Conversación con Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria.
En 1996 había en Venezuela cerca de 12.700 empresas industriales. En 2007, cuando se efectuó el último censo industrial, sobrevivían 5.600. El país tiene ya ocho años de un prolongado silencio estadístico que confirma, en los hechos, el agravamiento de la desindustrialización y la escasa valoración que en la planificación oficial padece la iniciativa privada.
El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales es un fiel creyente en los beneficios de la agremiación. Por tal razón, cuando muchos empresarios se desmarcan de toda sospecha de activismo político e intentan negociar directamente con los organismos del gobierno la aprobación y entrega de divisas, Juan Pablo Olalquiaga llama la atención sobre la urgencia de que el sector privado actúe de un modo mancomunado y se esfuerce para influir en la opinión pública.
Convencido de que el silencio y el miedo son formidables enemigos del país y del empresariado, Olalquiaga no se oculta en divagaciones para mencionar las muchas causas del progresivo proceso de desindustrialización que sufre Venezuela: la excesiva duración del control de cambio, la alta inflación, la inseguridad jurídica, el aumento de los pasivos laborales y la ausencia de una política crediticia dirigida al sector industrial. Pero el presidente de Conindustria no se limita a denunciar los problemas. Desea también plantear soluciones. Por ello accedió a conversar acerca del país y los industriales con Ramón Piñango, Virgilio Armas Acosta y Rafael Jiménez Moreno de Debates IESA.
¿Cómo se acercó a la vida gremial?
En 1984 fundé mi empresa. Era la época de las delegaciones y las exoneraciones fiscales. Estos beneficios sólo se podían conseguir por intermedio de los gremios. Por eso me inscribí en Asoquim, la Asociación Venezolana de la Industria Química. Con el tiempo me invitaron a participar como director. En ese cargo pude ampliar mis conocimientos acerca de las necesidades operativas de las empresas, en aspectos tales como la obtención de divisas y el acceso a los permisos para químicos controlados.
Cuando llegué a la presidencia de Asoquim empecé a asistir al directorio de Conindustria. Con frecuencia se magnifica la importancia de Conindustria en el plano de la vida nacional. A mí mismo me pasó: pensé que la institución gozaba de una influencia tal que facilitaría el diálogo con personeros del gobierno, para alcanzar políticas concertadas.
¿Y no es así?
Eso fue así hasta 1998, cuando la dirección de Conindustria se reunía con los funcionarios del Ministerio de Fomento. Conindustria llegó incluso a contar con comisiones que se correspondían con las diferentes direcciones internas del Ministerio de Fomento; una circunstancia que facilitó el diseño y la adopción de políticas públicas en el área de la economía. Pero, con la llegada del gobierno revolucionario, todo cambió radicalmente. La realidad actual está signada por el distanciamiento. Hoy Conindustria no cuenta con mecanismos de diálogo o discusión con el gobierno revolucionario. Es la verdad.
¿Cuál fue el último contacto de los gremios empresariales con el gobierno?
En el año 2012, cuando disminuyó drásticamente la cantidad de dólares para pagar las importaciones, hubo una suerte de acercamiento. El gobierno revolucionario, por intermedio del Ministerio de Industria, acudió a los gremios y cámaras industriales para recabar información de las empresas afiliadas y sus respectivas capacidades productivas. El objetivo en ese entonces era identificar aquellos productos que se podían producir en Venezuela, para aminorar las solicitudes de dólares e impulsar la producción nacional. Al menos ese fue el discurso.
Durante ese tiempo el Ministerio de Industria reveló una enorme incapacidad para recoger información. Fueron los meses del Sistema Integral de Gestión para la Industria y el Comercio (Sigesic), creado en abril de 2012 para recopilar y sistematizar, de una manera totalmente desagregada, toda la información concerniente al sector empresarial venezolano. Fueron muchas las fallas técnicas que impidieron que el Sigesic fuese implementado, a pesar de venir precedido de tantas reuniones para explicar cómo funcionaba. Gracias al experimento fallido del Sigesic, las cámaras sectoriales llegaron a retomar la comunicación con el gobierno revolucionario, específicamente con el Ministerio de Industria.
