Finlandia lidera la clasificación mundial en derechos de propiedad, mientras que Venezuela ocupa el último lugar.

El Índice Internacional de Derechos de Propiedad, elaborado por la organización Property Rights Alliance, presenta una jerarquización de 125 países del mundo en esta materia. Lamentablemente, este año Venezuela quedó en el último lugar. Cuanto más respeto a los derechos de propiedad (y a los derechos en general), más inversiones y negocios a largo plazo en el país, y viceversa.[1]

El índice se compone de tres categorías de importancia equivalente: ambiente legal y político (definido por el grado de solidez y transparencia de las instituciones), derechos de propiedad física y derechos de propiedad intelectual. Todos ellos contribuyen al desarrollo socioeconómico nacional.

El informe de este año revela que Finlandia ocupó el primer puesto y Uruguay, ubicado en el puesto 25, lideró a América Latina y el Caribe, seguido por Chile. A Finlandia le siguen Singapur, Dinamarca y los Países Bajos.

Según el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice) los factores que actuaron en contra en el caso venezolano fueron, fundamentalmente, la falta de independencia judicial y la existencia de un marco regulatorio que atenta contra el derecho de propiedad.[2] Uruguay, en cambio, fue bien evaluado precisamente por la independencia de su Poder Judicial y por su estabilidad política, además del control de la corrupción. Si se considera solamente el indicador de estabilidad política, ese país se ubicó en el puesto seis del mundo.

Las instituciones en Venezuela están enredadas en burocracias y cambios frecuentes o arbitrarios de sus regulaciones.

Impacto económico en Venezuela

En el caso venezolano, además de carecer de garantías o autonomía en su funcionamiento y decisiones, las instituciones están enredadas en burocracias y cambios frecuentes o arbitrarios de sus regulaciones que actúan como verdaderas trancas para los sujetos de derecho. La inestabilidad de Venezuela ha afectado profundamente, por ejemplo, los precios de las viviendas, sobre todo en los últimos años, por una sobreoferta de inmuebles y baja demanda (piénsese en el éxodo de venezolanos que dejaron sus casas y apartamentos), un hecho casi sin precedentes en la historia reciente del país y de América Latina.

La devaluación del bolívar se profundizó aún más (en el entorno de un veinte por ciento adicional) desde las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. A más de tres meses de esos polémicos comicios, el clima de negocios y la caída de los precios de las viviendas se han agravado significativamente, en medio de denuncias de presos políticos (más de 1.900 según la ONG Foro Penal), nuevos empujes a la inflación y una incertidumbre generalizada que se traslada a la actividad petrolera, según analistas venezolanos consultados.

Propiedad intelectual

En el caso de Uruguay, lo que actuó en contra de conseguir una posición aún mejor en la clasificación fue que, en materia de propiedad intelectual, no estaba adherido al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), un tema sensible localmente dada la oposición del sector de los laboratorios uruguayos al tratado. Sin embargo, el pasado 7 de octubre se logró la adhesión, aunque por ahora parcial. Entrará en vigencia en enero de 2025.

Venezuela es uno de los pocos países latinoamericanos que no están adheridos a ese tratado internacional que administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El PCT facilita la protección internacional de las patentes, lo que está lejos de la posición del gobierno de Venezuela, a favor de su liberación. Difícilmente cambie esa realidad, al menos por un tiempo considerable en el país caribeño.

Riesgo regional

La vulneración de derechos y libertades afecta, en primer lugar, a la población y su calidad de vida, pero también a los negocios, a las economías y al desarrollo de los países a mediano o largo plazo, además de llevar al aislamiento. Si bien los gobiernos latinoamericanos que no respetan los derechos de propiedad —o los derechos en general de sus ciudadanos— han encontrado alianzas con otros regímenes que han adoptado la misma postura, la historia muestra que terminan empobrecidos, con excepción de grupúsculos que sobreviven «más allá del bien y del mal».

Según el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), hay que preservar con los máximos esfuerzos los derechos y libertades, porque una vez perdidos es difícil recuperarlos.[3] De hecho, actualmente los derechos a la propiedad corren riesgo en gran parte de la América Latina ante, por ejemplo, situaciones de tomas ilegales de tierras que se han extendido. Esas acciones suelen quedar impunes, según la falsa premisa de que resolverán el problema de la pobreza, cuando en realidad lo único que causan es inseguridad jurídica y freno a la inversión.

La educación y la oferta de puestos de trabajo son los principales factores que facilitan la salida de la pobreza. Pero para eso se requiere otro tipo de políticas públicas.

Los fenómenos que desdibujan o violan directamente las bases de las democracias, los derechos ciudadanos y el desarrollo son luces amarillas o rojas que hay que saber identificar, y ante las que las naciones no deberían doblegarse.

Fabiana Culshaw, periodista y psicóloga empresarial.

Notas

[1] Property Rights Alliance (2024). International Property Rights Index. https://propertyrightsalliance.org/

[2] Cedice (Centro de Divulgación del Conocimiento Económico). Índice de Derechos de Propiedad 2024. https://cedice.org.ve/project-items/indice-de-derechos-de-propiedad-2024/

[3] Idea Internacional (página de inicio): https://www.idea.int/es