Los jóvenes venezolanos pagan con criptoactivos, remesas y dinero móvil sin haber aprendido a usarlos. Llevar la educación financiera al sistema escolar —transversal en primaria y como asignatura en bachillerato— es una palanca de inclusión viable y urgente que el currículo oficial todavía ignora.
Un joven venezolano puede, en una tarde cualquiera, recibir una remesa de un familiar en el exterior, convertirla de dólares a bolívares con una aplicación, pagar el almuerzo con dinero móvil y guardar el resto en una billetera de criptomonedas estables, cuyo valor casi siempre está atado al dólar para protegerlo de la inflación. Lo que no ha hecho es recibir formación acerca de qué es una de esas monedas, cuánto le cuesta esa conversión, qué riesgo asume o cómo distinguir una oportunidad real de un fraude. Esa distancia —entre lo que los jóvenes ya hacen con el dinero y lo que la escuela les enseña sobre él— es una brecha que urge cerrar.
La tesis es sencilla de enunciar y difícil de ejecutar. En la Venezuela de hoy, la educación financiera ha dejado de ser una habilidad deseable para convertirse en una competencia de supervivencia económica, y la escuela es el único lugar donde puede universalizarse. Incorporarla al sistema escolar no es un lujo pedagógico, sino uno de los mecanismos de inclusión más directos y de menor costo al alcance de una sociedad que aspire a desarrollarse.
Un país que opera en digital sin haberlo aprendido
Venezuela encierra una de las paradojas financieras más llamativas de América Latina. Alrededor del 84 por ciento de los venezolanos usan servicios bancarios, una de las cifras más altas de la región.[1] Pero ese dato engaña: buena parte de esas cuentas se abrieron para recibir bonos y subsidios, no para un uso activo y voluntario de los servicios financieros. La inclusión que de verdad cuenta —la que se traduce en ahorro, crédito y protección frente a riesgos— es mucho menor: deja fuera sobre todo al sector informal y las zonas rurales.
Lo que sí es genuinamente notable es la adopción de pagos digitales. El pago móvil interbancario procesa decenas de millones de transacciones al mes y, para la mayoría de los venezolanos bancarizados, el teléfono es ya el principal canal de acceso a sus cuentas. A ello se suma un fenómeno aún más singular: el país se convirtió en la tercera economía de criptoactivos de América Latina, detrás de México y Brasil. Entre 2020 y 2025 se movilizaron cerca de 50.000 millones de dólares en criptomonedas estables y otras criptomonedas,[2] y se calcula que a comienzos de 2026 cerca de diez por ciento de las compras en cadenas de supermercados se pagaba con activos digitales.
Los alumnos de la escuela venezolana ya operan en la economía digital del siglo XXI. Lo que falta es enseñarles a hacerlo.
El punto decisivo es el porqué de esa adopción. No nació de una política deliberada de inclusión, sino de la necesidad: las personas buscaron refugio frente a la inflación y la devaluación del bolívar. Millones de venezolanos operan a diario con instrumentos complejos —billeteras digitales, plataformas de intercambio entre pares, criptoactivos— sin formación previa sobre sus costos, sus riesgos o su funcionamiento.
A este cuadro se añaden las remesas, que en 2024 rondaron los 3.800 millones de dólares (cerca de 3,7 por ciento del producto interno bruto) y llegan a un tercio de los hogares: un canal que integra a quienes las reciben y, al mismo tiempo, ensancha la brecha con la mayoría que no las recibe. Cada uno de esos flujos —pago móvil, criptoactivos, remesas— exige decisiones que el sistema educativo nunca preparó a nadie para tomar.
Qué significa estar alfabetizado financieramente
La educación financiera suele confundirse con la aritmética del dinero. Los organismos que más han estudiado el tema la entienden como la combinación de tres dimensiones:[3]
- Conocimiento: comprender ideas como costo de oportunidad, efecto de la inflación, relación entre riesgo y retorno o la naturaleza de los nuevos activos digitales.
- Conducta: formar hábitos de ahorro, presupuesto y consulta antes de decidir, algo clave en un entorno donde la desinformación multiplica el riesgo de fraude.
- Actitudes: inclinar la balanza desde la gratificación inmediata hacia la planificación, ese sesgo a preferir el presente que la economía del comportamiento ha documentado con tanta insistencia.
Los datos son contundentes: cuanto más temprano, mejor. Los buenos hábitos financieros se forman en los años escolares, acompañan a la persona durante su vida adulta e influyen en su educación, su empleo y su calidad de vida.
