Un nuevo proyecto de ley aprobado por el Senado de Estados Unidos para mejorar la confiabilidad de los estados financieros de las empresas chinas puede, en lugar de proteger a los inversionistas, dejarlos a merced de sus contrapartes chinas y facilitar la meta del gigante asiático de aumentar el peso de su mercado financiero.
Carlos Jaramillo / 11 de junio de 2020
Reguladores, inversionistas institucionales y analistas de bancos de inversión siempre han manifestado preocupación por la opacidad con que funcionan las empresas chinas de oferta pública. En particular, les preocupan las prácticas de gobierno corporativo y la confiabilidad de los estados financieros emitidos por estas compañías.
En respuesta a tal preocupación, y a una serie de presiones en la sociedad estadounidense para desarrollar una línea de mano dura contra la política exterior china, el Senado de ese país aprobó el pasado mes de mayo un proyecto de ley para mejorar la confiabilidad de los estados financieros de las empresas chinas que cotizan en Estados Unidos. Este es un universo de compañías cuya capitalización bursátil es del orden de un billón de dólares.
El gobierno chino ha mostrado siempre cierta reticencia a que sus compañías nacionales se sometan al escrutinio de organismos reguladores foráneos, pues consideran que en estos procesos de auditoria podría conocerse información considerada secreto de Estado. En muchas de estas compañías el Estado chino es un importante accionista. La verdad es que se filtrarían no solo tales secretos sino también entramados de relaciones entre altos burócratas del Partido Comunista Chino y las élites económicas del país.
La nueva ley establece que debe suspenderse la cotización de cualquier empresa china que durante tres años consecutivos no someta sus estados financieros a la revisión de la Junta de Supervisión Contable de las Empresas Públicas. Si esta medida de presión tuviese efecto, se reducirían considerablemente las posibilidades de que los administradores de esas empresas cometieran fraude contra los inversionistas estadounidenses. Pero si el gobierno chino no acepta esta imposición a sus compañías nacionales se abren otros frentes de batalla en las complejas relaciones entre China y Estados Unidos.
Los temores de que algunas empresas dejen de cotizar en Estados Unidos disminuirían los precios de esos títulos valores, lo que obligaría a muchos inversionistas institucionales a vender. La experiencia previa en situaciones similares muestra que los accionistas chinos que controlan estas empresas usan estas oportunidades para comprar las posiciones de otros inversionistas a precios de gallina flaca. Posteriormente, las compañías se inscriben en alguna de las bolsas locales del país asiático, con una cotización a valores hasta seis veces mayores que sus referentes previos en el mercado estadounidense.
El gobierno chino también saca partido de estas prohibiciones, porque le permiten cumplir un objetivo de largo plazo: lograr que importantes compañías china, que han preferido los mercados de capitales del extranjero al momento de hacerse públicas, se registren en sus mercados bursátiles nacionales y los fortalezcan. No se puede ser la segunda economía del mundo sin un sistema financiero cónsono can tal robustez económica.
Si el gobierno chino usa la ley que eventualmente se apruebe para presionar a las empresas que cotizan en Estados Unidos, habrá dos claros ganadores y un solo grupo de perdedores: los inversionistas institucionales. Con la consolidación de estas prácticas de acorralamiento mutuo entre China y Estados Unidos, en lugar de crear un espacio de inversión fluido para los inversionistas en general en el que se respeten los derechos de los accionistas minoritarios, se seguirá consolidando un mundo de dos bloques donde muy pocos serán los ganadores. Este proyecto de ley muestras las complejidades de operar en un mundo sin cooperación.
Carlos Jaramillo, director académico del IESA.
Este artículo ha sido publicado en alianza con Arca Análisis Económico.
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