Crimen organizado en Venezuela: cuando el Estado cede territorios y roles

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Venezuela se ha convertido en un epicentro del delito y el robo del erario nacional, cuyos responsables tienen rasgos que diferencian sus acciones y motivaciones. Ejecutar políticas públicas para enfrentar este problema requerirá un importante esfuerzo de los venezolanos y de la comunidad internacional.

Manuel Sánchez Trujillo / 14 de julio de 2020


 

El crimen organizado y la corrupción en Venezuela se han convertido en un problema de Estado, que podría colocar en una situación muy delicada a la población venezolana y a la comunidad internacional; principalmente, países de América Latina. Recientes trabajos son referencias de utilidad para analizar esta situación (Izquiel y Mármol García, 2020; Transparencia Venezuela, 2020a).

La impunidad reinante ante la violencia desatada estimula las actividades de los grupos delictivos. Resolver esta situación llevará algún tiempo y requerirá la colaboración de otros países y organismos internacionales especializados en crimen organizado y corrupción. Venezuela sola no podrá solucionar tan grave problemática.

 

Nueve bloques de crimen organizado

En Venezuela existen nueve bloques de organizaciones de delincuencia organizada, algunos de los cuales controlan territorios y han creado especies de microestados.

 

1.   Megabandas criminales

Las megabandas criminales son organizaciones sin ideología política, cuyo único fin es obtener beneficios económicos de sus fechorías. Son pandillas con un mínimo de cincuenta o sesenta miembros que controlan un territorio determinado, con posesión de armas de fuego de alto poder, y dedicadas principalmente a delitos como narcotráfico, sicariato, robo de vehículos, extorsión y secuestros. Cuentan con estructuras organizativas integradas por un cabecilla o «principal», lugartenientes o «luceros», muchos miembros de menor jerarquía o «soldados» y otros, regularmente los más jóvenes, que cumplen papeles de vigilantes o «gariteros».

Las «zonas de paz», decretadas por el gobierno de Nicolás Maduro en 2013, resultaron un factor determinante para el crecimiento de las megabandas, porque les dieron reconocimiento y territorios sin presencia policial. Resulta preocupante la aceptación social que muchas de estas megabandas tienen en los territorios que dominan, porque evitan pequeños delitos contra personas de la comunidad, defienden esos territorios e impiden a otras pandillas delinquir en ellos y, en ocasiones, distribuyen parte de sus botines en la comunidad. En los últimos tiempos hay indicios de que las megabandas venezolanas extienden sus tentáculos a países vecinos: Colombia, Ecuador y Perú.

 

2.   Seudosindicatos de la construcción, petroleros y mineros

Los seudosindicatos petroleros y de la construcción son, en realidad, bandas criminales que extorsionan a los trabajadores de estos sectores, para conseguirles empleo en los proyectos que se ejecutan, y, además, extorsionan a los jefes de las obras de construcción o servicios petroleros para que contraten solamente a los obreros que ellos les indiquen y compren los materiales a determinadas compañías.

Lo que ocurre con los seudosindicatos mineros es más grave. Tienen su campo de acción principalmente en el estado Bolívar, donde controlan ilegalmente varias de las minas de oro e imponen el terror para mantener su poder. Las expropiaciones y los ataques sufridos por empresas formales contribuyeron a la expansión de la explotación ilegal del oro y abrieron el camino a distintas agrupaciones criminales.

Al igual que las megabandas gozan de aceptación social, velan por «el orden y la seguridad», a cambio de un porcentaje del beneficio. Llegan a establecer códigos de conducta y leyes en las minas. Quienes no las cumplan, lo pagan con la vida.

Tal como indica Transparencia Venezuela (2020a) estos seudosindicatos mineros son actores principales de las masacres que han evidenciado la violencia criminal en torno a la minería ilegal en el estado Bolívar. La acción de la minería ilegal, que se mueve detrás de estas bandas o «sindicatos», contribuye a la destrucción voraz del ecosistema del estado Bolívar.

 

3.   «Colectivos» armados y violentos

La creación de grupos paramilitares o parapoliciales por regímenes autoritarios para realizar actividades que violan los derechos humanos contra la población civil que lo adversa es algo que se ha repetido en la historia (Izquiel y Mármol, 2020). Así sucedió, por ejemplo, con los «camisas pardas» de Hitler. Lo mismo ha ocurrido en Venezuela con los denominados «colectivos», que surgieron con fuerza en la época de Hugo Chávez y se han consolidado durante el gobierno de Nicolás Maduro, que ha tenido que depender más de ellos para el sostenimiento de su gestión.

