El Departamento del Tesoro anunció un ciclo de reuniones con los organismos reguladores de la industria de los seguros para evaluar el impacto de los créditos privados en las carteras de inversión de las empresas aseguradoras. Esta medida refleja una creciente preocupación por la salud del crédito privado y su rápido crecimiento.
Las operaciones de crédito pactadas fuera de los mercados convencionales —bancos y colocaciones de oferta pública— siempre han existido. Pero, durante mucho tiempo, funcionaron como «un club cerrado»: algunos clientes institucionales estaban dispuestos a prestar dinero a las empresas a cambio de rendimientos superiores a los que podían obtener con productos crediticios estándar, como colocaciones bancarias, bonos o papeles comerciales.
La gran crisis financiera de 2007-2009 trajo consigo un régimen de bajas tasas de interés que duró más de una década e impulsó a los inversionistas institucionales en busca de mayores rendimientos a explorar posibilidades de inversión en esos clubes cerrados, particularmente en el mercado de los créditos privados. Las empresas aseguradoras estadounidenses, en particular las que emiten pólizas de vida, han invertido en créditos privados, incluidos la deuda inmobiliaria y otros títulos valores estructurados respaldados por préstamos vinculados a activos que van desde paneles solares hasta arrendamiento de aeronaves.
En los mercados financieros hay siempre dos fuerzas encontradas. Una quiere universalizar el uso de los productos, porque en ese proceso se crean oportunidades de negocios que capitalizan los intermediarios. La otra se preocupa por que los nuevos instrumentos de inversión no se comercialicen indiscriminadamente y terminen en manos de inversionistas que no tienen las capacidades para asimilar sus riesgos.
La insolvencia de algunos deudores, los riesgos económicos de sectores muy endeudados y las reglas que limitan el retiro de fondos son tres fenómenos que han motivado el escrutinio sobre los créditos privados.
No es de extrañar entonces que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara que, a partir de abril de 2026, comenzará un ciclo de reuniones con los organismos reguladores de la industria de los seguros, tanto nacional como internacional, para evaluar el impacto de los créditos privados en las carteras de inversión de las empresas aseguradoras. Esta medida refleja una creciente preocupación por la salud del sector del crédito privado y su rápido crecimiento. El sector asegurador de Estados Unidos, regulado en gran medida por los estados y no por el Gobierno federal, se ha entrelazado cada vez más con el sector del capital privado durante la última década.
Las reuniones iniciales permitirán a los participantes analizar acontecimientos recientes del mercado que ponen en tela de juicio la calidad de algunos instrumentos emitidos en años recientes, los riesgos emergentes, las prácticas de gestión de riesgos y las perspectivas del sector. El Departamento del Tesoro espera que las conversaciones propicien una colaboración permanente con organismos reguladores nacionales e internacionales que permita un mejor seguimiento del desempeño de los productos de crédito y la detección temprana de problemas.
Entretanto, grandes gestoras de capital privado —como Apollo y KKR— han adquirido compañías emisoras de seguros de vida y rentas vitalicias. Otras, como Blackstone, se han asociado con aseguradoras para gestionar sus carteras de inversión. Esta interrelación entre empresas aseguradoras y gestores de capital, si bien crea importantes oportunidades de negocios, también tiene un lado perverso que preocupa a los reguladores. La opacidad, la falta de liquidez y la complejidad de los productos de crédito privado son superiores a las de las carteras tradicionales de bonos gubernamentales y empresariales.
Estas conversaciones ocurren en un momento en que se han hecho públicas las quiebras del fabricante de autopartes First Brands y el minorista de autos usados Tricolor. En ambos casos se han cuestionado los estándares de evaluación crediticia que permitieron a estas empresas acceder a los fondos de los inversionistas y, en particular, la calidad de los activos que amparaban estas operaciones.
La gran pregunta que se hacen los inversionistas es si estos son hechos aislados o «las primeras cucarachas» que delatan un proceso de descomposición más generalizado: así lo sugirió, con esta imagen tan gráfica, Jamie Dimon, presidente de JP Morgan Chase, sin duda uno de los grandes formadores de opinión de los mercados financieros mundiales. La insolvencia de algunos deudores, los riesgos económicos de sectores muy endeudados que usan la figura de crédito privado y las reglas que limitan el retiro de fondos son tres fenómenos que han motivado el escrutinio sobre los créditos privados.
Es natural que los inversionistas traten de reducir sus exposiciones a los instrumentos emitidos por las empresas que se endeudan con créditos privados cuando hay señales de alarma sobre su robustez.
Jamie Dimon advirtió que las pérdidas de los prestamistas a empresas muy endeudadas serán mayores de lo esperado debido al debilitamiento de los estándares crediticios en un contexto de creciente preocupación por la salud del crédito privado, valorado en 1,8 billones de dólares. Citó como ejemplos «suposiciones agresivas y optimistas sobre el desempeño futuro» al evaluar a los prestatarios, las cláusulas más laxas y un mayor uso de pagos en especie (PIK, por sus siglas en inglés), en los que los prestatarios retrasan los reembolsos de los préstamos.
Así como hay errores en las evaluaciones de los potenciales prestatarios, también existen riesgos de sectores económicos que se deterioran debido a hechos de difícil previsión. Este es el caso de los préstamos a empresas de software que han visto cómo sus modelos de negocio se ven expuestos a la disrupción de la inteligencia artificial.
Es natural que los inversionistas traten de reducir sus exposiciones a los instrumentos emitidos por las empresas que se endeudan con créditos privados cuando hay señales de alarma sobre su robustez. Es allí cuando se activa una regla de juego de los organizadores de estos vehículos de inversión: no más de un cinco por ciento de los fondos invertidos pueden rescatarse trimestralmente.
El objeto de esta regla es evitar el equivalente a una corrida bancaria. Si todos los inversionistas acuden simultáneamente a retirar sus recursos, los administradores de estos fondos de inversión en créditos privados se verían en la obligación de liquidar sus activos en condiciones desfavorables y pondrían en riesgo la recuperación de la totalidad del dinero de los inversionistas.
Para hacer más complejo el panorama, muchas aseguradoras estadounidenses también cuentan con filiales de reaseguro extraterritoriales domiciliadas en Bermudas o Islas Caimán, lo que preocupa por las diferencias en las regulaciones entre las distintas jurisdicciones. Esto se conoce con el nombre de «arbitraje regulatorio», que permite a una empresa de seguros adquirir un volumen de créditos privados mayor del que debería, transferir parte de sus activos riesgosos a filiales en el exterior y ocultar así la magnitud de los riesgos a los que verdaderamente está expuesta.
La inversión de inversionistas institucionales y personas naturales en operaciones de créditos privados continuará creciendo porque estos actores siempre andarán en la búsqueda de nuevas opciones para mejorar el retorno de sus carteras de inversión. Le toca entonces a los reguladores crear los mecanismos requeridos para evitar que las cucarachas se salgan de control, como diría Jamie Dimon.
Carlos Jaramillo, vicepresidente ejecutivo del IESA
Este artículo se publica en alianza con Arca Análisis Económico.
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