La migración venezolana, la más numerosa en Chile, centra el debate político en el Gobierno de Kast. Las dudas sobre deportación masiva, acceso a servicios y futuro laboral de los indocumentados son sus principales desafíos.

La llegada de José Antonio Kast a la presidencia de Chile abre un nuevo capítulo en la política migratoria del país. Su agenda, centrada en el control fronterizo, la expulsión de inmigrantes irregulares y la restricción de beneficios sociales, marca un giro respecto del enfoque predominante en los últimos años. Sin embargo, según algunos especialistas, la aplicación práctica de estas promesas enfrentará importantes restricciones legales, diplomáticas y administrativas.

El programa migratorio de Kast se estructura a partir del denominado Plan Escudo Fronterizo, que contiene buena parte de su narrativa de control. Entre sus metas, el gobierno ha planteado reducir en un cuarenta por ciento el ingreso irregular de personas al país en un plazo de seis meses; para ello, reforzará el control de la frontera norte y acelerará los procesos de expulsión administrativa.

A partir de esa promesa, el presidente instaló una especie de cuenta regresiva para quienes ingresaron por pasos no habilitados: disponen de un tiempo acotado para abandonar el país por voluntad propia. «Nosotros lo hemos señalado, les volvemos a reiterar y solicitar a los inmigrantes irregulares que salgan de Chile y que, desde el exterior, de donde estén, hagan su postulación», dijo Kast en enero, durante el acto de proclamación como nuevo presidente.

La frontera norte, especialmente en comunas (municipios) como Colchane, aparece en el imaginario como el escenario principal de esta nueva etapa. Pero el impacto de estas medidas se siente con más fuerza en las ciudades donde viven y trabajan quienes llegaron hace años y hoy construyen su vida en Chile.

Diversos expertos en política migratoria coinciden en que la promesa de expulsión masiva enfrenta obstáculos considerables. Juan Pablo Ramaciotti, director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias de Chile, recuerda que el primer límite es diplomático: «Cualquier posibilidad de expulsiones hacia Venezuela requiere que se retomen relaciones diplomáticas y que exista un acuerdo con las autoridades venezolanas para recibir a esas personas».

Las propuestas de Kast chocan con evidencia acumulada en los últimos años sobre el aporte económico de la migración, en particular la migración venezolana.

Para Ramaciotti existe, además, un problema de capacidad institucional. El número de inmigrantes venezolanos en situación irregular supera ampliamente la capacidad administrativa y logística del Estado para ejecutar expulsiones.

«Pensar que el nuevo Gobierno podrá resolver el fenómeno migratorio a través de deportaciones no es realista», afirma. «Lo que podría explorarse son mecanismos que permitan que personas que ingresaron irregularmente puedan salir del país, regularizar su situación y eventualmente reingresar». De las 182.119 personas que se empadronaron bajo la Resolución Exenta 25.425 de la Ley de Extranjería, el 91 por ciento son de nacionalidad venezolana.

El Plan Escudo Fronterizo también anuncia medidas restrictivas en lo económico. Kast sostiene que en su Gobierno no habrá remesas al extranjero provenientes de inmigrantes sin documentación chilena, ni acceso a beneficios sociales más allá de la atención de urgencia en salud. Asimismo, plantea restricciones al arriendo de viviendas y al trabajo formal para quienes permanezcan sin documentación.

Estas propuestas chocan con los datos acumulados en los últimos años sobre el aporte económico de la migración, en particular la migración venezolana. El informe del Banco Mundial ¿Puede la migración beneficiar a Chile? Desafíos y oportunidades, publicado en 2024, revela que, entre 2017 y 2023, solo la migración venezolana contribuyó, en promedio, 0,2 puntos porcentuales al crecimiento real del PIB, además de sumar 117 dólares al PIB por persona en ese período. Lejos de ser una carga neta, el estudio concluye que, bien integrada, la población migrante puede reforzar el crecimiento económico y la sostenibilidad fiscal del país.

