La expresión «Deferencia Chevron» fue acuñada en 1984, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos estableció que los tribunales debían mostrar deferencia hacia la interpretación de las agencias administrativas. En junio de 2024, la Corte la anuló al desconocer la capacidad técnica de las agencias y alentar a las empresas a desafiar políticas destinadas a proteger a la ciudadanía.
La palabra «deferencia» está relacionada con el verbo «deferir», que significa «delegar» o «someterse a los deseos de otro», pero ambas palabras provienen del verbo latino medieval dēferre, que significa «transmitir, mostrar respeto o someterse a una decisión». Un caso interesante de deferencia ocurre cuando una corte da un importante peso a la opinión de un organismo regulador al emitir una decisión que afecta a un actor privado.
La expresión «Deferencia Chevron» fue acuñada en 1984, a raíz de una decisión administrativa de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso de Chevron U.S.A. contra el Consejo para la Defensa de Recursos Naturales, un grupo de defensa ambiental internacional sin fines de lucro domiciliado en Estados Unidos. La Corte Suprema estableció que, ante la oscuridad de un texto legal, los tribunales debían mostrar deferencia hacia la interpretación de las agencias administrativas, siempre y cuando tal interpretación fuera razonable.
Las cortes federales de Estados Unidos tienen autoridad para revisar judicialmente las leyes dictadas por el Congreso y declarar su invalidez si violan la Constitución. Sin embargo, la Constitución no establece límites expresos a la autoridad que puede delegarse a un organismo del gobierno. Los límites de la autorización concedida a una agencia federal se establecen dentro de las mismas leyes aprobadas por el Congreso.
La Deferencia Chevron requería que la interpretación administrativa fuera emitida por la agencia encargada de atender el estatuto en cuestión. En consecuencia, no se debía deferencia judicial alguna a las interpretaciones de agencias que no estuvieran a cargo de ese estatuto. Además, la delegación implícita de autoridad a una agencia administrativa para interpretar una ley no se extendía a la interpretación que la agencia hiciera de su propia jurisdicción bajo esa ley.
En el caso de Chevron U.S.A. contra el Consejo para la Defensa de Recursos Naturales fue necesario mostrar, en primer lugar, que no había claridad en el texto legal emitido por el Congreso y, en segundo lugar, que el organismo encargado del caso basó su respuesta en una interpretación permisible de la ley. Como se cumplieron estos dos pasos, entonces la Corte tuvo que conceder deferencia a la lectura que la agencia hizo de la ley y respetar su interpretación.
La Deferencia Chevron fue uno de los principios más importantes del derecho administrativo estadounidense durante cuarenta años. Pero en junio de 2024 la Corte Suprema la anuló en el caso Loper Bright Enterprises versus Raimondo al declarar: «La Ley de Procedimiento Administrativo requiere que los tribunales ejerzan su juicio independiente, al decidir si una agencia ha actuado dentro de su autoridad legal, y los tribunales no pueden ceder a la interpretación de la ley por parte de una agencia, simplemente porque un estatuto es ambiguo; Chevron ha sido anulada».
El principal impacto de esta anulación es que las opiniones de científicos y expertos técnicos de los organismos federales estadounidenses ya no prevalecerán cuando sea necesario interpretar ambigüedades legales. Para las empresas que se sienten asfixiadas por la regulación, esta decisión será bienvenida. Según sus lobistas: «El fallo destrona a una tecnocracia no elegida y que no rinde cuentas, controla lo que se percibe como un exceso regulatorio en organizaciones como la Agencia de Protección Ambiental y devuelve el poder a los tribunales».
En opinión de los representantes de organizaciones de defensa de los consumidores, el fallo menguará la capacidad del Gobierno Federal para proteger al público de daños ambientales y de otro tipo. A partir de la anulación, los jueces federales tienen más poder para derogar las reglas y acciones de las agencias que no les gusten.
Con esta decisión de la Corte Suprema se desconoce la capacidad técnica de las agencias federales y se alienta a las corporaciones a desafiar las políticas destinadas a proteger a la ciudadanía. Esto crea un entorno que tenderá a producir regulaciones de escaso impacto.
La Deferencia Chevron daba un margen de maniobra para hacer interpretaciones legales a la luz de nuevos conocimientos, sin entrar en grandes modificaciones del marco regulatorio vigente. En el actual ambiente de polarización de Estados Unidos, regulaciones como las ambientales, que causan polémica, entrarán en un proceso de revisión que obligará a las agencias a usar buena parte de su tiempo para defenderse en las cortes.
Algunos expertos sostienen que, una vez derogada la Deferencia Chevron, el Congreso de Estados Unidos se verá en la obligación de redactar leyes más explicitas que no requieran interpretaciones adicionales. Pero la naturaleza partidista de la política estadounidense, sumada al hecho de que cuestiones científicas —como el cambio climático y las vacunas contra la covid— se están convirtiendo en campos de batalla ideológicos, hace que eso sea poco probable.
Lamentablemente, el resultado de los juicios en los que se ventile el alcance de las competencias de las agencias regulatorias para defender los intereses del público en general dependerá en buena medida del color político del juez que se ocupe del caso. Esta es una situación regresiva en la que las lealtades políticas se anteponen al interés de los ciudadanos.
Carlos Jaramillo, vicepresidente ejecutivo del IESA.
Este artículo se publica en alianza con Arca Análisis Económico.
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