Estados Unidos se ha propuesto a eliminar las cláusulas que prohíben a los empleados «cambiar de bando» y trabajar para competidores de su empleador original. Eso aumentaría los ingresos de los trabajadores en unos 400.000 millones de dólares en la próxima década.
«La forma en que la gente experimenta el poder en su vida cotidiana suele ser en sus relaciones económicas […] Si estás siendo coaccionado e intimidado en esas relaciones económicas, eso afectará, de manera realmente fundamental, si te sientes libre o no en nuestro país». Son palabras de Lina Khan, presidenta de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), en una conversación reciente con Michelle Goldberg, columnista del New York Times.
Esta declaración muestra claramente cuál ha sido su brújula como funcionaria de alto nivel en el gobierno de Biden: tratar de proteger a los ciudadanos de los abusos de las grandes empresas. La lucha de Khan contra sus némesis ha ocurrido en múltiples frentes. Uno de los más recientes es la eliminación, promovida por la FTC, de las cláusulas de no competencia que deberían entrar en vigencia en septiembre de 2024, y que prohíben a los empleados «cambiar de bando» y trabajar para competidores de su empleador original.
La FTC ha calculado que la eliminación de estas cláusulas aumentaría los ingresos de los trabajadores en el orden de 400.000 millones de dólares en la próxima década. Estas cláusulas afectan aproximadamente a uno de cada cinco trabajadores estadounidenses (alrededor de treinta millones de personas).
La Cámara de Comercio de Estados Unidos y otros grupos relacionados sostienen que la FTC carece de autoridad constitucional y estatutaria para adoptar una normativa que califican de «arbitraria, caprichosa y por lo demás ilegal». Los grupos empresariales también han argumentado que la eliminación de las cláusulas limitaría su capacidad para proteger secretos comerciales e información confidencial. El pasado 20 de agosto de 2024 la jueza Ada Brown del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas dictaminó que la agencia antimonopolio carecía de autoridad para emitir reglas sustantivas relacionadas con métodos desleales de competencia, incluida la regla de no competencia.
La FTC considera la posibilidad de apelar la sentencia. Pero, mientras tanto, se va a acoger a su potestad de atender caso por caso las situaciones que se resolvían globalmente por la prohibición del uso de estas cláusulas.
Una salida alterna, recomendada por bufetes de abogados especialistas en temas regulatorios, es sustituir las cláusulas de no competencia por acuerdos de confidencialidad muy específicos y requisitos de que los empleados reembolsen a la empresa los costos de capacitación si terminan la relación laboral antes de una fecha determinada, que se conoce con el nombre de «acuerdos de pago de capacitación».
La lucha por la eliminación de las cláusulas de competencia es solo la punta de un iceberg de las muchas batallas que una administración demócrata tendrá que dar en caso de que Kamala Harris sea electa presidenta de Estados Unidos en noviembre de 2025. De ser esa la situación, la pregunta que se hacen distintos grupos de intereses es en qué medida la agenda regulatoria será una continuación del plan maestro del gobierno de Biden, que ha sido sin duda la más orientada a la defensa de los derechos del consumidor de las últimas décadas.
Mientras dure la campaña electoral, Harris tendrá que hacer malabarismos para mostrar a los grupos progresistas que mantendrá las políticas de apoyo a las clases populares impulsadas por el presidente Biden, sin espantar a los empresarios de Silicon Valley, muchos de los cuales fueron sus patrocinadores cuando hacia carrera política en California. Muchos quieren la cabeza de Lina Khan, pero lo más probable es que esta se mantenga al frente de la FTC con su agenda proconsumidor.
De ser Donald Trump el ganador, el escenario no está claro. El movimiento que lidera dentro del Partido Republicano tiene un enorme componente populista, que es enemigo de las grandes empresas, y este grupo de interés requiere atención. No en balde el candidato a vicepresidente, J. D. ,Vance dice, al referirse a Lina Khan, «una de las pocas personas en el gobierno de Biden que creo que está haciendo un trabajo bastante bueno».
Carlos Jaramillo, vicepresidente ejecutivo del IESA.
Este artículo se publica en alianza con Arca Análisis Económico.
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