La libertad académica en el mundo está amenazada. Los centros de educación superior son objeto de diferentes tipos de agresiones. En la agenda internacional, sorprendentemente, este no es un problema prioritario. En Venezuela, el movimiento estudiantil, las asociaciones de profesores, los rectores y los activistas por los derechos humanos se ocupan de ponerlo en la palestra.
María Gabriela Mata Carnevali / 10 de diciembre de 2018
Según la organización no gubernamental de reconocida trayectoria Scholars at Risk, en su informe de 2018, la lista de arbitrariedades contra el normal desenvolvimiento de la educación superior a escala mundial es larga. Incluye desde ataques suicidas de extremistas hasta la restricción de permisos de viaje, el encarcelamiento de académicos y amenazas a la autonomía institucional, ejemplos todos de cuánto se teme al pensamiento crítico. Sin embargo, el tema se discute raras veces en los organismos internacionales y no aparece en las declaraciones y los documentos de trabajo de organizaciones como la Unesco o el Banco Mundial.
A propósito del centenario del Movimiento de Córdoba y los acontecimientos recientes en Venezuela, es necesario llamar la atención sobre el cerco que se quiere imponer a la libertad de pensamiento en las universidades. Los atropellos de los que han sido víctimas los universitarios constituyen un retroceso histórico. Violan la Ley de Universidades —creada en 1958 y reformada parcialmente en 1970— y con ella los ideales promovidos por el Movimiento de Reforma Universitaria originado en Córdoba, Argentina, en 1918; considerado el más importante movimiento de protesta de la universidad latinoamericana, enmarcada por esa época en estructuras coloniales elitistas a pesar de los procesos independentistas del siglo XIX.
La Ley de Universidades de 1958, que dio origen a la universidad autónoma, popular y democrática en Venezuela, fue producto de un largo proceso de desarrollo, cambio y transformación para garantizar la independencia y la capacidad crítica de la comunidad universitaria frente a la injerencia de los gobiernos o cualquier otra forma de dominación. Fue elaborada en el marco de la transición democrática, luego de la caída de Pérez Jiménez, por profesores de la Universidad Central de Venezuela que formaron una comisión presidida por Francisco de Venanzi.
Esa ley no solo fue el primer instrumento que dio verdadero estatuto autonómico a las universidades venezolanas, sino que también ayudó a definir la estructura y el funcionamiento del Consejo Nacional de Universidades, los distintos órganos democráticos de cogobierno y las autoridades en sus diversos niveles de dirección y organización académica. Señalaba aspectos importantes sobre composición, funciones, estabilidad y seguridad social del personal docente y de investigación, sin olvidar el bienestar de los estudiantes. Además, sentó las bases para la creación del Consejo de Fomento, el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, y las direcciones y comisiones de Cultura y Deporte.
Hoy esta concepción global e integral de la universidad en todos sus componentes, esa autonomía, cónsona con el espíritu del Movimiento de Córdoba que costó tanto alcanzar, está en entredicho no obstante su incorporación con rango constitucional en el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Los universitarios elevan su voz de protesta en un discurso enmarcado en la construcción de la paz, vía la defensa y la promoción de la democracia y los derechos humanos.
La I Conferencia de las Américas sobre Libertad Académica, Autonomía Universitaria y Derechos Humanos en el Ámbito Universitario se celebró en Caracas los días 12 y 13 noviembre de 2018, bajo la convocatoria de la organización no gubernamental venezolana Aula Abierta y reunió a autoridades rectorales, profesores, estudiantes y representantes gremiales de las universidades de Venezuela y de otros países de las Américas, además de activistas por los derechos humanos.
Si algo quedó claro es que la libertad académica va de la mano con la democracia. Los cambios necesarios en la educación superior en Venezuela deben ser liderados por su estructura representativa e institucional, con pleno respeto a la autonomía en el marco del Estado social de derecho, no impuestos por el gobierno de manera autoritaria. El ejercicio de la autonomía implica el ejercicio de la ética de la responsabilidad. No es solo un derecho, es un deber. Al ir contra la autonomía de las universidades se limita su poder legítimo, reconocido como tal en la Constitución. El Estado debe proteger y fomentar el derecho a la educación como servicio público, sin menoscabo de la autonomía universitaria.
María Gabriela Mata Carnevali, profesora de la Universidad Central de Venezuela / @mariagab2016
