Conversación con Mercedes Eleta de Brenes, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa.
Para la presidenta del gremio de los ejecutivos, en Panamá está pendiente reconstruir la confianza entre el Estado y el sector privado, ampliar las posibilidades de las alianzas público-privadas y realizar una profunda reforma del sector público. El objetivo es mejorar la competitividad del país.
Nunzia Auletta: Las más recientes cifras sobre la economía panameña muestran un crecimiento económico que supera el 3 por ciento, con importantes diferencias sectoriales: desde 8,4 por ciento en el sector agropecuario hasta 1,2 por ciento en servicios financieros. ¿Qué opinión le merecen estos resultados y qué se puede hacer para lograr un impulso más homogéneo?
Mercedes Eleta de Brenes: En los últimos años, y sobre todo en el último año del gobierno de Varela y con la finalización de la ampliación del canal, ha habido una desaceleración económica importante. Llegamos a tener hasta un once por ciento de crecimiento, y el año pasado estuvimos por debajo de cuatro. Eso tiene mucho que ver con un montón de factores internos y externos, que se solapan entre sí. Por ejemplo, la guerra comercial entre China y Estados Unidos o la situación en Venezuela y otros países de la región, los potenciales resultados económicos de la ampliación del canal o el crecimiento de la zona libre de Colón, con la consecuente desaceleración. No debemos olvidar que Estados Unidos es nuestro primer usuario del canal y China el segundo, y desempeñamos un papel importante de conector entre ambos. Si ellos entran en conflicto y reducen su intercambio comercial, lo vamos a sentir, así como sentimos la desaceleración de la economía europea y la inestabilidad de algunos países latinoamericanos. Hoy estamos viendo una especie de «tormenta perfecta».
¿Qué paso con los demás sectores de la economía?
El 85 por ciento de nuestro PIB se produce en la zona interoceánica, entre Panamá y Colón, y está íntimamente ligado al canal de Panamá y la ruta de comercio. Eso es lo que más derrama en la economía, al igual que la construcción, y en esos rubros hemos tenido definitivamente un decrecimiento muy importante. En los servicios financieros nos hemos visto afectados por la situación de las listas grises, que han levantado problemas de transparencia y frenado el crecimiento espectacular que llevábamos. En cambio, en servicios de logística se ha logrado un crecimiento importante, que agrega mayor valor al tránsito tradicional. Otros sectores, como el agro, se desarrollan en el interior del país y, aunque su crecimiento sea una buena noticia, estamos hablando de un sector muy pequeño —alrededor de dos por ciento del PIB— con mucho trabajo por hacer. Los indicadores de productividad del agro panameño se encuentran entre los más bajos de la región.
«Necesitamos mejorar el sistema de educación, el código laboral y otros factores que inciden en la competitividad del país»
A la luz del nuevo gobierno, ¿Cuáles son las expectativas del sector empresarial?
Hay un descontento importante con el desempeño económico de la gestión del expresidente Varela y aún no tenemos claro, porque no se ha comunicado de una manera formal, cuál ha sido la situación de las finanzas públicas que encontró este nuevo gobierno. Entendemos que hay una deuda interna a proveedores que puede rondar los 1.700 millones de dólares.
Es una cifra importante, que puede quitarle oxígeno al sector privado. ¿Cómo puede resolverse esta situación?
Es necesario reconstruir la confianza entre el Estado y el sector privado, y hacerlo con sentido de urgencia. Sin duda, el ministro de Economía y Finanzas, el doctor Héctor Alexander, es una persona que goza de la confianza de los panameños. Es un hombre íntegro, honesto, probado, un economista de trayectoria, que le ha dado prioridad a solventar esta situación. El mismo presidente Cortizo dijo que al cumplir los cien días se habían hecho desembolsos por 500 millones de dólares. Entiendo que se han activado créditos internacionales hasta por dos mil millones de dólares para hacer frente a esa deuda, de una manera expedita que pueda ayudar a reactivar la economía. Hay muchos proveedores grandes y pequeños que prestaron sus servicios sin ser compensados de acuerdo con sus contratos, lo que los puso en una situación financiera muy precaria.
En esta reconstrucción de la confianza, ¿cómo ve usted la propuesta de las alianzas público-privadas y qué impacto pueden tener?
Definitivamente, las alianzas público-privadas son un vehículo mediante el cual podemos seguir creciendo y haciendo obras que el gobierno nacional no puede enfrentar por su cuenta; por el endeudamiento que tiene, el techo de la deuda, y por unos ingresos fiscales mucho menores que los proyectados por el gobierno del expresidente Varela. Las alianzas son una buena base para estimular inversión nueva; sin embargo, no van a producir el resultado esperado si antes el gobierno no honra la deuda interna con los proveedores.
¿En cuáles sectores vería usted más provechosas las alianzas público-privadas?
