El Tercer Pleno del Partido Comunista de China insistió en simplificar la administración y eliminar trámites burocráticos con el objeto de alcanzar un mercado nacional unificado. Pero la elite del Partido está consciente de que, sin reformas estructurales, no se alcanzará «la prosperidad común» prometida por el presidente Xi Jinping.
Entre el 15 y el 18 de julio de 2024 tuvo lugar la Tercera Sesión Plenaria del Vigésimo Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh). Este es una reunión que se realiza aproximadamente cada cinco años y en esta ocasión participaron 199 miembros del Comité Central del PCCh y 165 suplentes.
El Pleno es seguido por distintas audiencias de todo el mundo, pero es de particular interés para los inversionistas internacionales, pues en él se trazan las políticas sociales y económicas de largo plazo del país.
Esta es la tercera plenaria quinquenal bajo el mandato de Xi Jinping. Como era de esperarse, en ella se ventilaron retos y contradicciones que sufre en este momento el modelo económico de la segunda economía del planeta. La agenda en esta ocasión giró alrededor de cinco grandes temas:
- Las relaciones entre el partido-Estado y el mercado-empresa privada.
- El papel de las empresas de propiedad estatal.
- El funcionamiento del sistema fiscal (en particular, las reformas tributarias para equilibrar la proporción de ingresos y gastos repartidos entre los gobiernos central y locales).
- La movilidad laboral.
- La reforma del sistema de salud.
La declaración de intenciones del PCCh es impulsar la prosperidad común mediante la transformación del modelo económico vigente en un modelo que promueva la innovación tecnológica y el desarrollo de un mercado nacional integrado, en el que se eliminen los desbalances entre las regiones, entre el mundo rural y el urbano, y los privilegios injustificados de las empresas del Estado.
Esta declaración de intenciones, aunque impactante en una primera lectura, no es particularmente sorprendente para quienes siguen cotidianamente la política china. Para nadie es un secreto que los altos cuadros del partido son muy críticos de las ineficiencias de la burocracia y del largo tiempo que ha tardado la implantación de reformas en las cinco áreas temáticas.
En la Tercera Plenaria de 2013 se mencionaba que el modelo económico vigente era «desequilibrado, descoordinado e insostenible». Y para muchos sigue siéndolo. Por ello es necesario apuntalar el consumo interno en un mercado nacional integrado, lo que se hace difícil en una economía mundial como la actual. Tales cambios no prosperarán si no se hace una reforma de la gobernanza del PCCh anunciada hace más de una década.
En la plenaria actual los principales líderes chinos reconocieron los riesgos que han obstaculizado el buen funcionamiento de la economía del país, pero dieron pocas señales de su intención de implantar las reformas a las que aspiran los inversionistas internacionales.
Los mercados internacionales esperaban respuestas a problemas claramente identificados, como la crisis del mercado inmobiliario, que hasta hace poco fuera el principal contribuyente del PIB del país y un gran vehículo para los inversionistas individuales, que tienden a consumir poco y ahorrar mucho para cubrir los vacíos de protección social del Estado en temas como educación, salud y financiamiento del retiro. En este tema en particular la plenaria no arrojó muchas luces.
La plenaria enfatizó en la necesidad de reformar la manera en que los promotores inmobiliarios financian sus proyectos, incluyendo las reglas de juego de las preventas, que ha dejado a muchos hogares chinos pagando por propiedades a medio construir. Lamentablemente, todavía hay poca claridad en el tipo de políticas necesarias para mitigar el impacto de la caída de los precios de los inmuebles en los hogares, la banca y los gobiernos locales.
En un principio, cuando el sector inmobiliario empezó a dar señales de sobrecalentamiento, el gobierno central decidió no intervenir. Era su oportunidad para pinchar una burbuja inmobiliaria que hacía cada vez menos asequible el precio de la vivienda urbana al público en general, pero no tomó en cuenta los daños colaterales de su política.
Existe una propuesta de que Beijing gaste un billón de dólares con el fin de proporcionar capital de trabajo a los principales desarrolladores inmobiliarios para que puedan manejar el exceso de inventario inmobiliario existente en algunas zonas del país. El gobierno chino tiene recursos para ello, pero el acto de balancear los intereses de quienes tienen segundas viviendas como inversión con los de quienes han pagado por inmuebles inconclusos no es sencillo.
