En su afán de atraer empresas, el estado de Texas ofrece bajas tasas de impuestos y una legislación laboral amigable, mientras que Delaware tomó la polémica decisión de anular el paquete de Elon Musk aprobado por la junta directiva de Tesla. Dexit es la expresión popular que denota salir de Delaware, pero todavía el 67 por ciento de las empresas del S&P 500 mantiene allí su sede.
Si algo ha caracterizado la vida política de Estados Unidos en la última década es el enfrentamiento entre la extrema derecha y los grupos progresistas en varios campos; entre ellos, el cambio climático, la inclusión, la diversidad y la política migratoria.
Un terreno natural para ventilar las posiciones encontradas entre progresistas y conservadores son las juntas directivas de las empresas que cotizan en bolsa. Durante años se desarrolló un marco regulatorio para proteger los intereses de los accionistas minoritarios, que fue ampliándose para tomar en cuenta objetivos de diversidad, equidad e inclusión (DEI) al diseñar y ejecutar planes de negocios.
Quienes han ejercido el control de las empresas ven los objetivos DEI como fuentes de destrucción de valor, pues obligan a las empresas a dejar de invertir en sectores rentables pero polémicos, como combustibles fósiles o producción de armamento.
Las empresas han desarrollado estrategias que disminuyen el impacto de los objetivos DEI: buscar espacios donde los voceros de esa agenda tengan un ámbito de acción más limitado. El primero es mudar sus sedes a estados más amigables con el sector empresarial que con los accionistas minoritarios. El segundo es limitar la posibilidad de los representantes de los accionistas minoritarios de incluir puntos en las agendas de las asambleas generales de accionistas para discutir cómo se alinean o no los objetivos de las empresas con los DEI.
En cuanto estados para domiciliar empresas, Texas y Nevada han intentado desplazar a Delaware, que históricamente ha sido el lugar preferido para fijar los domicilios fiscales de las empresas estadounidenses. En su afán de atraer el mayor número de empresas, Texas ofrece bajas tasas de impuestos y una legislación laboral amigable con el empleador. Esta oferta aparece en un contexto en el que el sector empresarial ha mostrado su rechazo a decisiones de las cortes de Delaware, como la muy polémica de anular el paquete de remuneración de Elon Musk (56 000 millones de dólares) pese a haber sido aprobado por la junta directiva de Tesla.
La cámara legislativa de Texas ha aprobado varios proyectos de leyes que aumentan el poder de las juntas directivas por encima de los que tienen los accionistas minoritarios.
Dexit es la expresión popular para denotar la mudanza de la sede fiscal de una empresa fuera de Delaware. Pese a que este fenómeno ha recibido mucha cobertura de prensa, todavía el 67 por ciento de las empresas que forman parte del S&P 500 mantiene su dirección fiscal en ese estado.
Además de asuntos impositivos y laborales, la cámara legislativa de Texas ha aprobado varios proyectos de leyes que aumentan el poder de las juntas directivas por encima de los que tienen los accionistas minoritarios y sus representantes. Se especula que estos cambios apuntan a sacar partido del Dexit.
El nuevo cuerpo legislativo texano establece que solo los accionistas con más de tres por ciento de las acciones de una empresa constituida en Texas pueden demandarlas. Esto protege eficazmente a las empresas de las demandas de los accionistas, pues muy pocos cumplen este requisito.
La legislación texana permite a las empresas constituidas en (o con sede en) Texas exigir a los accionistas que deseen llevar propuestas a las asambleas generales de accionistas poseer, al menos, un millón de dólares en acciones o no menos del tres por ciento del capital accionario de la empresa. Esto ayuda a empresas como Exxon Mobil, con sede en Texas pero constituida en Nueva Jersey, a evitar propuestas de accionistas activistas sobre temas como el cambio climático.
En países como Inglaterra y Estados Unidos existe el llamado asesor de representación (proxy advisor), una empresa que proporciona investigación, análisis y recomendaciones a inversionistas institucionales sobre cómo votar en las propuestas presentadas a las asambleas generales de accionistas. Esta empresa actúa esencialmente como una consultora que ofrece experiencia en gobierno corporativo y ayuda a los inversionistas a tomar decisiones informadas sobre el voto por delegación.
Los cambios en las regulaciones implantados en Texas forman parte de lo que los especialistas llaman una carrera hacia la desregularización o «regulación a la baja».
La nueva legislación texana obliga a este tipo de asesores a revelar públicamente que incluyeron «factores no financieros» y «subordinaron el interés financiero de los accionistas» al evaluar propuestas ambientales, sociales o de gobernanza para aconsejar a sus clientes que voten contra una empresa. Como un volumen importante de propuestas a las asambleas generales de accionistas cubren tales temas, los asesores de representación se ven muy limitados en el ejercicio de sus funciones.
Los cambios en las regulaciones implantados en Texas forman parte de lo que los especialistas llaman una carrera hacia la desregularización o «regulación a la baja». Para algunos políticos es la respuesta a las interferencias innecesarias de los gobiernos del Partido Demócrata.
Es esperable que los asesores de representación se opongan a esta tendencia. De allí que Glass Lewis e Institutional Shareholder Services, empresas líderes de este sector, hayan demandado al estado de Texas por vulnerar su derecho a la libertad de expresión.
El peligro del movimiento desregulatorio es que haya una reducción significativa de las protecciones a los accionistas minoritarios. Limitar las propuestas y demandas de los accionistas —los mecanismos que utilizan los inversionistas para señalar riesgos a las empresas— hace que invertir en una empresa estadounidense sea poco atractivo.
Silenciar al accionista minoritario va en contra de la robustez de los mercados de capitales y eso no beneficia a nadie en el largo plazo.
Hay empresas que quisieran excluir los objetivos DEI de sus consideraciones al momento de hacer negocios. También hay empresas que los consideran parte esencial de su visión estratégica, pero que, bajo ningún concepto, quisieran verse envueltas en la «guerra cultural» que enfrentan progresistas y conservadores en Estados Unidos por aplicar estos objetivos.
Los mercados de capitales de oferta pública han sido construidos sobre la premisa de que hay un arreglo institucional diseñado para proteger al débil jurídico, en este caso los accionistas minoritarios. Esto es lo que les da tranquilidad para poner su dinero en las manos de los gerentes de las empresas. Silenciar al accionista minoritario va en contra de la robustez de los mercados de capitales y eso no beneficia a nadie en el largo plazo.
Carlos Jaramillo, vicepresidente ejecutivo del IESA.
Este artículo se publica en alianza con Arca Análisis Económico.
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