Un nuevo gobierno con una mayoría endeble le permitirá a Biden mostrar hasta qué punto sus habilidades como negociador funcionarán o no en su nuevo cargo. Un gran reto se encuentra en la relación con las grandes empresas tecnológicas.
Carlos Jaramillo / 19 de noviembre de 2020
En las próximas semanas los formadores de opinión en todo el mundo comenzarán a hacer sus pronósticos de lo que significará interactuar con el gobierno de Biden. Independientemente de los estilos personales tan contrastantes, entre el presidente saliente y el entrante, hay una serie de temas pendientes en la vida pública estadounidense que seguirán tratándose más o menos de la misma manera, sea cual fuere el inquilino de la Casa Blanca. Entre ellos se destaca el enfrentamiento del Estado con las grandes empresas tecnológicas.
Tanto republicanos como demócratas ven con recelo la cantidad de poder que las grandes empresas tecnológicas han acumulado en la última década. Para muchos, dividir estos conglomerados es una idea atractiva que complacería a numerosos grupos de intereses; pero puede ser peligrosa, pues le crearía al mundo político grandes fricciones con unos actores dueños de una enorme cantidad de recursos que usarían sin temor alguno para anular a sus enemigos.
Biden es considerado un centrista en el Partido Demócrata, y un político de larga experiencia en la búsqueda de consensos en el Congreso. Esta habilidad, aunque reconocida por muchos, no le ha ganado el respeto de sus copartidarios del ala izquierda.
Antes de quemar esfuerzos para dividir las empresas tecnológicas, para lo cual requiere controlar el Senado (variable que se definirá en enero de 2021, una vez que suceda la segunda vuelta para elegir dos senadores de Georgia), el presidente Biden podría apostar a promover reglas de juego más estrictas en temas como el uso de información recopilada en la red. Sin un Senado a su favor, es poco lo que Biden puede hacer para frenar a las grandes empresas tecnológicas.
Las empresas de tecnología avanzada generan importantes utilidades sobre activos intangibles domiciliados fuera de Estados Unidos (patentes, licencias, etc.), sobre las que no pagan impuestos hasta que las utilidades no se repatrian. Durante las elecciones, Biden prometió establecer un impuesto de no menos de 21 por ciento sobre estas ganancias. Al igual que en el caso de las leyes antimonopolios, estos incrementos de tasas de impuestos requieren una mayoría en el Senado para aplicarse.
Es muy posible que se haga una revisión de la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que exime de responsabilidad a las plataformas de las redes sociales sobre la veracidad de los contenidos publicados en ellas. Esta es sin duda un área donde republicanos y demócratas tienen plena coincidencia, por lo que armar una legislación que se ocupe del tema seguramente verá la luz en los próximos años.
Mientras haya un Congreso dividido, el cabildeo de las grandes empresas tecnológicas garantizará que sus modelos de negocios perduren. Sin embargo, los inversionistas con olfato deben estar muy pendientes de los cambios sociales que impulsan nuevas representaciones en los órganos legislativos.
La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca ocurre en un momento en el que el Partido Demócrata presenta grandes fisuras. Sus alas izquierda y derecha muestran posiciones encontradas sobre los grandes temas que afectan a la sociedad estadounidense: pobreza, insuficiente cobertura de salud, desigualdad de oportunidades y racismo.
Muchas reivindicaciones a las que aspiran los ciudadanos requieren grandes inversiones en programas sociales que forzosamente pasan por el aumento de impuestos federales y locales. Las inversiones no pueden diferirse, y el precio de hacerlo sería propiciar la violencia con la que el presidente Trump asustaba a los votantes de los suburbios. Cambia el presidente, pero no los problemas.
Carlos Jaramillo, director académico del IESA.
Este artículo ha sido publicado en alianza con Arca Análisis Económico.
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