Izquiel y Mármol (2020) han calculado que los «colectivos» pueden contar con unos 8.000 hombres desplegados en los distintos estados y municipios de Venezuela, que constituyen el brazo civil armado del proceso político que vive Venezuela. Salen a golpear y disparar contra manifestantes, líderes políticos y diputados de la oposición. En ocasiones, algunos de sus miembros utilizan las armas para cometer delitos comunes, como secuestros, extorsiones, homicidios y robos, entre otros.

 

4.   Los pranes y sus organizaciones carcelarias

El abandono estatal de las cárceles del país condujo al surgimiento de los llamados «pranes» o líderes de las pandillas criminales que controlan las cárceles. Su estructura organizativa es muy similar a la de las megabandas. El poder del pran viene dado por el arsenal de armas que maneja, que ingresa a las cárceles con la complicidad de funcionarios y militares corruptos encargados de la vigilancia interna.

Los pranes no solo obtienen ingresos por la «causa» (cobro a los reclusos por favores) sino también por la venta de drogas, alcohol, alimentos, el manejo del juego y la prostitución dentro de las cárceles, y los delitos planificados desde el interior de los penales, tales como sicariatos, secuestros, «rescate» de vehículos robados o hurtados en la calle, extorsiones y estafas mediante telefonía celular e internet. El dinero y el poder que tienen les permiten gozar de grandes privilegios dentro de la cárcel, tales como piscinas, drogas, discotecas, conciertos, prostitutas y hasta bancos.

 

5.   Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) o boliches

Los llamados «boliches» constituyen un grupo guerrillero que nace y se desarrolla en Venezuela, y opera fundamentalmente en los estados Apure, Táchira y Barinas. Según Insight Crime (2019), se financia principalmente mediante la extorsión a ganaderos y empresas en la frontera con Colombia, utiliza los cauces fluviales para contrabandear ganado y gasolina, y ha participado en la extorsión a migrantes, a quienes les cobran para permitirles pasar por «trochas» hacia el país vecino. Este grupo tiene influencia política en los estados donde tiene presencia, mediante el control de consejos comunales y alcaldías.

 

6.   El holding de la corrupción

El monto estimado de la corrupción en Venezuela, de acuerdo con una investigación que adelanta Transparencia Venezuela (2020b), alcanza cerca de 176.000 millones de dólares, un 17 por ciento de los ingresos petroleros de la era Chávez-Maduro (1998-2019) que superan el billón de dólares (Guerra, 2020).

La corrupción en Venezuela ha adquirido dimensiones internacionales. Fiscalías, tribunales y parlamentos de más de veinte países han abierto 67 investigaciones por corrupción con fondos venezolanos que suman, por ahora, casi 30.000 millones de dólares (Transparencia Venezuela, 2020b). Según un estudio sobre las empresas propiedad del Estado, de 526 empresas analizadas más del setenta por ciento tenían denuncias por corrupción (Transparencia Venezuela, 2018).

 

7.   Traficantes de drogas

Venezuela se ha convertido en uno de los puentes del narcotráfico más importantes del mundo. La ruta aérea más usada para traficar cocaína desde Venezuela parte de pistas clandestinas en los estados Apure, Zulia y Falcón, con rumbo a Centroamérica; fundamentalmente, Honduras. Luego los cargamentos pasan a México y desde allí a Estados Unidos (Izquiel y Mármol, 2020; Transparencia Venezuela, 2020a).

Las cantidades de drogas que salen por vía marítima desde Venezuela, principalmente con rumbo a Europa, son alarmantes. El 51 por ciento de los envíos por barcos interceptados por tráfico de drogas en el Atlántico entre 2006 y  2008 provenía de Venezuela (UNODC, 2010). La ruta más utilizada por vía marítima sale del estado Sucre hacia Trinidad y Tobago (Transparencia Venezuela, 2020a). La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU reportó que «en Venezuela, los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y han creado una red informal conocida como el Cártel de los Soles para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales» (Infobae, 2020).

 

8.   FARC y ELN

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) son organizaciones guerrilleras de origen colombiano, y tienen actividad delictiva y controlan territorios en Venezuela (Izquiel y Mármol, 2020; Transparencia Venezuela, 2020a). Estas organizaciones, además de cometer delitos, tienen afinidades políticas e ideológicas con el gobierno.

Los disidentes de las FARC que no se acogieron al proceso de paz en Colombia mantienen presencia activa delinquiendo en territorio venezolano; particularmente, en los municipios del estado Apure (Transparencia Venezuela, 2020a). El ELN es el principal grupo colombiano que opera en Venezuela, con presencia en doce estados de Venezuela (Insight Crime, 2018). Se ha concentrado en el control de algunas minas del Arco Minero, donde opera ilegalmente, y ha sido usado por funcionarios de la gobernación del estado Bolívar para combatir a las bandas criminales. El ELN realiza actividades de extorsión, secuestro, narcotráfico y minería ilegal, que claramente vulneran la soberanía nacional (Izquiel y Mármol, 2020; Transparencia Venezuela, 2020a).

