crisis financiera que será atendida con recursos de los contribuyentes.
La propuesta revisada será sometida a una nueva ronda de consulta que incluirá a la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC). Una vez producida la versión definitiva, los bancos estadounidenses tendrán un año para ajustarse a ella.
El contenido del final de Basilea III fue un esfuerzo de la Reserva Federal, pero en su conceptualización participaron también técnicos de los bancos centrales del Reino Unido y de la Unión Europea. Al igual que en el caso estadounidense, los reguladores de los demás participantes en la iniciativa están circulando sus versiones locales a los distintos grupos de intereses, que han hecho objeciones muy similares a las de sus homólogos estadounidenses y es probable que consigan negociar alcances similares.
Ningún regulador europeo impondrá medidas de fortalecimiento patrimonial más astringentes que las del resto de sus pares. Estaría poniendo a sus instituciones financieras nacionales en desventaja en un contexto de competencia internacional.
Carlos Jaramillo, vicepresidente ejecutivo del IESA.
Este artículo se publica en alianza con Arca Análisis Económico.
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