La Rebelión del Rupununi fue el momento más cercano que tuvo Venezuela de recuperar su territorio Esequibo.
Carlos Balladares Castillo / 23 de septiembre 2018
Reseña del libro Del Acuerdo de Ginebra a la Rebelión del Rupununi: tres años del proceso de recuperación de la Guayana Esequiba (1966-1969), de Guillermo Guzmán Mirabal. Caracas: Academia Nacional de la Historia. 2016.
Muy pocos venezolanos han escuchado la palabra Rupununi ni, mucho menos, que haya existido una rebelión con ese nombre. Es posible que el esfuerzo realizado por el Estado venezolano para recuperar el territorio en reclamación, en la década de los sesenta, sea parte de esa terrible enfermedad que es la desmemoria colectiva. Porque, en estos tiempos de grave crisis, cuesta imaginar que hubo una época en la que la Cancillería era una institución eficiente y estuvimos a pocos pasos de lograr un viejo sueño nacional.
El historiador Guillermo Guzmán Mirabal llevó a cabo una apasionante investigación sobre este tema, cuya fuente primaria fundamental es el inédito archivo personal de uno de los protagonistas de los hechos: Ignacio Iribarren Borges (embajador extraordinario y plenipotenciario ante el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, desde 1959 hasta 1964, y posteriormente ministro de Relaciones Exteriores hasta 1969). Lo apasionante es que el autor logra un estilo que emociona, que hace anhelar un desenlace favorable al país. Aunque no fue así, el conocimiento de cada detalle ofrece dos gratificaciones: la comprensión de los hechos y la certeza de que los venezolanos pueden adoptar una política internacional sistemática y coherente de cara a los intereses del país.
El libro fue la tesis que presentó su autor en 2011 para optar al título de Magister en Historia de Venezuela en la Universidad Católica Andrés Bello, cuyo tutor fue Edgardo Mondolfi Gudat (el prólogo es de su autoría) y los miembros del jurado fueron Domingo Irwin (en el recuerdo) y Manuel Donís. La tesis obtuvo la máxima calificación. Su objetivo fue el estudio de las acciones emprendidas por la Cancillería venezolana durante el gobierno de Raúl Leoni con respecto al reclamo territorial de la Guayana Esequiba: desde la firma del Acuerdo de Ginebra (febrero de 1966) hasta la Rebelión del Rupununi (enero de 1969) que coincide con la llegada de un nuevo gobierno. En esos cuatro años, Venezuela estuvo a poco de lograr la recuperación, porque fueron los de mayor esfuerzo («vigoroso empuje») del gobierno.
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El primer capítulo, «Delimitaciones venezolanas», describe de forma general los otros tres procesos de demarcación de fronteras: con Brasil, Colombia y las islas del Caribe. El autor concluye que de los cuatro (incluido el de Guayana Esequiba) solo el realizado con Brasil terminó exitosamente. En el segundo capítulo, «Antecedentes», el autor señala que «la controversia territorial entre Venezuela y Gran Bretaña tiene su origen en la pretensión británica de ocupar territorios al oeste del río Esequibo» (p. 39), a partir de las delimitaciones que hizo el explorador comisionado por el gobierno del Reino Unido en 1834, Robert Schomburgk (1804-1865). Las líneas que estableció se movieron en los años posteriores (1840 y 1887): pasaron de casi 5.000 kilómetros cuadrados de territorio venezolano hasta 203.000, a pesar de las protestas de Venezuela. Solo Estados Unidos, al invocar la Doctrina Monroe, pudo detener esa expansión y presionar para un acuerdo fronterizo llevado a cabo por un tribunal arbitral, que terminó el 3 de octubre de 1899 con el Laudo de París, el cual despojó a Venezuela de 159.500 kilómetros cuadrados.
Todos los gobiernos posteriores mostraron su descontento ante lo que consideraron una gran injusticia. Pero solo fue a partir de la publicación del Memorándum póstumo de Severo Mallet-Prevost en 1949 —que reveló que el Laudo fue fruto de una componenda— cuando se tuvo el argumento para exigir su revisión. Durante ese año también se hicieron públicos los archivos británicos y estadounidenses correspondientes a 1899. A pesar de estos hechos, la reacción fue tímida, hasta que la democracia en la década de los sesenta inició una exhaustiva investigación. En 1962 Venezuela presentó en la Asamblea de las Naciones Unidas una declaración en la cual desconocía el Laudo de 1899, y advertía de la necesidad de resolver el problema antes de la independencia de la Guayana Británica, proceso que se había iniciado y pronto sería una realidad. A finales de ese año, el Reino Unido aceptó la revisión de los documentos. De esta manera se logró un primer éxito para el país.