Hay incluso un efecto multiplicador, pues un estudiante bien informado no solo mejora sus decisiones, sino que muchas veces se convierte en agente de cambio en su hogar. Por eso la conversación dejó de girar en torno a si conviene enseñar finanzas en la escuela y pasó a ocuparse de cómo hacerlo bien. En Venezuela esa pregunta tiene una urgencia adicional: aquí el énfasis en el ahorro y la protección del valor no es un ejercicio teórico, porque, a diferencia de un joven con una red de pensiones sólida detrás, el venezolano difícilmente tendrá una vejez tranquila si no aprende a cuidar sus recursos desde temprano.
El mandato que existe y el currículo que calla
Aquí aparece la paradoja que está en el centro del problema. El marco jurídico venezolano no solo permite la educación financiera, sino también la exige en varias dimensiones. La Constitución y la Ley Orgánica de Educación consagran el derecho a una formación integral orientada al desarrollo pleno de la persona y a su incorporación productiva a la sociedad. Difícilmente puede hablarse de formación integral en la Venezuela actual sin competencias para administrar el dinero.
Pero el currículo oficial guarda silencio. La resolución que fija el plan de estudio de la educación media general —vigente desde el año escolar 2017-2018 y de aplicación obligatoria en planteles públicos y privados— no contempla la educación financiera en ninguna de sus catorce áreas de formación. Tampoco aparece estructurada en primaria. La brecha, por lo tanto, no es normativa: es de ejecución y de pertinencia curricular. El mandato está escrito; el contenido, ausente.
Esa ausencia pesa más por dos rasgos del sistema venezolano. El primero es que el país no reconoce la educación en el hogar: la escuela es el único canal formalmente admitido para cumplir la obligatoriedad, lo que la vuelve el vehículo insustituible de cualquier estrategia de inclusión temprana. El segundo es que la mayoría de los estudiantes cursa en planteles públicos, de modo que omitir la educación financiera del currículo oficial equivale a excluirla para la mayor parte de la población escolar. Todo ello en un sistema bajo enorme tensión: 1,2 millones de niños y adolescentes estaban en 2024 fuera de las aulas, con una cobertura educativa del 64 por ciento y casi la mitad de los estudiantes con asistencia irregular.[4] Es un terreno difícil; también es la razón por la que cualquier propuesta debe ser realista y gradual.
La educación financiera no es un fin en sí misma: es el puente que conecta a las personas con el sistema financiero formal y, a través de él, con oportunidades de ahorro, crédito, inversión y protección.
Lo que dicen las aulas
Para mirar más allá del papel se hizo una consulta en 14 instituciones educativas de reconocido prestigio, entre ellas la red Fe y Alegría, presente en 19 estados del país. No fue una muestra representativa del sistema y conviene leer los resultados como una fotografía cualitativa, no como una estadística nacional, pero ofrece pistas valiosas porque respondieron, en su mayoría, directores y coordinadores académicos. El retrato que emerge tiene tres rasgos:
- La educación financiera existe, pero de manera informal y desigual: la mayoría de los colegios la incorpora de algún modo, casi siempre incrustada en las asignaturas Emprendimiento o Matemática, o como actividad extracurricular; rara vez como un eje propio.
- Se concentra en el bachillerato y está casi ausente en primaria, precisamente cuando se forman los hábitos más duraderos.
- Quizá lo más revelador es la brecha docente: el 86 por ciento de las instituciones reconoce que su profesorado no está plenamente preparado para enseñar estos contenidos.
Frente a esas carencias, el consenso sobre su importancia es total: la consideran importante o muy importante, y la disposición a participar en programas es prácticamente unánime. Hay demanda; falta la estructura que la ordene.
Que el vacío de primaria aparezca incluso en colegios de prestigio resulta significativo. Indica que no es solo de un problema de recursos. La coordinadora de Fe y Alegría —una red presente en los rincones más vulnerables del país— lo resumió con una frase que vale por todo el diagnóstico: para esa organización el tema es pertinente desde la educación primaria. Si las instituciones con mayores capacidades concentran los contenidos al final de la escolaridad y la red de mayor alcance social reclama empezar antes, la conclusión es que el sistema necesita una orientación común, no más voluntarismo aislado. Esa orientación, hoy, solo puede venir de una decisión de política curricular.
Un adolescente cuyos padres invierten o ahorran aprende observando. Otro que crece en un hogar sin esos referentes parte en desventaja. La escuela pública es el único espacio capaz de cerrar esa distancia.
