En el Congreso de Estados Unidos se ha comenzado a discutir un proyecto de ley cuyo objetivo último es proteger a los inversionistas sin coartar el crecimiento de las criptomonedas. Tratarlas como títulos financieros facilitaría la supervisión de esta familia de activos, la emisión de nuevos productos y la provisión de coberturas en casos de fraudes.
La caída de FTX, la conocida plataforma de intercambio de criptomonedas, ha acelerado la discusión sobre el alcance que debe tener la regulación de tales instrumentos: sin un marco regulatorio confiable, dejarán de ser una opción de inversión viable, debido al alto riesgo sistémico que pueden ocasionar.
La batalla por la regulación de las criptomonedas tiene entre sus múltiples frentes el Congreso de Estados Unidos. El Comité de Banca del Senado (CBS) comenzó en febrero de 2023 a discutir los puntos más controversiales de un futuro proyecto de ley cuyo objetivo último es proteger a los inversionistas, sin coartar el potencial crecimiento de esta familia de activos.
El senador Sherrod Brown, de Ohio, presidente de este comité, propone como punto de partida aplicar a las criptomonedas los mismos límites que existen en las finanzas tradicionales, para evitar conflictos de intereses. Si este enfoque prospera, no podrán existir compañías que actúen simultáneamente como creadores de mercados (market makers) y corredores (brokers) por cuenta de clientes finales; práctica muy común en la actualidad y fuente potencial de conflictos de intereses.
En la primera sesión del CBS se invitó a un conjunto de especialistas para recopilar impresiones generales sobre la regulación de las llamadas criptomonedas estables (stablecoins), la criptoindustria bancaria, la pertinencia de crear una organización autorreguladora surgida del seno de esta industria y la relación que debe existir entre la Comisión Nacional de Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). El hecho de que no exista un consenso sobre la naturaleza de las criptomonedas —algunos las consideran activos, para otros son instrumentos financieros (como acciones o bonos) y los más audaces las conciben como materias primas virtuales— introduce un elemento adicional de complejidad, pues la clasificación define cuál es el organismo regulador.
Para algunos, al no ser instrumentos derivados, es la SEC la que debe regular las criptomonedas, y no la CFTC, que se ocupa de los contratos con vencimiento a plazos superiores a 24 horas. Si los criptoactivos se consideran títulos financieros en lugar de productos básicos (commodities), la SEC podría supervisar sus plataformas de intercambio, que hoy están fuera de la jurisdicción del gobierno federal.
Los emisores de estos instrumentos podrían obtener del regulador pautas claras para comercializar sus productos. Esto facilitaría el desarrollo de instrumentos novedosos, de interés para inversionistas institucionales, que hoy no invierten en criptomonedas debido a la falta de vehículos de inversión que cuenten con la bendición de un organismo regulador competente.
Si las plataformas de intercambio de criptomonedas pudiesen ofrecer servicios de custodia, sus clientes podrían disfrutar de la cobertura contra fraudes que hoy ofrece la Corporación para la Protección de Inversionistas en Valores (SIPC), que cubre siniestros hasta por 500.000 dólares. Esto habría permitido proteger a algunas víctimas de la quiebra de FTX, como lo hizo con las víctimas de Bernard Madoff. Al otorgar a la SEC potestades supervisoras sobre las criptomonedas estables, se podría exigir a los emisores de tales instrumentos mantener las reservas de garantía que dan estabilidad a sus precios en efectivo o en bonos del Tesoro.
A medida que se desarrollen las sesiones del Comité de Banca del Senado podrán identificarse con más claridad los grupos de intereses que pretenden dar forma a este segmento de la industria financiera. Sam Bankman-Fried, fundador de la fallida plataforma de intercambio FTX, cometió grandes errores, pero tuvo una visión muy clara (aunque mal encausada): tratar de asegurar legitimidad para los criptoactivos al insertarlos en un marco regulatorio confiable.
Carlos Jaramillo, director académico del IESA.
Este artículo se publica en alianza con Arca Análisis Económico.
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