¿Cómo está organizada Conindustria?
Conindustria agrupa 14 sectores productivos y 44 cámaras. Cada cámara tiende a tener una estructura interna basada en subcomisiones. En el caso de Asoquim, por ejemplo, existe la Subcomisión de Pintura, en la que participan activamente los fabricantes de pintura, que deben aportar datos sobre el uso final de su producto. También está la Subcomisión de Resina Plástica, que llegó a tener en algún momento presencia del Estado, mediante industrias públicas como Pequivén; sin embargo, con la llegada de Chávez al poder, todas las empresas públicas terminaron por retirarse. Otra instancia es la Subcomisión de Pegamento. Hay muchas.
El caso de Asoquim no difiere mucho de las otras cámaras empresariales. Hubo un momento en que su tejido institucional se debilitó, como consecuencia de que muchas empresas se desafiliaron o dejaron de participar activamente en la vida gremial, para ocuparse en negociar directamente con el gobierno. En la década de los años ochenta, en la época de Recadi, Asoquim llegó a tener un número histórico de 250 empresas afiliadas. Con los años tal cantidad disminuyó hasta alcanzar una base de afiliados de 90 empresas. A partir del año 2009 hubo una recuperación. Hoy hay alrededor de 203 empresas. Estos datos señalan que en el sector químico no han desaparecido tantas empresas como en otros sectores productivos.
El principal fenómeno que se ha registrado en el sector químico ha sido la conversión de empresas industriales en empresas importadoras, principalmente como resultado del cierre de las líneas de producción. Por supuesto que hubo empresas que desaparecieron.
El desprestigio del trabajo
¿Cuál es la circunstancia actual que afecta más a los industriales?
Es evidente que Venezuela tiene un problema con la tasa de cambio. En la medida en que se subsidia la tasa de cambio siempre resulta mejor traer mercancía que producirla. A partir de la entrada en vigencia del control de cambio hubo un abaratamiento de las importaciones
Al industrial venezolano, además, le han incrementado el peso financiero de la nómina de trabajadores. También le han subido el precio de los insumos y de los repuestos. La estructura de costos se dispara, pero se mantiene la tasa de cambio, y no se mueve por años. Si a esto se agrega una alta inflación interna, la consecuencia principal es que nuestros productos resultan mucho más costosos, si se les compara con los productos hechos en el extranjero.
La competitividad comercial de un país exige una correspondencia proporcional entre el deslizamiento de la tasa de cambio y la inflación. Lo ideal es contar con una tasa de cambio ajustada al mercado o ligeramente subvaluada, tal como lo hacen los chinos.
¿Es fácil que vuelvan a producir las empresas que se hicieron importadoras?
No. En verdad, le resultará muy difícil al país, por ejemplo, reactivar la enorme cantidad de empresas cerradas que hay en la zona industrial de Valencia.
¿Cuántas empresas industriales han desaparecido?
Según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, en 1996 había cerca de 12.700 empresas industriales. Y para 2007, el último año en que se efectuó el censo industrial, quedaban 5.600. Desde esa fecha hasta la actualidad ha continuado el cierre de empresas e industrias, pero no existen datos oficiales al respecto. Ni Conindustria ni las cámaras empresariales regionales llevan registro de este fenómeno.
¿Desaparecieron única y exclusivamente por culpa del Estado?
En mi opinión, desaparecieron por la ausencia de muchas cosas necesarias para mantener a flote la actividad productiva y hacer posible la condición competitiva. La tasa de cambio es un factor muy importante al analizar el declive de la capacidad industrial de nuestro país, pero otro aspecto dañino ha sido el clima de permanente inseguridad, de incertidumbre.
