El chavismo: veinte años de ruptura republicana

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Fotografía: Pexels.

A partir de 1998 se empieza a construir un nuevo sistema político. El objetivo del libro colectivo Desarmando el modelo es estudiar cómo se configuró ese sistema en diversas áreas relevantes: ideología, estructura jurídico-estatal, base social, administración pública, sistema de partidos, finanzas públicas y petróleo, política exterior, Fuerzas Armadas, sistema electoral y medios de comunicación.

Carlos Balladares Castillo / Julio-septiembre de 2018


Reseña del libro Desarmando el modelo: las transformaciones del sistema político venezolano desde 1999, de Diego Bautista Urbaneja (coordinador). Caracas: AB Ediciones, Konrad Adenauer Stiftung e Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. 2017.

 

El politólogo Diego Bautista Urbaneja ha publicado dos textos, Idea de la política de Venezuela: 1830-1870 (1988) y Pueblo y petróleo en la política venezolana del siglo XX (1992), en los que usa la idea de proyecto o programa político para comprender un tiempo histórico; y en el segundo señala, además, que la idea ordenadora es su concepción del pueblo. En estos trabajos intentaba responder qué país anhelaban los venezolanos de cada período; especialmente, los grupos dirigentes. Concluyó que tres ideales han orientado a los venezolanos desde 1830: liberal, positivista (desde 1900 aproximadamente) y populista (desde 1945, aunque en su segundo libro nombró a este último «democrático», y en ambos advirtió que este ideal estaba en crisis o debilitado). En la Introducción de Desarmando el modelo el autor señala que el sistema político venezolano (SPV) democrático («esquema puntofijista») estaba en su fase final en los últimos años del siglo XX, por lo que la llegada del chavismo significaría la construcción de un nuevo SPV; hecho reconocido por todos los autores coordinados por Urbaneja. Esta perspectiva es retomada en la obra, aunque ahora es un trabajo colectivo y cada autor analiza las transformaciones del SPV con autonomía.

La noción de programa y la concepción de pueblo se reflejan, tanto en la Introducción del coordinador (quien también enumera los rasgos generales del SPV en el Epílogo), como en varios análisis; en especial, los de Guillermo Tell Aveledo («Los fundamentos ideológicos del sistema político chavista»), Luis Salamanca («Las bases sociopolíticas del chavismo: auge y caída»), Fernando Spiritto («Hugo Chávez y el populismo del siglo XXI en Venezuela») y José Ignacio Hernández («La estructura jurídico-estatal del sistema político venezolano en el siglo XXI»). A pesar de la diferencia entre los proyectos positivista y democrático, se puede decir, siguiendo a Aveledo, que ambos tenían en común desde 1936 «una tradición político-ideológica que cristalizó en el Estado Social de Derecho establecido en la Constitución de 1961» y con la cual se rompería con la llegada de Chávez (p. 25).

¿Por qué? Porque el «sistema populista de conciliación de élites» —democracia competitiva en la cual los representantes son electos por el pueblo y llegan a consensos con un conjunto de actores sociales— tenía una serie de «adversarios históricos» entre los que estaba la izquierda marxista venezolana. De ella, en su «vertiente más autoritaria», surgirá la ideología chavista (p. 26) que comprende la historia como lucha de clases y el pueblo-oprimido tiene que ser «liberado» (revolución) de la opresión capitalista-imperialista (p. 40). El pueblo-oprimido no es todo el pueblo, sino solamente quien respalde la revolución y el que se oponga es el enemigo; de esta forma queda en manos del Estado revolucionario «definir y legitimar lo que se considera como el pueblo» (p. 44). La condición revolucionaria la concentró Chávez y, al morir, fue heredada por una dirección colegiada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV): una ideología de clara tendencia autoritaria con proyecciones totalitarias.

