El treinta por ciento de las empresas de América Latina y el Caribe percibe la delincuencia rampante como su «problema clave». Los costos directos se calculan en siete por ciento de las ventas anuales. Las pequeñas empresas son las más vulnerables.
Los delitos violentos y la inseguridad siguen siendo barreras importantes para la prosperidad en América Latina y el Caribe, según un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) presentado en noviembre.[1] En esta región ocurre un tercio de los homicidios del mundo y la delincuencia es una de las principales preocupaciones, además de perjudicar las economías al socavar la inversión, la productividad y el crecimiento.
El estudio del FMI muestra que los costos económicos y sociales para prevenir o combatir la criminalidad atentan contra el desarrollo de los países. Los homicidios tienden a agruparse en áreas cercanas a las fronteras nacionales, la infraestructura de transporte y áreas costeras. Los delitos violentos son más frecuentes en las ciudades y regiones donde las poblaciones son más jóvenes y menos educadas.
En el ámbito municipal un aumento del diez por ciento de los homicidios reduce la actividad económica en un cuatro por ciento. Esto implica que reducir a la mitad la tasa de homicidio podría impulsar la actividad local en un treinta por ciento; aunque los efectos agregados a nivel nacional probablemente sean menores, porque el crimen conduce a la reubicación de la actividad económica, aclara el informe.
Reducir a la mitad la tasa de homicidio en un municipio latinoamericano podría impulsar la actividad local en un treinta por ciento.
La delincuencia es un gran obstáculo para hacer negocios. El treinta por ciento de las empresas de América Latina y el Caribe percibe la delincuencia rampante como su «problema clave» y los costos directos —el valor de las pérdidas ocasionadas por la delincuencia y el gasto en seguridad— se calculan en siete por ciento de las ventas anuales.
La delincuencia disminuye la productividad laboral y los altos costos de seguridad de las empresas reducen la posibilidad de invertir en innovación. El informe agrega que las pequeñas empresas son las más vulnerables a los efectos nocivos del delito. El crimen organizado es especialmente caro: la presencia de pandillas y el tráfico de drogas amplifican los costos de hacer negocios.
Una recesión aumenta los homicidios hasta en un seis por ciento. Un incremento de la inflación superior al diez por ciento se asocia con un alza de igual porcentaje en los homicidios durante el año siguiente. Además, una desviación estándar en el coeficiente de Gini (medida de desigualdad en los ingresos) se traduce en un aumento de doce por ciento en los homicidios. Los fenómenos se realimentan.
El gasto en seguridad en la región es significativo, pero generalmente es «poco elástico», advierte el FMI. Esto significa que el gasto en orden público y seguridad (que promedia alrededor del dos por ciento del PIB), tiende a no reaccionar a los cambios en el delito y pierde efectividad. En algunos países, a pesar de una alta proporción del gasto en el poder judicial, la capacidad de los tribunales para castigar los delitos sigue siendo débil.
La migración y la proliferación de pandillas a través de las fronteras son causas de preocupación.
Las tendencias agregadas ocultan la heterogeneidad de los países: las tasas de homicidio en el año 2023 superan los 30 homicidios por 100.000 habitantes en varios países del Caribe, pero menos de 10 en otros países, como Chile y Perú. Brasil, Colombia y México, que albergan alrededor del 60 por ciento de la población de la región, representan el 70 por ciento de los homicidios.
Entre 2001 y 2020 Colombia experimentó mejoras significativas, especialmente en ciudades alguna vez conocidas como epicentros del crimen organizado, como Cali y Medellín. Desde entonces ha aumentado la inestabilidad política por las pandillas, algunas provenientes de Venezuela.
La migración y la proliferación de pandillas a través de las fronteras son causas de preocupación. Por ejemplo, la expansión de las pandillas desde Venezuela se ha relacionado con un aumento de los secuestros en Chile y de los homicidios y agresiones sexuales contra venezolanos en otros países.
El informe del FMI revela también que la pandemia contribuyó a un alza del diez por ciento de las protestas y la violencia con respecto a la política sanitaria en países como Colombia, mientras que en Venezuela las protestas aumentaron en respuesta al deterioro de las condiciones económicas y la preocupación por la democracia. El hecho de que la delincuencia sea más frecuente en las fronteras podría verse influido por la propagación del crimen organizado, como se ha visto con la expansión de la pandilla venezolana Tren de Aragua.
En los últimos años El Salvador fue testigo de la caída más pronunciada de los homicidios en su historia, tras la intensificación de las operaciones de seguridad contra las pandillas. Al contrario, Ecuador experimenta una escalada sin precedentes de la violencia por la competencia entre grupos narcotraficantes.
El FMI recomienda una cooperación más estrecha entre los gobiernos, las instituciones financieras internacionales, el mundo académico y la sociedad para actualizar datos y análisis, y adoptar medidas conjuntas ante estos flagelos que desbordan las capacidades nacionales de respuesta.
Fabiana Culshaw, periodista y psicóloga empresarial.
Suscríbase aquí al boletín de novedades (gratuito) de Debates IESA.
Nota
[1] Bisca, P. M., Chau, V., Dudine, P., Espinoza, R. A., Fournier, J-M., Guérin, P., Hansen, N-J. y Salas, J. (2024, 11 de noviembre). Violent crime and insecurity in Latin America and the Caribbean: A macroeconomic perspective. International Monetary Fund. https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2024/11/11/Violent-Crime-and-Insecurity-in-Latin-America-and-the-Caribbean-A-Macroeconomic-Perspective-555570