La falta de estabilidad durante la reciente etapa de nuestra historia contemporánea ha llevado a empresas trasnacionales, como por ejemplo Procter & Gamble, a mudar sus operaciones a otros países de la región andina. Aquí en Venezuela hubo cinco grandes fábricas de tubos de aluminio colapsibles, que son los tubos que se emplean para envasar las pastas dentífricas. Hoy en día hay dos.
De todas las perspectivas desde las cuales se puede analizar el problema de la inseguridad, ¿cuál resulta más preocupante?
Una fuente importante de incertidumbre se refiere a los derechos de propiedad. ¿Quién va a invertir en Venezuela cuando no hay respeto por la propiedad privada? Todos hemos escuchado la amenaza del presidente Nicolás Maduro: «Fábrica parada, fábrica tomada». Y esta amenaza es muy creíble, porque el gobierno ha expropiado a la fecha más de mil empresas.
¿Si se corrige la tasa de cambio y se garantizan los derechos de propiedad el mandado está hecho?
Faltaría solucionar el aspecto laboral, el cual tiene que ver no solo con los salarios y el peso financiero de los pasivos laborales, sino también con la ausencia de una política de adiestramiento de la mano de obra. El éxodo de cientos de miles de trabajadores técnicamente capacitados es un duro golpe para nuestro país, porque no pueden ser sustituidos de un modo inmediato.
¿Y en cuanto a la capacitación de los trabajadores de planta?
En mi opinión, en los trabajadores más humildes ha habido todo un cambio en su cosmovisión de las relaciones laborales. Anteriormente, la empresa industrial era vista como un lugar donde se entraba sin muchos conocimientos técnicos, se acumulaba saber y experiencia, y se ascendía en una escala de reconocimiento profesional. Allí se obtenía un mejor pago, pero también se adquirían mayores responsabilidades. En la Venezuela de sostenido crecimiento económico, la posibilidad de conseguir un trabajo en una empresa industrial era vista por el trabajador y su familia como una oportunidad de movilidad social. Además, podía disfrutar de beneficios socioeconómicos, como las pólizas de seguro dispuestas por convención colectiva, de las que jamás disfrutaría en empresas públicas. Fue la misma época en la que el Estado venezolano concientizó la necesidad de crear focos de desarrollo. Fundó las empresas básicas en el estado Bolívar y mudó una parte de la zona industrial de Caracas a las regiones de Aragua y Carabobo. Se produjo entonces una ampliación de la base industrial de la sociedad venezolana, que alcanzó su esplendor a principios de los años ochenta del siglo XX. Ya para 1983 la decadencia industrial había comenzado. Y se acentuó a partir de 1998.
Ahora la cosmovisión de los trabajadores más jóvenes y menos preparados es otra, muy diferente. Ya no sienten que la movilidad social se alcance mediante un puesto de trabajo en una empresa industrial. Piensan que no van a tener un sueldo competitivo y que no gozarán de prestigio social. Además, hay otro aspecto: las asimetrías introducidas por la legislación en las relaciones laborales han favorecido fenómenos de extorsión en las empresas, de descomposición moral.
¿Un ejemplo?
Abundan los casos de personas que logran entrar en una empresa, para luego convertirse en un factor de perturbación y negociar posteriormente una salida con liquidación doble o triple, incluso más. A un amigo empresario un trabajador le dijo: «Tú me pagas cuatro veces mis prestaciones y yo me voy. De lo contrario, no hablamos». Las actuales leyes laborales han creado una situación absolutamente surrealista: se gana más si se extorsiona a un empresario que si se trabaja en una planta industrial. Y este es el cambio de cosmovisión: ya para vivir bien no hace falta trabajar. Son proyectos de vida signados por el corto plazo.
El problema educativo se ha venido agravando. Cada día tenemos menos gente preparada profesional y técnicamente. El éxodo de los más capacitados ha venido dejando a las empresas con puestos de trabajo vacantes y con perfiles de alta exigencia. En cuanto a los muchachos egresados del Inces notamos que, si bien no se encuentran tan ideologizados como pudiera creerse, no poseen un buen nivel académico. Su preparación no es tan buena como la de los egresados del anterior Ince.