En cuanto al funcionamiento del sistema fiscal, el gobierno central maneja alrededor del diez por ciento del gasto público total, mientras que el promedio mundial es veinte por ciento. Sin embargo, Beijing controla una cantidad desproporcionada de ingresos, en comparación con los gobiernos locales. Esto ha conducido a una crisis de deuda en muchos gobiernos locales, que han tenido dificultades para recaudar ingresos en medio de la crisis inmobiliaria.
Parte importante de los ingresos de los gobiernos locales chinos proviene de la venta de terrenos a los promotores inmobiliarios, además del endeudamiento bancario. Por ello, en la plenaria se planteó la necesidad de transferir parte del ingreso del gobierno central a estas entidades a través de impuestos y transferencias.
La reforma fiscal está muy vinculada a cambios que deben ocurrir para reducir la disparidad económica entre los mundos rural y urbano. Esto implica aumentar la movilidad laboral y un mayor alcance del sistema de salud.
En China existe el hukou que, en teoría, es un registro de residencia, pero en la práctica es una herramienta de control de migración interna. Las personas tienen derecho a servicios de vivienda, educación y salud solamente en las zonas donde están empadronadas. Al mudarse a centros urbanos caen en un estatus de población flotante, con condiciones de vida muy precarias. Empadronarse en otro lugar es posible, pero el procedimiento es lento y engorroso.
Muchos ciudadanos del medio rural tienen como principal vehículo de acumulación de activos sus participaciones en granjas comunales, pero no existe un mercado secundario para esas participaciones. Sin mecanismos para traspasar la propiedad de la tierra rural, la movilidad de los grupos familiares es una quimera.
No es posible atender las brechas de riqueza entre los mundos rural y urbano sin redefinir las fuentes de ingresos y los compromisos de los gobiernos locales con sus residentes. La inconsistencia viene dada por el hecho de que los gobiernos locales son responsables de la mayoría de los servicios públicos, pero carecen de poder para recaudar los ingresos necesarios para pagarlos, lo que los obliga a recurrir al endeudamiento y a transacciones fuera de sus balances.
Es necesario aumentar los recursos fiscales de los gobiernos locales, ampliar sus bases impositivas y aumentar la proporción del gasto público cubierto por el gobierno central. También se prevé actualizar las normas fiscales para cobrar impuestos a nuevos sectores de actividad económica como el comercio electrónico. El gobierno central se ha planteado la necesidad de emitir los llamados «bonos de propósito especial», para ayudar a los distintos niveles de gobierno; en particular los gobiernos locales, que después del colapso del sector inmobiliario no han podido afrontar los pagos de su deuda financiera y los salarios de sus funcionarios públicos.
La plenaria discutió también el reto del envejecimiento de la población. Sugirió una reforma de la edad de jubilación que podría ayudar a compensar el impacto negativo de una contracción del mercado laboral en el crecimiento económico. Se espera que la edad de retiro suba de 55 y 60 años para mujeres y hombres, respectivamente, a los estándares de los países desarrollados. Como era de esperarse, tal anuncio recibió gran rechazo de la opinión pública.
El presidente Xi Jinping ha propuesto la inversión en manufactura de tecnología avanzada como salida del atolladero económico que vive China. El problema es que los bienes producidos por este plan deben colocarse, en buena medida, en un mercado internacional saturado de exportaciones de productos chinos que se ven con malos ojos en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas. Lamentablemente, el bajo consumo de los hogares chinos no contribuye al éxito de este plan económico.
La plenaria insistió en simplificar la administración y eliminar los trámites burocráticos, con el objeto de alcanzar un mercado nacional unificado. Pero este discurso no es nuevo.
Aumentar la eficiencia de la burocracia gubernamental no es suficiente para volver a colocar al país en una senda sostenida de crecimiento. La incapacidad para resolver los problemas esenciales, los retrasos en la implantación de los cambios y las soluciones provisionales, que no atacan la raíz de los problemas, han caracterizado a la última década. Pero la élite del PCCh está consciente de que, sin reformas estructurales, no se alcanzará la «prosperidad común» prometida por Xi Jinping.
Carlos Jaramillo, vicepresidente ejecutivo del IESA.
Este artículo se publica en alianza con Arca Análisis Económico.
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