El compromiso de trabajar por la seguridad vial

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Fotografía: Brian Norcross / Stockvault

Venezuela es el país de América del Sur con mayor tasa de mortalidad por siniestros viales por cada cien mil habitantes. Apremia implantar una política nacional de seguridad vial, para salvar vidas y evitar lesiones incapacitantes.

Celia Herrera / 15 de marzo de 2020


 

Los traslados de los ciudadanos en Venezuela para la realización de sus actividades cotidianas constituyen una hazaña personal diaria que en ocasiones resulta imposible. En medio de las dificultades para acceder al servicio de transporte terrestre y movilizarse, la circulación en la vía pública está signada por la siniestralidad vial.

El último informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), Estado de la seguridad vial en la Región de las Américas (2019) no registra cambios en las muertes causadas por el tránsito en Venezuela —país considerado de ingresos medianos— entre 2013 y 2016. Pero la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes es 33,7: más del doble del promedio regional que alcanza 15,6 en 2016.

Los siniestros se deben, en buena medida, a fallas de los vehículos. El parque automotor se ha envejecido —su edad promedio ronda los veinte años— y reducido, con cerca de 1.750.000 vehículos paralizados para septiembre de 2019, según declaraciones del presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa), por la caída de noventa por ciento de la producción de repuestos en los últimos diez años o la imposibilidad de sufragar los costos por los mermados ingresos de los propietarios de vehículos. La siniestralidad es también un resultado del déficit de inversión anual en conservación vial: cerca de 5.724 millones de dólares al año en el caso de la red vial principal (unos 30.800 kilómetros).

Las pérdidas económicas en Venezuela por los accidentes viales son de hasta seis por ciento del producto interno bruto

Es notable, además, la reducción de la circulación del tránsito automotor hacia el primer semestre de 2019 —cerca de un 22 por ciento en vías arteriales de importancia— a la que se asocian una reducción de la producción nacional de vehículos automotores de 91 por ciento en diez años, la disminución aproximada de 90 por ciento en las unidades de transporte público superficial, los altos costos del transporte (entre 3.500 y 8.000 bolívares en rutas urbanas y suburbanas por viaje, con un sueldo mínimo de 250.000 bolívares al mes) y la escasez de repuestos e insumos para reparaciones (entre 40 y 98 por ciento según la región del país).

Más allá de las pérdidas económicas que afectan a Venezuela por la incidencia de fallecidos, lesionados y daños materiales asociados a la ocurrencia de accidentes —una pérdida de entre tres y seis por ciento del producto interno bruto (PIB)— la vida de cada ciudadano tiene un valor intangible. Esto obliga a pensar en acciones y estrategias de Estado resultantes del consenso político de los diversos actores del país, que atiendan verdaderamente el problema y contribuyan a superar la crisis existente en materia de desplazamiento de personas y bienes en el territorio.

La política de seguridad vial debe ser transversal a todo el sistema de movilidad, como único modo de salvar vidas y evitar lesiones incapacitantes, e incluir, entre otras medidas, 1) un Plan Nacional de Seguridad Vial con planes regionales y locales; 2) la publicación de cifras de siniestralidad, mortalidad y morbilidad, actualizadas y sistematizadas según la metodología de la OMS; 3) controles de alcoholemia y exceso de velocidad; 4) la adopción de «Visión Cero», proyecto de seguridad vial multinacional para lograr un sistema de tránsito sin muertes o lesiones graves (ninguna muerte por hechos viales es aceptable); 5) el diseño de mecanismos eficientes para aplicar sanciones a infractores; 6) programas de educación vial, previos al otorgamiento de las licencias; 7) campañas de educación vial, para conductores con licencia; 8) la incorporación de usuarios y conductores a los procesos de fiscalización y control; 9) la revisión técnica-mecánica obligatoria de los vehículos; y 10) la reversión de las fusiones de las policías de tránsito y las policías de seguridad ciudadana.

¿Por qué ocuparse de la seguridad vial? Si fuera poco salvar vidas, cabe señalar, a partir del informe del Banco Mundial The high toll of traffic injuries: unacceptable and preventable, que se calcula entre 7 y 22 por ciento el aumento del PIB por persona a lo largo de 24 años, que podría lograrse con una reducción sustancial de las lesiones y muertes causadas por siniestros viales. Añade el informe que una disminución de cincuenta por ciento de las lesiones y muertes por siniestros viales durante 24 años traería beneficios equivalentes a un incremento entre 6 y 32 por ciento del PIB nacional.

Los siniestros viales son una de las amenazas más serias del comienzo del siglo XXI para la salud pública en todo el mundo. El compromiso de trabajar por la seguridad vial debe ser un objetivo social de particular significación, pues la disminución de lesionados y fallecidos por hechos viales resulta un proyecto común ineludible para crear mejores condiciones de vida.


Celia Herrera, directora de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Central de Venezuela y profesora de la Universidad Metropolitana.

Miembro de Acuerdo Social, asociación civil dedicada a la elaboración de propuestas de políticas públicas para Venezuela / acuerdosocialvenezuela@gmail.com