Más que ahorro: una palanca de inclusión
Vale la pena insistir en que esto trasciende las finanzas personales. La educación financiera no es un fin en sí misma: es el puente que conecta a las personas con el sistema financiero formal y, a través de él, con oportunidades de ahorro, crédito, inversión y protección.
El vínculo con la escuela es directo. Los países que incorporan estos contenidos al currículo muestran tasas de apertura de cuentas de ahorro entre los jóvenes notablemente mayores.[5] En economías en desarrollo se ha probado que la inclusión financiera reduce la pobreza, con efectos mayores donde la base educativa es más sólida.[6]
En un país con una brecha de cobertura educativa de 25 puntos porcentuales entre los hogares más ricos y los más pobres ese argumento se vuelve una cuestión de justicia. Hoy las competencias financieras las adquiere sobre todo quien accede a educación privada o cuenta con capital social en su entorno.
Un adolescente cuyos padres invierten o ahorran aprende observando. Otro que crece en un hogar sin esos referentes parte en desventaja. La escuela pública es el único espacio capaz de cerrar esa distancia. Llevar la educación financiera al aula es, por eso, un acto redistributivo: universaliza un conocimiento que de otro modo seguirá siendo privilegio de pocos. La misma digitalización que podría ampliar oportunidades corre el riesgo, sin formación de por medio, de profundizar la exclusión de quienes quedan fuera. La educación financiera es lo que inclina esa balanza hacia la inclusión.
Cuatro países, cuatro lecciones
Venezuela no parte de cero ni está sola: América Latina ofrece modelos probados con lecciones directamente aplicables. Brasil construyó su política sobre una secuencia inteligente: un programa piloto evaluable en escuelas públicas, evidencia de impacto y luego la incorporación obligatoria al currículo nacional en 2017. Su piloto mostró caídas en el endeudamiento imprudente y aumentos en la conducta de ahorro.[7] Colombia apoyó su estrategia en una alianza entre el banco central y el sistema educativo y mostró el valor de sumar la autoridad monetaria al esfuerzo escolar. Chile situó la formación y la certificación docente como columna vertebral: capacitó a más de 2.000 profesores con aval oficial. Perú aportó la palanca normativa: en 2023 aprobó una ley que declara de interés nacional incorporar la educación financiera a la educación básica.
Leídas en conjunto, las cuatro experiencias dibujan una receta clara: ensayar antes de expandir los programas, anclar el esfuerzo en alianzas con el banco central y el sector financiero, invertir en los docentes y respaldar todo con un mandato legal explícito. Ninguno de esos países improvisó ni intentó transformar su sistema de un día para otro; todos avanzaron por etapas, midiendo en el camino. Son, precisamente, los ingredientes que una propuesta para Venezuela necesita combinar y adaptar a una realidad más exigente: la de un sistema educativo en crisis y una economía donde la urgencia financiera no espera.
Una propuesta de cinco pilares
El modelo que se desprende de este diagnóstico parte de una idea: la educación financiera solo logra impacto sostenible cuando se incorpora de forma estructurada y progresiva, no como un taller aislado. Descansa sobre cinco pilares.
- Progresión curricular. En primaria entra como eje transversal integrado en áreas que ya existen —Matemática, Ciencias Sociales, Educación para el Trabajo— y avanza de lo concreto (el valor del dinero, el ahorro, el intercambio) hacia el presupuesto familiar y el consumo responsable. En bachillerato se consolida como asignatura propia y obligatoria: primero finanzas personales, crédito y seguros; luego inversión, mercado de capitales y, de manera ineludible en Venezuela, plataformas de tecnología financiera, criptoactivos y pagos digitales.
- Tecnología como catalizador. Más que un adorno didáctico, la tecnología es el principal vehículo para ampliar y democratizar el acceso, sobre todo en un sistema con recursos limitados y planteles dispersos. Existen soluciones nacionales: plataformas de juego educativo como Kurios para los más pequeños y herramientas como Val-U y FEME para la educación media, que permiten llevar contenidos de calidad a aulas que de otro modo dependerían por completo de la preparación individual de cada docente. La inteligencia artificial, capaz de ajustar el ritmo y los ejercicios a cada estudiante, es el horizonte siguiente.
- Formación docente. Es la condición no negociable: ningún currículo mejora por encima de la capacidad de quien lo imparte. La propuesta contempla un programa de certificación para docentes en ejercicio diseñado entre el Ministerio de Educación, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y las universidades, apoyado en profesionales del sector financiero y con acompañamiento continuo en plataformas digitales.
- Respaldo normativo. Siguiendo el precedente peruano, la integración requiere un mandato explícito —una resolución ministerial primero y, más adelante, una ley especial— que le dé carácter obligatorio y la blinde frente a los cambios de gestión.