Las mayores oportunidades están en infraestructura; de hecho, el champion de la ley ha sido el ministro de Obras Públicas. Nosotros, como sector privado, sentimos que hay otro espacio muy importante donde pudiese haber oportunidades, pero nos preocupa que la ley excluyera de sus beneficios a sectores que han debido ser incorporados.
«Nuestra burocracia es enorme, paquidérmica, y termina por ser un factor inhibidor de la inversión y el crecimiento»
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, en educación hubiese habido una enorme posibilidad de hacer alianzas público-privadas (APP). Hay sectores que han sido exceptuados de la nueva ley de APP por consideraciones políticas —por los sindicatos y gremios que trabajan en ella— y es realmente una oportunidad que se pierde si no se pueden incorporar al proceso. Nos preocupa, porque consideramos que si las APP son buenas para un sector deben ser buenas para todos, y era una oportunidad de atender necesidades urgentes del país; por ejemplo, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales requiere una inversión enorme y una modernización y reestructuración profunda. La caja del seguro social también es deficitaria en su programa de vejez, invalidez y muerte, y habría podido beneficiarse de esa oportunidad.
¿Cree usted que esta relación entre Estado y sector privado puede cambiar la dinámica de los negocios en Panamá? Si es así, ¿cuál sería el papel de los integrantes de Apede en ese cambio?
En Apede representamos individuos y no sectores, pero hay un asunto que debe ser revisado para lograr el mayor impulso posible. Panamá ha seguido cayendo en los índices de competitividad: tenemos una bajísima productividad y necesitamos atender la modernización del Estado, la desburocratización. Nuestra burocracia es enorme, paquidérmica, y termina por ser un factor inhibidor de la inversión y el crecimiento. Entonces, es urgente la modernización del Estado, la digitalización, la transparencia de la gestión pública, que actúe realmente contra la corrupción y la discrecionalidad. O realmente modernizamos la gestión pública o todo el esfuerzo va a ser limitado. No es solamente el impulso que le imprima el mundo empresarial, sino también la facilitación que proporcione el gobierno para invertir.
¿Cuál sería el papel del sector empresarial en la modernización del Estado?
El sector privado —impulsado y coordinado por Apede y amparado por el Conep [Consejo Nacional de la Empresa Privada], que es la cúpula empresarial— ha emprendido una iniciativa que hemos llamado Visión País 2050. Es un ejercicio de creación de consenso, de construcción de acuerdos para trazar una ruta hacia el año 2050, en los grandes ejes verticales y transversales. El eje fundamental, para lograr realmente el desarrollo sostenible, es la modernización del Estado. Sin embargo, hace falta voluntad política. Podemos insistir, exigir, lo hacemos, pero depende del sector público y del ejecutivo asumir el elevado costo político que esto puede generar. Implica meterse con sectores gremiales, sindicales, que tienen, según su léxico, «conquistas laborales» que atentan contra el desarrollo sostenible del país. Por ejemplo, Panamá necesita una reforma del código laboral. Tenemos un código laboral de los años setenta que es totalmente inoperante, que produce rigidez en la contratación y perjudica a los trabajadores, genera más desempleo que empleo, porque necesita adecuarse a los retos de los empleos que hoy surgen.
¿Cómo pueden enfrentarse estos cambios en los perfiles de los empleos?
La prioridad es la educación. Tenemos un gravísimo problema de desarrollo de talento y capital humano. Es un problema educativo serio. Aunque existe un compromiso nacional por la educación, y todo está dicho y plasmado en papel, del dicho al hecho hay un enorme trecho que implica cambios profundos, que requiere voluntad política.
¿Cuáles son los inhibidores de la inversión que deben ser superados?
Ante todo necesitamos reglas de juego claras y acordes al objetivo de facilitar la inversión. Un tema clave es la seguridad jurídica, que supone la modernización de la justicia. Igualmente, tenemos que reformar el ejecutivo, para modernizar y hacer transparente la gestión pública. Necesitamos mejorar el sistema de educación, el código laboral y otros factores que inciden en la competitividad del país. Debemos mirar el problema de una manera holística y entender que nos encontramos en un mercado global cada vez más competido y complejo.
¿Cómo avizora la relación público-privado en los próximos años?
No hay forma de trabajar aisladamente: lo que hace uno impacta al otro. Debemos colaborar para desarrollar el talento que se incorpora, cada vez mejor educado, mejor preparado para hacer frente a los retos reales, que no son los retos políticos. Contamos con una plataforma importante que es el Centro Nacional de Competitividad, en el que convergen el sector público y el sector privado. Necesitamos elevarnos, para hacer un diagnóstico de lo que se ha logrado, y a la vez aterrizar ese diagnóstico con una mirada técnica, para identificar soluciones técnicas y buscarles viabilidad política. Tenemos un montón de medidas impostergables, desde hace quince años. Llegó la hora de tomar las medidas necesarias para el desarrollo sostenible de Panamá.
