Las finanzas del gobierno estadounidense son insostenibles a mediano plazo: el déficit presupuestario aumentará casi dos tercios en los próximos diez años. El reto de los grupos políticos que operan en el Congreso es evitar la materialización del déficit mediante cambios en las políticas de impuestos y gastos.
Las finanzas del gobierno estadounidense son insostenibles a mediano plazo. La proporción del déficit en el producto interno bruto (PIB) aumentaría de 5,6 por ciento en 2024 al 6,1 por ciento dentro de diez años, muy por encima del promedio de 3,7 por ciento de los últimos cincuenta años. Son cifras del reporte del 7 de febrero de 2024 de la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos (CBO, por su sigla en inglés).
El déficit presupuestario de Estados Unidos aumentará casi dos tercios en los próximos diez años —de 1,6 billones a 2,6 billones de dólares— debido principalmente al impacto del alza de las tasas de interés en el servicio de la deuda federal, que representa el 75 por ciento del crecimiento del déficit que se acumulará hasta el 2034. Para la CBO, la deuda pública estadounidense subirá de ciento por ciento del PIB en 2025 a 116 por ciento en 2034.
Cuando estas cifras se hacen públicas es natural que surja una preocupación generalizada, reforzada por el hecho de que ninguno de los potenciales candidatos a las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre incorpore en su oferta electoral medidas para cerrar el déficit fiscal; en particular, la más efectiva a corto plazo: la temida alza de impuestos.
Un presupuesto crónicamente deficitario aumenta la posibilidad de que en el Congreso sucedan repetidamente episodios en los cuales republicanos y demócratas se presionen unos a otros para acordar el límite del endeudamiento público. Estos procesos son desgastantes no solo por el temor a paralizar el funcionamiento del gobierno federal si no se llega a un acuerdo, sino también porque las concesiones de última hora tienden a concentrarse en la eliminación de ayudas que no gozan de la aceptación de todos los grupos de intereses, pero que son importantes para el bienestar de país (gastos en salud, seguridad social y educación).
Pero estas cifras no deben tomarse como realidades inamovibles. Se calculan sobre la base de acuerdos políticos vigentes en la actualidad que pueden cambiar según lo dicte la realpolitik.
La CBO da como cierto que la rebaja impositiva temporal dictada por Trump en 2017 (que expirará en 2025) no se renovará o que las restricciones al gasto público (incluidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2023) se mantendrán más allá de 2025. Es bueno recordar que esta ley se emitió para aumentar el límite de endeudamiento federal alcanzado en ese año. Tal vez el supuesto más grave y menos creíble que subyace a las proyecciones de la CBO es que el gobierno federal podrá seguir endeudándose a corto plazo y de manera permanente a niveles de tres por ciento.
Los acuerdos políticos que se requieren para revertir los pronósticos de la CBO obligan a los grupos políticos a aceptar medidas extremadamente impopulares y, en algunos casos, comportamientos económicos contraintuitivos. Un buen ejemplo de ellos es el aumento de los impuestos como mecanismo para cerrar brechas presupuestarias.
Los grupos liberales son propensos a proponer que tales alzas se apliquen exclusivamente a los ricos y suponen que, en ese caso, las consecuencias para el resto de la población son marginales. En la práctica, la excesiva concentración de tributos en los grupos más pudientes estimula la evasión fiscal y el traslado de capitales a lugares más amigables. Por ello el aumento de los impuestos debe extenderse a los niveles medios y bajos de la escala de ingresos para lograr que las recaudaciones sean más efectivas.
Hay también ideas muy arraigadas como la de que rebajar el impuesto a los ricos aumenta las inversiones y a largo plazo beneficia a toda la sociedad debido al aumento del empleo y de los impuestos sobre nuevas actividades económicas. Datos recientes muestran que, aun en situaciones de crecimiento económico, este efecto no es suficientemente robusto para compensar el deterioro de las finanzas públicas producto de la rebaja de impuestos.
Al final no es posible cerrar las brechas presupuestarias sin causar alguna crisis ni violar alguna cláusula del contrato social. La CBO y sus homólogas de países desarrollados son como las quirománticas que, al leer las cartas, advierten que inclinan, pero no determinan.
Carlos Jaramillo, director académico del IESA.
Este artículo se publica en alianza con Arca Análisis Económico.
Suscríbase aquí al boletín de novedades de Debates IESA