La gran concentración de poder en manos del Estado y su presidente podría ser explicada por una concepción de pueblo enmarcada en una ideología totalitaria: el marxismo «en su versión más autoritaria»

Luis Salamanca, al preguntarse por la verdadera composición del «pilar social» del régimen chavista, explica que estaba formado por los militares (a los cuales el nuevo SPV le dio un gran poder de penetración en la vida civil e institucional, lo cual será confirmado por Eglé Iturbe al analizar la administración pública y las políticas públicas), los pobres que siempre están en el discurso y «son objeto de políticas sociales altamente mediáticas y controladoras» (p. 54), sus «políticos» que provienen de la izquierda fundamentalmente y el «empresariado» que no se oponga. El «pueblo chavista» es una masa clientelar movilizada electoralmente que, más allá de este aspecto, no ha logrado constituirse en una sólida base social: depende de la renta petrolera y no exhibe la «conciencia revolucionaria» que describía el marxismo. Una vez comenzada la crisis por la caída del precio del petróleo y la muerte de Chávez, entre otras causas, este «pueblo» dejó de votar y movilizarse, por lo que ya no permitía seguir ganando elecciones, de modo que los rasgos autoritarios se terminaron afianzando con el madurismo (2013 en adelante).

La duda está, para Urbaneja, en si este proyecto con su idea de pueblo se había diseñado en todas las áreas (ideológica, jurídica, económica, petrolera, internacional, etc.) antes de su llegada al gobierno o fue algo gradual, y si incluía la acumulación de poder en el presidente tal como ha ocurrido en estos casi veinte años. Lo que sí está claro es que, a partir de 1998, con Hugo Chávez se empieza a construir un nuevo sistema político: «de reglas, de normas implícitas y explícitas, mecanismos, instituciones, de cuyo funcionamiento conjunto se deriva una nueva forma de acceder al poder en sus diversos escalones, de ejercerlo, de conservarlo y ampliarlo, una nueva forma de producir decisiones de obligatorio cumplimiento por la colectividad» (p. 11). El objetivo del libro es estudiar cómo se configuró ese sistema en diversas áreas relevantes: además de las ya señaladas, administración pública (Eglé Iturbe), sistema de partidos (Héctor Briceño), finanzas públicas y petróleo (Luis Oliveros y José Manuel Rodríguez Grille), política exterior (Elsa Cardozo), Fuerzas Armadas (Ricardo Sucre Heredia), sistema electoral (Mercedes Martelo) y medios de comunicación (Andrés Cañizales).

El personalismo centralizador y discrecional del presidente —según el análisis del ordenamiento jurídico-estatal de José Ignacio Hernández— se inicia desde la Constituyente y la nueva Constitución de 1999, a pesar de su conformación dentro de los parámetros democrático-liberales de la tradición republicana venezolana. En esa carta magna se redujo el carácter representativo y se fortaleció el participativo, se estableció el hiperpresidencialismo al reservarle más competencias (incluida la designación exclusiva de los ascensos militares), se amplió el estatismo (que fortalece el rentismo petrolero) y se convirtió la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el «máximo y último intérprete de la Constitución» en manos de la revolución, con lo que se perdió la separación de poderes (p. 168). La reforma que planteó Chávez en 2007, y perdió en referendo, fue aplicada de igual forma por medio de leyes y el tutelaje de la Sala Constitucional. A partir de ese año comienza el establecimiento del «Estado comunal», que pasa a organizar el pueblo para la construcción del socialismo. Los rasgos totalitarios empiezan a dar sus primeros pasos cuando se afianza el control de la economía por el Estado. Para el autor, esta reforma quedaría inconclusa con la muerte de Chávez.

La legitimación de la desproporcionada concentración de poder en el Ejecutivo Nacional tenía en el carisma de Chávez su principal recurso, pero fue refrendada por un cambio del sistema electoral, de partidos, y una creciente propaganda (acompañada de la censura de toda crítica). En lo electoral se cambió un sistema estable (consultas cada cinco años) que facilitaba la expresión y la negociación entre partidos y actores, por otro inestable (consultas casi anuales) con la intención de convertirlo en la única actividad política posible, junto con una creciente polarización. De igual forma fueron disminuyendo las condiciones para que la oposición pudiera participar en el poder (pp. 384-385, 416-417). Tanto en el sistema de partidos como en los medios de comunicación, lo predominante fue la hegemonía del partido de gobierno, al poseer todo el financiamiento y los recursos del Estado, y del discurso chavista, al ir controlando cada vez más medios y censurando (y promoviendo la autocensura) de los que no pasaron a su propiedad o dominio.