- Ecosistema de alianzas. Ninguna reforma de este tipo se ha expandido sin coalición. El modelo articula al Ministerio de Educación como actor normativo, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos como soporte técnico, la banca privada como fuente de financiamiento, las universidades —IESA, UCAB, UCV, UNIMET— como diseñadoras de currículo y evaluadoras de impacto, y redes como Fe y Alegría para asegurar el alcance en las comunidades más vulnerables.
De la propuesta a la acción
Una propuesta vale por su capacidad de convertirse en hechos. Por eso conviene pensarla en tres fases a lo largo de una década, no como un salto único.
- Fundación y pilotaje (sentar bases y producir información local): una resolución que incorpore los contenidos de forma transversal, el diseño del primer módulo de certificación docente y un piloto financiado en unos cincuenta planteles de cinco estados.
- Expansión y certificación: llevar el programa a escala nacional con respaldo de ley, institucionalizar la asignatura en bachillerato y hacer obligatoria la certificación de los docentes.
- Consolidación (volver la educación financiera un componente permanente del sistema): incorporar a Venezuela a las evaluaciones internacionales de competencia financiera, crear un observatorio nacional y formar las nuevas generaciones de docentes desde el pregrado.
La distancia entre lo que los jóvenes ya hacen con el dinero y lo que la escuela les enseña sobre él es una brecha que urge cerrar.
La educación financiera no resolverá por sí sola la crisis venezolana, pero conviene dimensionar lo que sí puede lograr. Si se toma como referencia la experiencia brasileña —donde el piloto redujo el endeudamiento imprudente y mejoró la conducta de ahorro—[8] una intervención equivalente, expandida con respaldo legal hasta cubrir a los cerca de 1,9 millones de estudiantes de educación media, podría producir efectos medibles en el uso de servicios financieros formales, la tasa de ahorro y la resiliencia de los hogares en un horizonte de cinco a diez años. En el caso venezolano ese impacto trasciende el ahorro bancario tradicional: incluye la capacidad de protegerse del fraude digital, gestionar una remesa con criterio y moverse hábilmente en un ecosistema de pagos que cambia cada año.
Esta propuesta forma parte de un proyecto promovido por la Academia Nacional de Ciencias Económicas con el IESA, la UCAB y la Unimet entre sus instituciones, y con Banesco como promotor. Esa procedencia es, a la vez, una fortaleza y una responsabilidad: fortaleza, porque reúne a buena parte del ecosistema de aliados como condición de viabilidad de la propuesta, y responsabilidad, porque exige que el diseño se mantenga exento de objetivos de mercadeo y abierto al escrutinio público. Conviene señalarlo de forma explícita para que el lector lo tenga presente al juzgar las ideas.
Dotar a cada estudiante —venga de donde venga— de herramientas para actuar en esa realidad con más comprensión, menos vulnerabilidad y mayor resiliencia es una inversión que ninguna sociedad que aspire al desarrollo puede permitirse postergar. Los alumnos de la escuela venezolana ya operan en la economía digital del siglo XXI. Lo que falta es enseñarles a hacerlo. Ese, no otro, es el primer paso del camino.
Carlos Navarro y John Beaujon, profesores del IESA
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Notas:
[1] World Bank (2021). Global Findex Database 2021 Resources. https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex/brief/the-global-findex-database-2021-resources
[2] Chainalysis (2025). The 2025 geography of cryptocurrency report. https://www.chainalysis.com/reports/2025-geo-crypto-report/
[3] Organisation for Economic Co-operation and Development (2014, 7 de abril). Financial education for youth: the role of schools. https://doi.org/10.1787/9789264174825-en
[4] Universidad Católica Andrés Bello (2025). Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. https://www.proyectoencovi.com/
[5] Klapper, L. y Lusardi, A. (2020). Financial literacy and financial resilience: evidence from around the world. Financial Management, 49(3), 589-614. https://doi.org/10.1111/fima.12283
[6] Park, C. Y. y Mercado, R. V., Jr. (2015). Financial inclusion, poverty, and income inequality in developing Asia. ADB Economics Working Paper Series, No. 426. Asian Development Bank. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/153143/ewp-426.pdf
[7] Bruhn, M., Leão, L. S., Legovini, A., Marchetti, R. y Zia, B. (2016). The impact of high school financial education: Evidence from a large-scale evaluation in Brazil. American Economic Journal: Applied Economics, 8(4), 256-295. https://doi.org/10.1257/app.20150149
[8] Bruhn y otros (2016).