La buena noticia
¿Qué queda del sector empresarial en Venezuela?
Para este año 2015 lo que va quedando es realmente muy poco. La encuesta «Coyuntura» de Conindustria, del segundo trimestre, reveló que las empresas industriales están trabajando por debajo del 48 por ciento de su capacidad de producción histórica. Este dato es mucho peor en el caso de las empresas industriales del sector de autopartes, que están trabajando alrededor de 35 por ciento de su capacidad de producción.
Conviene aclarar que la capacidad de producción histórica no corresponde a la noción de «capacidad instalada», equivalente al tope de producción de una empresa al momento de alcanzar su máxima eficiencia operativa. En Venezuela, la eficiencia operativa industrial no se alcanza desde hace muchos años. Aquí producimos muy por debajo de la capacidad instalada, por la ausencia de incentivos para la inversión y la actualización tecnológica.
Pero aparte de aspectos como la libre convertibilidad de la moneda, la seguridad jurídica, la flexibilidad laboral y el abatimiento de la inflación, hay que mencionar la importancia de diseñar una política de financiamiento de largo plazo para la creación de nuevas empresas y el fortalecimiento de las industrias existentes. En la Venezuela de la cuarta república existían dos organismos públicos encargados del financiamiento industrial de largo plazo: Corpoindustria, enfocada en préstamos a siete años, con bajas tasas de interés, a pequeñas y medianas empresas; y el Fondo de Crédito Industrial (Foncrei), que actuaba como banca de segundo piso. La banca privada, por su parte, tenía instrumentos de ahorro de largo plazo, llamados «cédulas hipotecarias», que le permitían aprobar créditos de largo plazo, por no ser tan vulnerables a los vaivenes de la economía. En la actualidad es imposible pensar que un banco privado te preste a tres años. Y de hecho, cuando una empresa obtiene un préstamo a doce meses, se puede decir que se apuntó tremenda proeza, porque el lapso promedio para el pago de un crédito es de seis meses. Es una de las consecuencias de la inflación.
¿Y cuáles instituciones de financiamiento industrial existen en la actualidad?
Ninguna.
El cuadro entonces es terrible. Casi no hay lugar para la esperanza…
Toda situación puede verse desde una óptica optimista o una óptica pesimista. El otro día cené con un diplomático colombiano. Durante la comida me comentó: «Venezuela ha llegado a un punto que, como país, debe reconstruirse desde cero. Y eso representa una ventaja, porque el gobierno puede diseñar políticas orientadas al largo plazo».
¿Esa es la buena noticia?
Sí, esa es la buena noticia.
Algunos expertos predicen para Venezuela, a mediano plazo, un largo período de escasez, porque aquí ya no se produce casi nada y, además, el Estado no cuenta con divisas suficientes para importar lo que se necesita.
Es imposible pensar que un país importe todo lo que su población y sus empresas requieren. Sin embargo, la prolongada bonanza petrolera produjo el espejismo de la economía de puertos. Durante ese tiempo, y esto es bueno precisarlo, el país se benefició de que había un sector privado que al producir determinados bienes disminuía la presión sobre las divisas, dado que no existía la urgencia de importarlo todo, como lamentablemente ocurre en nuestros días. La diferencia entre el dólar oficial y el dólar negro no era tan grande, y el incentivo del arbitraje monetario era menor. Pero en la Venezuela de finales de 2015 hay un drástico recorte de la capacidad de producción interna y la economía es mucho más dependiente de la importación de productos terminados.
Nadie pide proteccionismo
¿Cuáles actividades industriales pueden reactivarse rápidamente? ¿La construcción?
El sector de la construcción produce empleo a corto plazo. Eso es verdad, pero una reactivación del sector pasa por la privatización de las empresas del sector cementero; porque, obviamente, se necesita cemento para construir. Algunas minas aún permanecen activas.
