La crisis de salud pública y la caída de los precios de las materias primas recaen de manera desproporcionada sobre los grupos más pobres. La convicción creciente de que la crisis va a ser prolongada obliga a procurar que el sacrificio sea más equitativo.
El auge del precio de las materias primas ocurrido entre 2002 y 2014 trajo consigo mejoras importantes en los indicadores económicos y sociales de América Latina. Más y mejores oportunidades de trabajo se conjugaron con nuevos programas sociales para reducir la pobreza de ingresos de 45,4 a 27,8 por ciento y la pobreza extrema de 12,2 a 7,8 por ciento. A finales de 2014, sin embargo, los precios comenzaron a caer y provocaron un retroceso en los avances alcanzados. Para 2019, la pobreza de ingresos había aumentado a 30,8 y la extrema a 11,5 por ciento.
La pandemia del COVID-19 amenaza con causar un retroceso mucho mayor y las instituciones financieras internacionales hablan ya de otra década perdida para América Latina. La caída de los precios de las materias primas ha sido significativa y, en el caso del petróleo, catastrófica. En lo que va de año, el hierro y el cobre han perdido 12 y 20 por ciento de su valor, respectivamente, y el petróleo, 61. Aunado a las medidas de confinamiento —tanto las voluntarias como las impuestas por los gobiernos— tal caída de los precios ha impactado sensiblemente la situación financiera de familias, empresas y gobiernos, y los ha arrastrado en muchas ocasiones a la insolvencia.
La capacidad de los gobiernos latinoamericanos para salir en auxilio de la sociedad en momentos de crisis es mucho más limitada que la de sus pares desarrollados debido, en buena medida, al encarecimiento del financiamiento externo. La imposibilidad de suavizar el impacto de esta crisis ha traído como resultado el empobrecimiento inmediato. Entre febrero y marzo de este año las primas de los bonos soberanos de Brasil, Colombia y México aumentaron 210, 216 y 367 puntos básicos y sus monedas perdieron 18, 11, y 18 por ciento de su valor frente al dólar, respectivamente. El caso de Ecuador es particularmente delicado, en virtud de su condición de país petrolero y dolarizado. A mediados de marzo, las autoridades decidieron posponer pagos de deuda por cuatro meses para atender la pandemia, y su prima de riesgo aumentó 3.870 puntos básicos durante el mismo período.
Estos datos son agregados nacionales y enmascaran la enorme heterogeneidad económica, política y social que existe en la región más desigual del planeta. Lamentablemente, los empleos menos remunerados tienden a estar altamente concentrados en ocupaciones vulnerables a las medidas de distanciamiento. Con datos del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, las autoridades del estado de Massachusetts calculan que apenas dos por ciento de los empleos de quienes devengan 70.000 dólares o más al año son vulnerables a esas medidas. La vulnerabilidad aumenta a 18 por ciento para quienes devengan entre 40.000 y 70.000, a 41 entre 30.000 y 40.000, a 54 entre 25.000 y 30.000, y brinca a 76 por ciento entre 20.000 y 25.000 dólares.
Las familias de menos ingresos cuentan, así mismo, con menos ahorros y menos acceso al crédito para amortiguar la caída de ingreso. En América Latina tienden a estar ocupadas en el sector informal y, por ende, a disponer de menor protección social, lo cual las obliga a escoger entre obedecer la cuarentena y morir de hambre o arriesgarse el contagio y procurar su sustento. Como agravante, tienden a estar más hacinados en el hogar y en su comunidad, y enfrentan problemas de acceso y calidad de servicios públicos fundamentales (agua, electricidad, transporte y atención médica). Naturalmente, todas estas vulnerabilidades se conjugan y potencian la debilidad de los hogares más pobres ante las crisis en general y frente a esta en particular.
Los gobiernos latinoamericanos tienden a padecer, además, de debilidad institucional. La lucha entre quienes defienden un gobierno omnipresente y los que procuran su desaparición en favor del mercado ha condenado a la población a soportar gobiernos grandes y débiles. Las enormes diferencias en las estadísticas mundiales de contagio son clara evidencia de las bondades de contar con una burocracia focalizada y profesional. La capacidad burocrática será aún más importante si resulta cierto que la pandemia va a durar mucho más, mientras aparece y se administra una vacuna, pues le corresponderá diseñar y administrar una apertura gradual de la economía que considere los riesgos de un repunte en las tasas de contagio.
No es posible evitar los impactos económicos. Forman parte inevitable de la vida. Lo que sí puede y debe hacerse es tratar de minimizar sus efectos y asegurar que no recaigan predominantemente sobre los grupos más vulnerables. Rubén Blades dice que el pobre siempre está «fregao». Pero nunca tanto como en los momentos de crisis.
Ricardo Villasmil, académico invitado del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad Harvard e integrante de Acuerdo Social, asociación civil dedicada a la elaboración de políticas públicas para Venezuela (acuerdosocialvenezuela@gmail.com).
