Las necesidades de financiamiento de los gobiernos de la OCDE han crecido en los últimos años. Su intención de emitir un mayor volumen de bonos obliga a preguntar si hay suficiente demanda para ellos. No debe extrañar que en las cifras de la OCDE aparezcan los inversionistas internacionales como el grupo de mayor importancia.
A partir de la gran crisis financiera de 2007, el panorama de inversión de la renta fija soberana de los países desarrollados cambió de manera drástica. La pauta de los siguientes quince años fue la de un régimen de tasas de interés cercanas a cero o negativas producto de la propensión de los bancos centrales a inyectar liquidez mediante la compra de títulos de renta fija en los mercados secundarios de deuda.
En el año 2022 la inflación reapareció y, con ella, el alza del costo del dinero. Entonces el juego de la renta fija comenzó a cambiar por diversas razones.
La primera es que las necesidades de financiamiento de los gobiernos de los países miembros de la OCDE han crecido en los últimos años. Su último informe sobre deuda pública, publicado en marzo de 2025, anuncia que la emisión de bonos soberanos por parte de los países del grupo ascenderá a 17 billones de dólares en 2025, frente a los 14 billones de 2023. El monto total de deuda en circulación será del orden de 59 billones de dólares, que equivalen al 84 por ciento del PIB de esos países.
En el año 2022 la inflación reapareció y, con ella, el alza del costo del dinero. Entonces el juego de la renta fija comenzó a cambiar por diversas razones.
Gracias al alza de las tasas de interés, habrá una mayor propensión que en el pasado a emitir deuda de corto plazo, puesto que es más económica. Según el informe de la OCDE, el 45 por ciento de la deuda vigente vencerá en 2027. Cuando venza, se refinanciará a un costo mayor, pues gran parte se emitió durante una época de tasas bajas. Esto ejercerá mayor presión sobre las finanzas públicas. El costo de los intereses de la deuda pública en el país promedio de la OCDE asciende actualmente al 3,3 por ciento del PIB, una cifra superior al gasto en defensa promedio de esos países.
El mayor costo del financiamiento no puede ser compensado con la reducción de otras partidas de los presupuestos nacionales. No hay consenso político para lograr reducciones, principalmente en gastos de seguridad social, que son los renglones más voluminosos.
En la medida en que las agendas de los partidos populistas ganan peso en el electorado, se reducen las posibilidades de recortes. Además, se abre la posibilidad de que aumenten los gastos en respuesta a las promesas electorales de los grupos que desafían el statu quo.
La intención de los países miembros de la OCDE de emitir un mayor volumen de bonos obliga a preguntar si hay suficiente demanda para ellos. En la década pasada este no fue un problema, porque los bancos centrales eran compradores naturales en los mercados secundarios de deuda como respuesta a las crisis financieras y al covid. Esas compras les daban a los inversionistas institucionales privados la tranquilidad de participar en mercados de renta fija con buena liquidez.
En la actualidad, los bancos centrales de los países desarrollados tratan de revertir la expansión de sus balances creada en las crisis. Por lo tanto, no participarán en el mercado secundario de deuda con el ímpetu con que lo hicieron en la década pasada. De hecho, los bonos que se vencen no son sustituidos por nuevos instrumentos. Lo mismo ocurre con los cupones cobrados que no son reinvertidos. Las tenencias de deuda gubernamental de los bancos centrales de la OCDE cayeron del 29 por ciento en 2021 al 19 en 2024.
Ante una menor participación de los bancos centrales en el mercado de deuda soberana, se espera que actores como los fondos de pensiones cubran parte de este vacío. Pero la situación de esos fondos también ha cambiado. Los fondos de pensiones tradicionales ofrecían pensiones de beneficio definido (con ingresos de jubilación vinculados al salario del empleado) y muchos adquirieron bonos gubernamentales para cubrir sus pasivos.
Un aumento en la oferta de títulos acompañado de una reducción de la demanda sugiere que el rendimiento de los títulos soberanos de los países desarrollados debería subir en los próximos años.
En las últimas décadas ha ocurrido una rápida expansión de los fondos de contribución definida que, simplemente, acumulan dinero para que los trabajadores lo utilicen al jubilarse. Estos suelen tener una exposición mucho menor a los bonos que los fondos de beneficio definido, pues no tienen la obligación de cubrir un cronograma de pagos con los jubilados.
Los fondos de contribución definida representan actualmente el 59 por ciento de todos los activos de los fondos de pensiones, en comparación con el 40 por ciento en 2004, según el Thinking Ahead Institute. En la lista de potenciales compradores, y ante la falta de una demanda constante de los bancos centrales y los fondos de pensiones, los gobiernos se verán obligados a recurrir a inversionistas internacionales como los fondos de cobertura (hedge funds). No debe extrañar, entonces, que en las cifras de la OCDE aparezcan los inversionistas internacionales como el grupo de mayor importancia, con una participación del 34 por ciento en 2024, mientras que en 2021 acumulaban un 29 por ciento de participación.
Un aumento en la oferta de títulos acompañado de una reducción de la demanda sugiere que el rendimiento de los títulos soberanos de los países desarrollados debería subir en los próximos años. ¿Quiénes no la van a tener fácil en este nuevo contexto? Los ministerios de finanzas de los partidos que ejerzan funciones de gobierno, los directorios de los bancos centrales a los cuales se les va a presionar para que reduzcan el costo del dinero y los gerentes de carteras de renta fija que verán aumentar la volatilidad de los precios de los títulos que transan.
Carlos Jaramillo, vicepresidente ejecutivo del IESA.
Este artículo se publica en alianza con Arca Análisis Económico.
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