Según un informe del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, basado en estadísticas oficiales, 510.740 venezolanos integran la fuerza laboral en Chile (el 5 por ciento de la población laboral total). Representan, además, el 6,1 por ciento del empleo asalariado formal del sector privado, según cifras del trimestre septiembre-noviembre de 2025.

Según datos del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entre 2018 y 2023 Chile recibió más de 530.000 personas venezolanas, que hoy representan cerca del 32 por ciento de la población extranjera del país. Organizaciones de la sociedad civil, como el Servicio Jesuita a Migrantes, en su Anuario Estadístico, y la Comunidad de Organizaciones Solidarias, en su Ficha Estadística Codificada Uniforme de 2024, elevan esa proporción hasta el 38 por ciento.

Según cálculos recientes de la plataforma regional R4V (OIM–ACNUR), en noviembre de 2025 residían en Chile más de 660.000 venezolanos, lo que sitúa al país como cuarto destino del hemisferio para esta diáspora. En otras palabras, cualquier decisión del nuevo Gobierno sobre regularización, expulsión o acceso a servicios afecta de manera directa al grupo migrante más numeroso del país.

La reducción de permisos temporales y el aumento de controles migratorios generan incertidumbre jurídica, lo que empuja a muchos hacia la informalidad laboral.

El empadronamiento que derrumbó un mito

El Gobierno anterior implementó un proceso de empadronamiento biométrico para personas que ingresaron por pasos irregulares, en cumplimiento de la Ley de Migración y Extranjería No. 21.325 y la Resolución Exenta 25.425, que formalizó ese registro. Entre 2023 y 2024 se empadronaron más de 180.000 personas, según cifras entregadas por la Policía de Investigaciones (PDI) al Senado.

Uno de los datos más relevantes del proceso fue que el 99,97 por ciento de las personas empadronadas no tenía antecedentes penales. Ese resultado cuestiona de manera directa la narrativa que vincula, casi de forma automática, migración irregular con criminalidad. Lejos de un «ejército delictivo», la mayoría de quienes se registraron son personas que viven, trabajan o buscan trabajo en Chile, muchas de ellas con hijos escolarizados y redes familiares asentadas.

Aun así, la regularización de estos inmigrantes fue descartada por el nuevo Gobierno. El Servicio Nacional de Migraciones informó que hasta junio de 2025 se habían otorgado 353.500 permisos de residencia, mientras que solo 109 personas habían obtenido estatus de refugiado, pese a existir más de 8.000 solicitudes de asilo en trámite.

Migración e integración económica

Más allá del debate político, uno de los principales impactos de las políticas migratorias restrictivas se observa en la integración económica de los inmigrantes. La reducción de permisos temporales y el aumento de controles migratorios crean incertidumbre jurídica, lo que empuja a muchos hacia la informalidad laboral.

Estudios del INE y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican que los inmigrantes sin estatus regular pueden percibir hasta un cuarenta por ciento menos ingresos que quienes trabajan formalmente, además de enfrentar mayores tasas de subempleo. Este fenómeno también implica una pérdida para la economía chilena, porque parte importante de los inmigrantes venezolanos posee un nivel educativo superior al promedio nacional.

Las decisiones políticas se traducen en incertidumbre cotidiana para miles de familias. Gladys Rodríguez llegó a Chile desde Barquisimeto en 2023 con sus dos hijos, de 10 y 17 años, por un paso irregular. Desde entonces ha intentado regularizar sin éxito su situación. «Afortunadamente mis hijos han podido ir a la escuela. El mayor ya va a terminar el liceo, pero aquí, si no tienes RUT (cédula chilena), no eres nadie. Te la piden para todo, hasta en los supermercados», afirma.

Permitir que estas personas coticen y paguen impuestos resulta beneficioso para el país, desde una perspectiva económica. El dilema para el gobierno es cómo conciliar esa lógica con un mensaje político centrado en la expulsión y en la restricción de derechos.

