Si algo ha buscado la industria de las criptomonedas es respetabilidad, aunque este activo ofrece la posibilidad de transar sin intermediarios ni reguladores. Ahora la senadora Cynthia Lummis propone establecer una «reserva estratégica de bitcoines», pero quienes realmente se beneficiarían serían los inversionistas que las compran con horizontes de muy largo plazo.
Si algo ha buscado la industria de las criptomonedas es respetabilidad. Eso es muy curioso, porque uno de los grandes atributos de este activo financiero, según sus promotores, es la posibilidad de transar entre pares sin la necesidad de un intermediario ni, mucho menos, la supervisión de algún tipo de regulador.
¿Por qué la necesidad de respetabilidad? Porque la comercialización de estos activos se hace a través de fondos administrados y estos responden a diversas audiencias, que incluyen clientes finales, contrapartes financieras y los tan temidos organismos supervisores.
Al final la única posibilidad que tiene la criptoindustria para acceder a los inversionistas es lograr el reconocimiento de una serie de actores «inevitables». Para ello es necesario que se transforme una situación precaria —una supervisión fragmentada e incoherente, con diferentes agencias que siguen propósitos opuestos y sin principios claros que guíen las políticas— en un sistema que pueda hacer frente a los riesgos subyacentes de divulgación, manipulación y, por supuesto, los sistémicos.
El uso de las criptomonedas se ha vuelto una bandera de los grupos de derecha que viven constantemente cuestionando las acciones de los gobiernos nacionales.
Las criptomonedas son instrumentos de naturaleza compleja que no generan flujos de caja, no tienen valor intrínseco y los movimientos de sus precios están influidos por una horda de pequeños inversionistas que siguen este mercado de manera un tanto naíf. Hasta ahora tienen una participación muy modesta en la mayoría de las carteras de instituciones e individuos, pero los bancos de inversión reciben constantemente presión de sus clientes para aumentar la oferta de productos basados en estos activos financieros.
Las presiones para eliminar las barreras de uso de las criptomonedas vienen no solamente del mundo de la banca de inversión. Su uso se ha vuelto una bandera de los grupos de derecha que viven constantemente cuestionando las acciones de los gobiernos nacionales; en particular las del estadounidense, cuando el Partido Demócrata ejerce el Poder Ejecutivo.
El pasado mes de julio de 2024 Cynthia Lummis, senadora republicana por el estado de Wyoming, presentó un proyecto de ley para establecer lo que llamó una «reserva estratégica de bitcoines». Esta ley ordenaría al Tesoro y a la Reserva Federal comprar un millón de bitcoines durante los próximos cinco años para conservarlos durante al menos veinte años más.
De prosperar la propuesta, el fondo se crearía con recursos provenientes de la confiscación de criptomonedas a quienes violen la ley. Para ello se usarían las potestades de distintas agencias del gobierno federal. Además, se crearía una partida producto de contabilizar el oro en poder de la Reserva Federal a valores de mercado y transferir la diferencia entre este valor y el histórico al Departamento del Tesoro para dedicarlo a la compra de bitcoines.
Un Departamento del Tesoro con un millón de bitcoines tendría un limitado radio de acción en caso de una crisis.
La propuesta de la senadora Lummis se vende con la intención de «asegurar la posición de Estados Unidos como líder mundial en innovación financiera, afirmar los derechos de autocustodia de los poseedores privados de bitcoines y enfatizar que la reserva estratégica de bitcoines no infringirá las libertades financieras individuales». Tal es el enunciado que aparece en la exposición de motivos de la iniciativa.
De más está decir que esta «reserva estratégica» ha sido objeto de numerosas críticas. Según una de ellas, la propuesta parte de la premisa de que el bitcóin seguirá inexorablemente ganando valor; una afirmación muy temeraria, ya que en el pasado este activo ha sufrido caídas de precios que podrían repetirse en el futuro.
Un Departamento del Tesoro con un millón de bitcoines tendría un limitado radio de acción en caso de una crisis. El Congreso estadounidense nunca podría ejercer la soberanía monetaria limitando la minería o el comercio de bitcoines, porque el precio de los activos del Tesoro colapsaría inmediatamente. Quienes realmente se beneficiarían de la creación de esta reserva serían los inversionistas individuales que compran estos activos con horizontes de inversión de muy largo plazo (hodlers) y aprovecharían el espaldarazo del gobierno.
Con la llegada de Trump y su agenda de desregularización se corre el peligro de que la industria financiera comience a producir complejos vehículos de inversión empaquetando activos digitales en productos sintéticos que combinan riesgos financieros de maneras novedosas y poco entendidas tanto por los usuarios de estos productos como por los organismos reguladores. La paradoja está en que un movimiento surgido para defenderse del sistema termine queriendo ser parte de él. A Herbert Marcuse esto le habría causado mucha gracia.
Carlos Jaramillo, vicepresidente ejecutivo del IESA.
Este artículo se publica en alianza con Arca Análisis Económico.
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