Los expertos venezolanos Rafael Armando Rojas, Hermann González Oropeza y Pablo Ojer (estos dos últimos padres jesuitas) examinaron los documentos, aunque no tuvieron acceso pleno a ellos, y la comisión británica por su lado revisó los papeles venezolanos. Al final esto sirvió como base para las discusiones entre los gobiernos. Durante los años siguientes Venezuela exigió que se reconociera el reclamo territorial, con las metas de presionar económica, diplomática y militarmente tanto al Reino Unido como a la Guayana Británica, fortalecer la presencia venezolana en la frontera y captar el apoyo de la población de la Guayana Esequiba a su anexión a Venezuela.
El tercer capítulo, «Acuerdo de Ginebra», muestra cómo estas políticas lograron el reconocimiento del reclamo venezolano por parte del Reino Unido, mediante la firma de ese acuerdo en febrero de 1966, que planteaba un plazo de cuatro años para resolver el problema. En mayo, Gran Bretaña reconocía la independencia de la Guayana (tema del cuarto capítulo: «Guyana independiente»), y Venezuela haría lo mismo tal como establecía el Acuerdo. El problema era que Estados Unidos temía que el nuevo Estado cayera en manos del comunismo internacional, pues el Partido Progresista del Pueblo (PPP), que había luchado por la independencia, se dividió y quedó en manos de Cheddi Jagan, prosoviético y admirador de Fidel Castro. Ese división produjo un nuevo partido —el Congreso Nacional del Pueblo— que dirigía el primer ministro para ese momento, Forbes Burham, más cercano a Occidente. El temor de Estados Unidos era que la presión de Venezuela (incluso una intervención armada) llevara a que Jagan se hiciera más popular y tomara el poder. De manera que ahora la Guerra Fría jugaba contra los intereses venezolanos.
Los capítulos siguientes se dedican al desarrollo de la Comisión Mixta que establecía el Acuerdo de Ginebra durante los años 1966, 1967 y 1968. Guyana demoraba las negociaciones y Venezuela aumentaba la presión con presencia militar en la zona, como fue el caso de la ocupación de la isla Anacoco. En 1967 el Estado venezolano, ante la actitud dilatoria de Guyana en las negociaciones, se plantea por primera vez las «vías de hecho» (p. 99); es decir, la ocupación militar de la zona en reclamación, para lo cual prepara los apoyos internos, en especial del Partido Amerindio (National Party of Guyana). En 1968, la Cancillería considera que estaba en el tiempo límite de actuar o volver a un estancamiento. El Partido Amerindio, representante de la etnia dominante en el territorio Esequibo, en conflicto con las etnias africanas y de la India que dominaban la región que no estaba en reclamación, podría llevar a cabo una insurrección y pedir la protección de Venezuela. Otro elemento de presión fue el Decreto de Mar Territorial relacionado con el territorio en disputa, el cual hizo que Guyana llevara su protesta a la ONU.
La crisis llevó a adelantar el estímulo a la insurrección amerindia, a la que el gobierno de Guyana respondió con represión. Entre septiembre y noviembre de 1968, a esta situación se suma la petición de protección al Estado venezolano de los ganaderos de origen mestizo (inglés o americano con indígena) de la zona del Rupununi, en caso de un posible levantamiento en defensa de sus derechos. La Cancillería informó al presidente de la República que, ante estos hechos, se debía actuar a más tardar entre diciembre y enero. El problema era que en esos momentos habría elecciones en Venezuela y en Guyana, y entraría un nuevo gobierno en Estados Unidos. Según Guzmán Mirabal, el presidente Leoni aprobó el apoyo a la secesión (documento secreto: «Plan de levantamiento de la población de la Guayana Esequiba»), que incluía introducir armas e instructores. Brasil representaba también un problema, porque existía la posibilidad de que interviniera para obstaculizar los planes de Venezuela.
La rebelión tuvo un nuevo estímulo cuando el partido gobernante de Guyana impidió la inscripción de los candidatos del Partido Amerindio en las elecciones. Pero, en Venezuela, el nuevo presidente electo, Rafael Caldera, era del partido de oposición y no tomó decisión alguna con respecto al Plan. Estados Unidos se entera de los planes secretos e informa a Venezuela que no los apoyará. La rebelión comienza en el Rupununi el 2 de enero de 1969, pero Guyana actuó mucho más rápidamente que Venezuela y logra controlarla. En los días siguientes Guyana mostró pruebas del apoyo de Venezuela. Los amerindios se unieron días después a la insurrección y fueron dominados.
Guzmán Mirabal revela que, en palabras del canciller Iribarren Borges, a Caldera «le pareció un asunto muy peligroso» (p. 193). Posteriormente, Caldera congelará la reclamación por doce años a partir de 1970, con el Protocolo de Puerto España. La investigación sobre las vías «de hecho» para recuperar el Esequibo todavía no han terminado, pues falta que salgan a la luz pública —según Edgardo Mondolfi— varios documentos, como el archivo personal del presidente Raúl Leoni (1964-1969). Pero, sin duda, el trabajo realizado por Guillermo Guzmán permite conocer en detalle los sucesos que representaron el momento más cercano que tuvo Venezuela de recuperar su territorio Esequibo.
Carlos Balladares Castillo, profesor de las universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello.