 

9.   Bandas criminales (bacrim)

Las bandas criminales (bacrim) tienen su origen en grupos que se formaron después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Izquiel y Mármol, 2020). Estos grupos delictivos se dedican principalmente a actividades de narcotráfico, extorsión, cobro de «vacunas» a ganaderos y empresarios, sicariato y secuestro.

Existen varias bacrim operando en Venezuela, principalmente en el estado Táchira, pero también operan en Zulia y Apure. Con el auge de la migración venezolana y el cierre de fronteras se han dedicado a controlar trochas en las que cobran a las personas para pasar a Colombia y también se lucran con el contrabando de gasolina (Transparencia Venezuela, 2020a).

 

Una propuesta de cambio

Una propuesta de cambio para abordar la compleja situación descrita fue planteada por Transparencia Venezuela (2020a). El objetivo principal es reducir a su mínima expresión el crimen organizado y la corrupción de Venezuela con herramientas formales e informales que garanticen el Estado de derecho, el fin de la impunidad y el cumplimiento de los derechos humanos. Para ello se requiere definir políticas públicas diferenciadas para cada uno de los bloques caracterizados, porque sus formas de actuar y objetivos son distintos.

Se proponen ocho lineamientos estratégicos que podrían contribuir a enfrentar y minimizar la situación de crimen organizado y corrupción existente, a partir de la premisa de un cambio político en el país.

  1. Ruptura de los lazos entre lo político, el funcionariado público y lo criminal.
  2. Fin de la impunidad.
  3. Eliminación de incentivos y de oportunidades de negocio para el crimen organizado.
  4. Salud y reestructuración institucional.
  5. Compromiso de la sociedad civil para el cambio.
  6. Mitigación del desplazamiento forzoso hacia otros países.
  7. Abordaje de los riesgos de género.
  8. Descolonización militar de la administración pública.

 

La posibilidad de lograr la reducción real del crimen organizado, la corrupción y las violaciones de derechos humanos, que ocurren en todas sus variantes en Venezuela, requerirá la acción decidida y coordinada con organismos internacionales conocedores de la materia y con los gobiernos de los países fronterizos.

 

Referencias

  • Guerra, J. (2020, 21 de abril): «A propósito del derrumbe de los precios del petróleo y su severo impacto en Venezuela es conveniente recordar que durante los veinte años del chavismo en el poder Venezuela recibió por exportaciones petroleras US$ 1.047.025.000.000 que fueron devorados y además nos endeudaron». https://twitter.com/JoseAGuerra/status/1252605224583299077.
  • Infobae (2020): «Informe de la ONU que analiza la infiltración del narcotráfico y el Cártel de los Soles en la Fuerza Armada de Venezuela», febrero. https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/02/27/la-onu-presento-el-primer-informe-que-analiza-la-infiltracion-del-narcotrafico-y-el-cartel-de-los-soles-en-la-fuerza-armada-de-venezuela/
  • Insight Crime (2018): «El ELN opera en 12 estados de Venezuela». https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/eln-opera-12-estados-venezuela/
  • Insight Crime (2019): «FBL-FPLN». https://es.insightcrime.org/venezuela-crimen-organizado/fbl-fpln/
  • Izquiel B., L. y Mármol G., F. (2020): Revolución de la muerte: veinte años de crimen, violencia e impunidad en Venezuela. Caracas: Dahbar.
  • UNODC (2010): «Informe mundial sobre las drogas 2010». Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2010/Informe_Mundial_sobre_las_Drogas_2010.pdf
  • Transparencia Venezuela (2018): «Empresas propiedad del Estado: un modelo de control». https://transparencia.org.ve/empresas-propiedad-del-estado/
  • Transparencia Venezuela (2020a): «Crimen organizado y corrupción en Venezuela: un problema de Estado». https://transparencia.org.ve/project/crimen-organizado/
  • Transparencia Venezuela (2020b): «Casos de corrupción en otros países». Informe en proceso de elaboración. Caracas: Transparencia Venezuela.

Manuel Sánchez Trujillo, presidente de la consultora NEXO, integrante del equipo técnico del Plan País, coordinador de proyectos de investigación para Transparencia Venezuela e integrante de Acuerdo Social, asociación civil dedicada a la elaboración de propuestas de políticas públicas para Venezuela (acuerdosocialvenezuela@gmail.com). Twitter: @ILLOST