Lo importante, en todo caso, es no perder de vista que, cuando existen los incentivos económicos adecuados y el capital cuenta con suficientes garantías, muchas actividades industriales pueden reactivarse de inmediato. Por experiencia puedo afirmar que en la industria química hay muchas cosas que pueden retomarse con rapidez.
Para que Venezuela logre la plena reactivación de su sector industrial necesita un tejido de servicios que no existe en la actualidad. Este tejido de servicios incluye, entre otros aspectos, un amplio inventario de repuestos. Cada vez son más las empresas que tienen que detener su operación por no poder reponer una pieza dañada de una maquinaria.
¿Pero la sobrevaluación de la moneda no hizo más fácil importar máquinas para el sector industrial?
Sí, por supuesto. De hecho hubo personas que trajeron máquinas en un entorno nacional de desindustrialización. En muchos casos fue un error, porque no hay que olvidar que las ganancias de un industrial no provienen de traer al país una máquina para producir bienes que no son competitivos. Las ganancias se derivan del crecimiento de las ventas. Por eso, la inversión en divisas se orientó más hacia la importación de productos terminados de gran demanda en Venezuela, en lugar de la compra de equipos y máquinas de última generación para sectores productivos en recesión. Con los años, al ampliarse la brecha entre la tasa oficial de cambio y la tasa del mercado negro, nos convertimos en un país cuya principal actividad económica es el arbitraje.
¿Una política de incentivos no implica un retorno a las prácticas proteccionistas del pasado?
Cuando menciono los incentivos no me refiero a una suerte de «proteccionismo neto», sino a la garantía constitucional e institucional de invertir en un negocio, efectuar una planificación financiera y operativa, y obtener una ganancia acorde con los riesgos asumidos. Ni siquiera estoy planteando incentivos tributarios o arancelarios. Es simplemente que se respeten los ciclos propios de la actividad empresarial.
Hay quienes afirman que la industria venezolana es una industria de ensamblaje.
En mi criterio, la industria venezolana ha venido perdiendo progresivamente su capacidad de producir con valor agregado.
¿Desean los gremios empresariales participar en el debate político, influir en la opinión pública? ¿Deben hacerlo?
Existe un temor muy fuerte de involucrarse en el debate político o en la actividad política. Es un trauma asociado, sin duda alguna, con los episodios del año 2002 y el papel que tuvo ese año Pedro Carmona Estanga. Es un temor que impide distinguir entre la política partidista y la política de asuntos públicos. Yo no comparto tal postura, porque pienso que en la medida en que los industriales hablen únicamente con otros industriales pierden cualquier posibilidad de influir en la opinión pública.
El futuro le impone a Venezuela el desafío de volver a ser un país industrial. Es obligatorio. Visto con simplismo es un asunto de balanza de pagos: aquí ingresa mucho menos de la cantidad de dólares requerida para comprar todos los productos terminados que necesita la población. Es pues imperativo hacer cosas en Venezuela. Hay que superar la creencia que sobrevalora lo importado y denigra lo nacional, así como la crítica irreflexiva que pretende ver en las políticas de fomento industrial una medida «proteccionista», que favorece a productores ineficientes y niega a los consumidores el acceso a mercancía importada de calidad. Mi mayor aspiración es que la voz de los industriales sea escuchada y respetada, que influya en el debate nacional y sea tomada en cuenta al diseñar las políticas públicas en Venezuela.
¿Alguna instancia del gobierno ha intentado silenciarlo o sugerirle que debe bajar el tono de sus declaraciones?
No.
¿Por qué insistir en esta lucha?
Porque creo que estamos en el proceso de salida de esta involución histórica. Esta dura experiencia de centralización, de anarquización, de reducción de la esfera privada, ha puesto de manifiesto que las soluciones requieren un régimen de amplias y garantizadas libertades. Las libertades nos van a proveer muchas oportunidades.
Esta entrevista se publicó originalmente en la edición octubre-diciembre de 2015.
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