El Partido Comunista Chino ha creado un equipo de representantes del sector privado para participar en el gobierno de las empresas privadas, con el objeto de alinear sus agendas con la del poder central. Las implicaciones de esta medida (para la atracción de inversión extranjera y las luchas internas de poder) deben ser consideradas por los inversionistas institucionales.
Carlos Jaramillo / 8 de octubre de 2020
La participación de los inversionistas institucionales —como accionistas de empresas de oferta pública— está muy condicionada por el grado de desarrollo de las buenas prácticas de gobierno empresarial en los países anfitriones de las posibles inversiones.
Cuando se piensa en mercados emergentes China es el primer foco de atención. Este no es un país sencillo. Por un lado está el Partido Comunista Chino (PCCH) que, bajo la dirección del presidente Xi Jingping, se espera se convierta en el centro de todas las actividades de la sociedad. Por otro lado está el sector empresarial, que incluye empresas privadas y empresas del Estado.
¿Cómo armonizar los intereses de empresarios, funcionarios y miembros de la clase política? La respuesta recibe el nombre de Departamento del Trabajo del Frente Unido del Comité Central del PCCH, con el cual se aspira a que las entidades no partidistas participen para ayudar a consolidar los objetivos políticos del PCCH.
Los voceros gubernamentales han presentado las primeras líneas de acción, entre las cuales se encuentra la creación de un equipo de representantes del sector privado que formará parte de los órganos de gobierno de las empresas chinas en general, y tratará de igualar el tratamiento que reciben aquellas en que el Estado participa como accionista y el de aquellas en las que no.
¿Quiénes forman tal equipo de representantes? Empresarios de sectores estratégicos, entre los que se encuentra el tecnológico, que asistirán a los órganos de gobierno de las empresas en calidad de asesores o como representantes del PCCH. Como nota al margen, el sector empresarial privado del gigante asiático ingresa a las arcas estatales el cincuenta por ciento de la recaudación de impuestos, emplea al ochenta por ciento de los trabajadores urbanos y genera el sesenta por ciento de la producción de bienes y servicios nacionales.
Durante años los representantes del sector privado han tenido que buscar fuentes alternas de financiamiento a la banca estatal, que da prioridad en asignación de crédito a sus pares estatales. De allí que el Estado esté dispuesto a reducir las desigualdades a cambio de una participación más activa de las empresas privadas en el logro de la agenda política del partido.
Es muy probable que el sector privado prefiera renunciar a cualquier ayuda estatal, a cambio de no tener que incorporar a sus representantes en las decisiones internas. Para todos es claro que cuando los intereses del Estado entren en conflictos con los empresariales, el Estado impondrá su posición.
Pero es también muy probable que estos conflictos no sean los típicos de los mercados emergentes, donde hay discusiones por aumentos de tarifas y calidad de servicios. Acá se discutirá sobre la pertinencia de alianzas tecnológicas con empresas occidentales, que pudiendo ser interesantes en lo económico podrían entrar en contradicción con la idea de crear un bloque político-económico entre China y sus países satélites.
En este nuevo esquema los miembros del partido pueden ver los cargos empresariales de importancia como vehículos para acumular poder y crear exposiciones indeseadas de las empresas a las intrigas de la corte partidista. Los inversionistas extranjeros en las compañías chinas verían esas alianzas de facto con el Estado como una fuente de fricción con sus gobiernos nacionales.
Temas como la escogencia de las bolsas de valores donde cotizar, las posibilidades de veto de las empresas chinas en el exterior y viceversa, pueden crear situaciones en las que el precio de las acciones se deprime y los accionistas controladores aprovechen tales eventos para comprar las participaciones de terceros con grandes descuentos. Algunos analistas políticos consideran que la concentración excesiva de poder en manos del Xi Jingping y sus aliados internos puede erosionar la capacidad económica del país.
Estos equipos de representantes deben ser vistos con mucha precaución. La inversión extranjera en China es un juego de alta política, donde los pequeños inversionistas deben hacerlo con vehículos de inversión especializados para lidiar con todas las complejidades del ambiento, o tienen todas las de perder.
Carlos Jaramillo, director académico del IESA.
Este artículo ha sido publicado en alianza con Arca Análisis Económico.
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