Un proyecto de ley para regular las actividades de la criptoindustria ha generado una interesante polémica en Estados Unidos. Poner al mismo nivel el bienestar de los pequeños inversionistas y los intereses de la criptoindustria, dentro de un concepto tan amplio como «innovación», no es un argumento fácil de digerir.
Recientemente, algunos miembros del Partido Republicano de Estados Unidos han introducido un proyecto de ley para regular las actividades de la criptoindustria. Como era de esperar, el solo hecho de plantear un marco regulatorio para el sector ha generado una interesante polémica, en la que se mezclan desde la definición de los productos sujetos a la ley hasta la intención de los legisladores que promueven ese proyecto.
El primer punto de discusión cada vez que se habla de regular la criptoindustria es la delimitación de las funciones de la Comisión Nacional de Valores (SEC) y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Los legisladores republicanos han propuesto cambiar la adscripción de algunos criptoactivos a la CFTC, por lo que este organismo tendría que apuntalar sus habilidades para supervisar mercados dominados por transacciones al detal.
Además de ampliar el papel regulador de la CFTC, se abre la posibilidad de que los actores del mercado hagan arbitraje regulatorio. Esto significa que registren sus productos con el regulador más benigno, en este caso la CFTC: simplemente deben afiliar sus productos a una cadena pública de bloques (public blockchain).
La SEC es una organización mucho más grande que atiende a una gama más amplia de usuarios que la CFTC. Por lo tanto, cualquier competencia que se reasigne a esta última requerirá fortalecimiento institucional.
Otro problema inherente a cualquier proyecto de ley de la criptoindustria es que este tipo de legislaciones queda obsoleto muy rápidamente, porque está muy ligado a la forma de operar de esta industria y su tecnología subyacente, que está en constante evolución. Ello requiere apertura a la posibilidad de revisar muy frecuentemente la legislación, con todos los costos políticos que esto implica. De más está decir que regular un sector cambiante siempre trae consigo la posibilidad de que surjan vacíos legales, a los cuales las instituciones reguladas suelen sacar mucho provecho.
La preocupación que pretende atender la SEC es controlar el conflicto de interés que surge cuando los grandes operadores de la criptoindustria funcionan, simultáneamente, como casas de cambio, corredores de títulos financieros, liquidadores, custodios y, en algunos casos, fondos de inversión. Buen ejemplo de lo que la SEC espera evitar es la repetición de situaciones como la bancarrota de FTX, la plataforma liderada por Sam Bankman-Fried, hasta finales de 2022 uno de los paladines de la regulación de este sector.
Los líderes de la criptoindustria tienen que luchar contra posiciones muy críticas. Por un lado están quienes sostienen que las criptomonedas, en particular, no terminan de mostrar su utilidad económica y que, en el fondo, no son muy diferentes de los juegos de azar. Por lo tanto, no deben ser reguladas por un organismo que se encargue de activos financieros.
Por otro lado, quienes apoyan a la SEC sostienen que el fin último de esta institución es proteger a los pequeños inversionistas, no cumplir un mandato dual, como pretenden los líderes de la criptoindustria, que aspiran a que la SEC sopese si sus reglamentaciones promueven o no la innovación.
Poner al mismo nivel el bienestar de los pequeños inversionistas y los intereses de la criptoindustria (encapsulados dentro de un concepto tan amplio como «innovación»), no es un argumento fácil de digerir. No es despreciable el hecho de que muchas innovaciones financieras del pasado pusieron los intereses de los innovadores por encima de los del público en general.
Para los líderes de la criptoindustria es de vital importancia que se apruebe un marco regulatorio en Estados Unidos, lo antes posible. Este es un paso fundamental para adquirir legitimidad. Los reguladores tienen muy claro que, al darse este paso, caerían las últimas barreras que separaban el criptosistema financiero del sistema financiero convencional, y el entramado resultante puede ser muy inestable.
La gran pregunta detrás de esta discusión legislativa es si, para la sociedad, vale la pena pagar los costos asociados a la consolidación de la criptoindustria.
Carlos Jaramillo, director académico del IESA.
Este artículo se publica en alianza con Arca Análisis Económico.
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