Empresas Públicas de Medellín es la segunda compañía más grande de Colombia y una multinacional de servicios públicos diversificada. Federico Restrepo Posada, su exgerente general, explica cómo una organización estatal ha logrado tal grado de éxito. El buen gobierno ha sido la clave.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) ha sido no solo un ejemplo de gestión eficiente de servicios públicos domiciliarios, sino también un modelo de organización que se ha convertido en paradigma de sanas políticas de administración y control, innovación y responsabilidad social. EPM es propiedad mayoritaria del municipio de Medellín y, luego de 65 años de operaciones, es una multinacional con negocios de prestación de servicios públicos en Chile, Panamá, Guatemala, El Salvador, México y Bermudas. Por el valor de sus activos es la segunda empresa más grande de Colombia, después de la petrolera Ecopetrol.

Algunos números pueden dar una idea del alcance de esta empresa estatal: factura cerca de 5.000 millones de dólares al año, con un ebitda (ganancia antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de 30 por ciento y activos de 15.000 millones de dólares, que incluyen capacidad para generar 3.500 megavatios en Colombia y una red consolidada de 8.500 kilómetros de gasoductos. Además, desarrolló y opera la mayor planta de agua desalinizada de América Latina, ubicada en Antofagasta (Chile), con capacidad para mil litros por segundo, y un parque eólico, también en Chile, de más de cien megavatios y otro en Colombia, cerca de Venezuela, de veinte megavatios de potencia.

Federico Restrepo Posada, exgerente general del conglomerado entre 2008 y 2012, da cuenta concluyente del inventario de esta empresa:

En concreto, EPM tiene 16,7 millardos de dólares de activos, es un grupo empresarial que involucra varias compañías en siete sectores de negocios, como servicio eléctrico, gas doméstico, provisión de agua potable y saneamiento y gestión de residuos sólidos en el área metropolitana de Medellín.

Todo este poder empresarial no hubiera sido posible para una compañía de propiedad estatal sin un modelo de gestión basado en la sostenibilidad, con las normas de gobierno corporativo como propósito medular, explicó Restrepo en un seminario virtual organizado por el IESA.

EPM genera 60.000 empleos directos en Colombia y unos 70.000 indirectos, atiende un mercado de 17 millones de personas. Con una reciente adquisición de cincuenta por ciento de la empresa de servicio eléctrico para la región del Caribe colombiano añade entre seis y siete millones de suscriptores adicionales.

Gobierno empresarial

Para Restrepo, la clave del éxito está en la adopción de un código de gobierno que privilegia la salud integral de la empresa por encima de los vaivenes de la política y los múltiples intereses económicos y sociales que intervienen en su operación. Ese código se ha construido a medida que EPM ha desarrollado sus capacidades, con una gerencia profesional y la autonomía necesaria para llevar adelante sus operaciones, que incluye decisiones de inversión en nuevos activos, con la idea de no solo asegurar la rentabilidad financiera, sino también afianzar su estrategia de responsabilidad social. Esto es especialmente importante en el caso de EPM, en un país donde cada cuatro años se elige un nuevo alcalde que no puede ser reelecto.

No ha sido fácil, reconoce Restrepo. Recientemente, la Alcaldía de Medellín presionó a la Municipalidad para adoptar decisiones que involucran a la empresa por la vía ejecutiva. Entonces, la red de organizaciones sociales que controlan el funcionamiento de la organización se movilizó para asegurar la prevalencia de una gerencia profesional e independiente.

Es un compromiso de parte y parte. EPM garantiza un servicio eficiente y una renta constante a la Municipalidad de Medellín, así como contribuciones sociales y apoyo a la ampliación de infraestructura de servicios, mientras que los factores políticos y sociales respetan la autonomía funcional y administrativa de la empresa. Como aclara Restrepo:

Se tiende a creer que todas las empresas estatales son ineficientes, pero la ineficiencia no depende de si el propietario es público o privado, sino del modelo de gestión que se aplica y del respaldo político que se tenga para aplicarlo. Hay empresas privadas con modelos de gestión precarios.

EPM se dio a la tarea de plantear un modelo de gobernabilidad, con reglas de juego muy claras entre su dueño y sus administradores, así como los grupos de interés con los que se relaciona. Lo primero es que la empresa tiene que ser sostenible, lo que no significa solamente maximización de la rentabilidad.

Sin privilegios

El hecho de que EPM sea una empresa estatal no le garantiza prebendas impositivas.

El mercado eléctrico es una competencia abierta en Colombia, con un ente regulador que define límites de participación. En distribución de energía no se admite más de 37 por ciento y en generación el máximo es treinta por ciento, y eso aplica a todos los competidores. Empresas Públicas de Medellín no tiene privilegios, como se desprende de la Constitución de 1991.

La gerencia de la empresa en todas las áreas y escalas está comprometida con la transparencia. Tan es así que no solo las instancias políticas que mantienen la propiedad, sino también organizaciones de la sociedad civil, reciben información periódica y detallada sobre los resultados financieros, programas, proyectos y decisiones que EPM asume. Según Restrepo Posada:

La rendición de cuentas es importante, porque el principal grupo de interés son los ciudadanos de Medellín, que tienen la doble connotación de dueño y usuario. Por eso es esencial que el ciudadano sepa dónde se invierten las utilidades que se generan. Por eso las inversiones sociales son prioritarias. La empresa cuida y propicia los mecanismos de participación ciudadana. Por ejemplo, tiene una revisoría fiscal externa, contraloría social o veedurías, que son organizaciones ad hoc de ciudadanos que se registran y que tienen respaldo legal para exigir información.

Restrepo señala que gestionar un conglomerado como EPM es algo sumamente complejo. Pero la estructura de reglas claras que existe asegura a la gerencia la autonomía necesaria para tomar las mejores decisiones en función de los intereses de la empresa.

La verdad es que los intereses de la empresa son los de los accionistas y este modelo se sostiene en la credibilidad que una organización profesional, innovadora y con alta solvencia técnica se ha ganado con base en sus resultados. Esa es la clave de todo.

Érika Hidalgo López, periodista.

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