Con el nombramiento de Kazuo Ueda comienza una nueva era para el banco central japonés. El gobierno pagará el precio de haber diferido durante muchos años los recortes necesarios, por mantener un costo de financiamiento ínfimo producto de una política monetaria ultraflexible.
Con el nombramiento de Kazuo Ueda el pasado 8 de abril de 2023 como presidente del Banco de Japón (BOJ, por sus siglas en inglés) comienza una nueva era para el banco central japonés. Desde los años noventa del siglo XX, el BOJ ha seguido una política monetaria ultraflexible basada en dos pilares: mantener tasas de interés negativas y controlar la curva de rendimiento.
Dado el endeudamiento público de la nación nipona, se consideró que la flexibilidad era necesaria. A diciembre de 2022, la deuda pública se encontraba en el orden de 9,8 billones de dólares, equivalentes a 263 por ciento del PIB, la mayor de cualquier nación desarrollada. El 43,3 por ciento de esta deuda estaba en manos del BOJ.
Por este endeudamiento Japón gastó el año pasado el 22 por ciento de su presupuesto anual en servicio de deuda, que incluye intereses y pago del principal de los títulos que se vencen, y podría subir a un 25 por ciento en 2025 si se mantienen las condiciones económicas actuales. A título de comparación, los gastos en infraestructura, defensa y educación representaron un quince por ciento del presupuesto nacional.
El Fondo Monetario Internacional advirtió a comienzos de 2023 que un alza súbita de las tasas de interés podría ocasionar un episodio de tensión financiera soberana. En un contexto de creciente inflación, el control de la curva de rendimiento se hace insostenible, y mientras más se retrase su liberación mayor será la distorsión en el mercado de bonos.
Dejar que las tasas de interés suban libremente obliga a hacer profundos recortes al gasto público; en particular, los pagos del sistema de pensiones, en un país donde los mayores de 65 años representan el treinta por ciento de la población. El señor Ueda deberá debatirse entre subir las tasas gradualmente —al costo de introducir distorsiones en los mercados financieros— o hacerlo más rápidamente, lo que aumentará el costo del financiamiento de los sectores público y privado, y el riesgo de reducir la calificación crediticia de la deuda soberana.
Si la curva de rendimiento subiese uno por ciento de manera uniforme para todos los vencimientos, el costo del servicio de la deuda pública aumentaría en 3,6 billones de yenes en el año fiscal 2026. Tal incremento representaría un esfuerzo equivalente al 66 por ciento del presupuesto de defensa del país en el mismo año.
Un viento de cola para que el nuevo presidente del BOJ pueda comenzar a promover un alza de tasas de interés viene dado por el hecho de que el primer ministro, Fumio Kishida, reconoce que la inflación requiere desmantelar la política monetaria ultraflexible. Desmantelar el control de la curva de rendimiento desestabilizará el mercado de bonos japonés a corto plazo, pues los inversionistas institucionales se volverán mucho más cautos al comprar estos instrumentos. Recuerde que al subir las tasas de interés los precios de los bonos caen.
El gobierno japonés pagará el precio de haber diferido durante muchos años los recortes necesarios del presupuesto nacional, por mantener un costo de financiamiento ínfimo producto de la política monetaria ultraflexible. La normalización de la política monetaria es inevitable porque, tarde o temprano, las fuerzas del mercado prevalecen.
Carlos Jaramillo, director académico del IESA.
Este artículo se publica en alianza con Arca Análisis Económico.
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