Para sostener a su familia, Gladys ha trabajado vendiendo empanadas y en oficios informales. «Intenté trabajar en una tienda, pero me pagaban muy poco y no me hicieron contrato porque no tengo papeles. Además, como estoy sola con mis hijos, si uno se enferma y falta al trabajo te ven mal y te despiden. El pago a veces me lo daban en efectivo o tenía que buscar una cuenta prestada con una amiga porque sin RUT no puedes tener ninguna». Historias como esta ilustran la brecha entre la presencia real de los inmigrantes en la economía chilena y las restricciones legales que limitan su inserción formal.

La paradoja del sistema previsional

Una de las contradicciones más frecuentes del sistema migratorio chileno es la relación entre empleo informal y cotización previsional. De acuerdo con la legislación laboral, los derechos laborales no se suspenden por la situación migratoria del trabajador. Esto significa que incluso una persona sin permiso de trabajo puede cotizar en el sistema previsional si su empleador la registra.

La Ley 18.156 permite, a diferencia de lo que ocurre con los nacionales, que técnicos y profesionales extranjeros que laboran en Chile retiren la totalidad de sus fondos previsionales si deciden irse del país. Ramaciotti explica que esta situación no constituye una contradicción legal, sino una consecuencia del principio de protección laboral. «Puede haber una situación en que se trabaje sin permiso migratorio, pero los derechos del trabajador no pueden ser suspendidos por esa condición», explica.

Permitir que estas personas coticen y paguen impuestos resulta beneficioso para el país, desde una perspectiva económica. «Lo mejor para la economía chilena es que quienes hoy viven en la informalidad puedan formalizar su trabajo, pagar impuestos y aportar al sistema de seguridad social», agrega Ramaciotti. El dilema para el Gobierno es cómo conciliar esa lógica con un mensaje político centrado en la expulsión y en la restricción de derechos.

Un grupo de parlamentarios ha impulsado proyectos para restringir el acceso a ciertos programas sociales, exclusivamente a inmigrantes con documentación regular. Quienes apoyan estas medidas argumentan que el acceso a beneficios debe estar condicionado al cumplimiento de la ley migratoria. Por el contrario, organizaciones de derechos humanos y académicos advierten que excluir a los inmigrantes irregulares de servicios básicos puede aumentar la marginalidad y dificultar su eventual regularización.

Emigración venezolana: una crisis regional

La emigración venezolana constituye actualmente la mayor crisis de desplazamiento en la historia reciente de América Latina. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) cerca de 7,9 millones de venezolanos han abandonado su país, de los cuales el 85 por ciento se encuentra en América Latina y el Caribe. De ese total, aproximadamente 4,5 millones han logrado algún tipo de regularización, mientras que alrededor de 2,2 millones permanecen en situación irregular, debido principalmente a los costos y requisitos de los procesos de visado.

Si el gobierno logra avanzar en una política que combine control con integración económica el resultado sería positivo, tanto para el país como para la población migrante.

En Chile, los venezolanos representan alrededor del 38 por ciento de la población extranjera, de acuerdo con datos del Servicio Jesuita a Migrantes y otros reportes de organizaciones de la sociedad civil. Según especialistas consultados, una política migratoria eficaz no puede centrarse únicamente en el control y las sanciones.

Diversos centros de estudio en Chile han propuesto medidas complementarias para mejorar la gestión migratoria: mecanismos de regularización laboral en sectores con déficit de mano de obra, homologación rápida de títulos profesionales, programas de intermediación laboral público‑privada, acceso a capacitación y emprendimiento formal, y campañas institucionales que separen migración de criminalidad.

Juan Pablo Ramaciotti, director del Centro de Políticas Migratorias, sostiene que si el Gobierno logra avanzar en una política que combine control con integración económica el resultado sería positivo, tanto para el país como para los inmigrantes. «Si el Gobierno logra mejorar la integración de la gran mayoría de inmigrantes que hoy están en situación regular y que pueden aportar al desarrollo económico de Chile, al Gobierno le puede ir bien incluso si no cumple todas las promesas iniciales», concluye.

Lissette Cardona, periodista.

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