Para lograr tales objetivos se necesitaba fortalecer el Estado en su capacidad para imponer decisiones, lo que se hizo por medio del incremento de su tamaño y su acceso a la renta petrolera. Lo primero se logró con el crecimiento de la burocracia: de 750.000 en 1998 a tres millones de empleados en 2006, proliferación de ministerios (de 16 en 1998 a 32 en 2016), organismos descentralizados (de 331 en 1998 a 812 en 2012), misiones y empresas públicas. Pero lo peor no fue el peligro entrópico de este Megaestado, sino el conjunto de decisiones que lo hicieron más ineficiente: inestabilidad de los cargos, solapamiento de competencias, funciones y líneas de mando, lealtad partidista por encima de mérito en lo que respecta a ministros y directores, movilización partidista de la burocracia y, especialmente, intervención de la institución armada en todos los ámbitos de lo público (pp. 197, 205 y 220). Los recursos se tomaron de Petróleos de Venezuela S.A. y se destruyó la autonomía del Banco Central de Venezuela. El logro de estos objetivos requirió eliminar la autonomía de la empresa y el abandono de sus metas productivas por las del financiamiento de la actividad estatal. En los aspectos económicos del SPV, el libro debió tener otro capítulo que fuera más allá de la política petrolera, aunque probablemente se consideró que esto sería respondido en otra obra auspiciada por la Universidad Católica Andrés Bello y coordinada por Ronald Balza y Humberto García Larralde: Fragmentos de Venezuela: 20 escritos sobre economía (2017).

El pueblo-oprimido no es todo el pueblo, sino solamente quien respalde la revolución y el que se oponga es el enemigo

El SPV chavista comienza a debilitarse a los diez años de funcionamiento; en especial, con la caída del precio del petróleo y la muerte de Hugo Chávez (anunciada en marzo de 2013). Por ello requerirá mayor apoyo de las fuerzas represivas. Las Fuerzas Armadas, a partir de la nueva Constitución de 1999, abandonarían la «lógica de Puntofijo… de ser “apolíticas, obedientes y no deliberantes” a “política, obediente y deliberante”», y asumirían como propio el nuevo proyecto político (p. 334), con una clara militancia socialista desde 2013 (p. 400). Muchos podrían ver en ellas un instrumento de cambio del régimen, pero el peso que han adquirido dentro del SPV lo dificulta.

La gran concentración de poder en manos del Estado y su presidente podría ser explicada por una concepción de pueblo enmarcada en una ideología totalitaria: el marxismo «en su versión más autoritaria». Pero también tiene su explicación en una mentalidad paternalista. En agosto de 1998 el autor de esta reseña escuchó a Hugo Chávez decir, en una visita a la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre), que al pueblo había que cuidarlo como hace un padre con sus hijos; que los venezolanos más pobres eran personas abandonadas, que con un poco de atención saldrían adelante. Era la visión del gobernado como desvalido y no como ciudadano.

Al finalizar la lectura de este libro queda la impresión de estar ante una especie de manual. No es un texto para leer de manera corrida y de una sentada (aunque se puede hacer), sino para el examen calmado de cada elemento que compone el nuevo SPV. Cada capítulo ofrece la historia de cómo gradualmente fueron desmontadas la institucionalidad y la cultura republicana de Venezuela en un área específica, lo cual permite profundizar en la comprensión de la estructura y el funcionamiento de los regímenes autoritarios. Pero no termina allí: casi todos los autores ofrecieron soluciones en pro del cambio hacia la democracia, para superar los defectos que trajeron al presente y eliminar nuevos obstáculos a la libertad y la prosperidad.


Carlos Balladares Castillo, profesor de las universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello.

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