Cuando comenzó a plantearse que Xi Jinping se religiese para un tercer período, no tardaron en aparecer las advertencias de un impacto económico negativo por los comportamientos arbitrarios y corruptos de su círculo más cercano. El mayor desafío del gobierno chino es ganarse la confianza del sector empresarial, como ocurre en la mayoría de las economías emergentes.
Aunque el nuevo período presidencial de Xi Jinping apenas comienza, la economía china muestra señales de estrés, atribuibles no solamente a las luchas de poder, sino también a una serie de decisiones del pasado. Su propósito era fortalecer un modelo económico orientado a las exportaciones, pero dejan de tener sentido cuando se decide que el nuevo motor del crecimiento será el mercado de consumo interno.
El país se ha visto sacudido por una caída del comercio, una desaceleración del gasto de los consumidores, una represión del sector privado y restricciones económicas impuestas por Estados Unidos. A estas desgracias se suman las preocupaciones por la salud del mercado inmobiliario nacional después de que Country Garden, uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios del país, incumpliera los pagos de su deuda financiera.
La visión del mundo que promueve el presidente Xi es sinocéntrica, por lo que su acción política está orientada a fortalecer el control interno del país, y pone menos atención a los impactos internacionales de sus decisiones. Por ello en las últimas semanas ha hecho explícita la política de ocultar información económica negativa —como la tasa de desempleo juvenil— para aumentar la confianza interna, a sabiendas de que los inversionistas extranjeros dan una pésima lectura a este tipo de acciones.
Xi espera que las empresas propiedad del Estado lideren el crecimiento económico y acepta un sector privado pujante, siempre y cuando no ponga en peligro la preponderancia del Partido Comunista. Para el sector privado operar en el contexto definido por Xi es muy complicado, porque no es obvio cuándo el modelo económico de un sector comienza a entrar en contradicciones con la visión del partido.
El régimen del presidente Xi tiene el problema de que una porción importante del sector privado, y de los hogares, parece haber perdido la confianza en las políticas del gobierno central y su capacidad para guiar la economía en medio de los crecientes desafíos internos y externos. Tal desconfianza se traduce en una reducción tanto de la inversión privada como del consumo de los hogares.
La población china tiene altas tasas de ahorro, porque no confía en las redes de seguridad social. Parte de este ahorro se dirige al sector inmobiliario, pilar de la economía durante varias décadas, que representa casi una cuarta parte del producto interno bruto anual.
Así como la vivienda constituye una fracción sustancial de la riqueza de los hogares, la venta de terrenos es una fuente clave de ingresos para los gobiernos locales. La abundante oferta de terrenos urbanizados y de crédito a la construcción por parte de los bancos del Estado, ha creado un parque inmobiliario que excede en muchos casos la demanda habitacional y transformado las viviendas en vehículos de inversión de naturaleza especulativa.
El gobierno chino se ha visto obligado a frenar la especulación inmobiliaria: ha regulado la oferta crediticia, puesto límites a la compra de segundas y terceras viviendas, regulado los precios de la vivienda en algunas ciudades y limitado la oferta de terrenos municipales urbanizables. Estas medidas han introducido gran volatilidad en el sector de la construcción, y ocasionado pérdidas a todos los actores participantes.
Reducir la desigualdad económica de la población y lograr una sociedad moderadamente próspera para el año 2050 —alcanzar la «prosperidad común»— ha sido una meta claramente comunicada por el equipo de trabajo de Xi desde el año 2021. Cada vez que las actuaciones de un sector de actividad ayudan a ampliar las brechas de desigualdad percibidas, el gobierno no duda en intervenir.
Tales fueron los casos del sector inmobiliario y las academias privadas a las que asistían los niños y adolescentes de la clase media en su tiempo libre para incrementar sus posibilidades de entrar a las mejores universidades del país. Al gobierno le preocupaba que aumentara el descontento de quienes no podían pagar las actividades extracurriculares de sus hijos, y clausuró estas instituciones educativas, algunas de las cuales tenían alcance nacional y cotizaban en bolsa.
China espera lograr el desarrollo tecnológico con empresas de alto valor agregado que le permitan depender lo menos posible de empresas foráneas. Pero el gran reto es encontrar los socios adecuados dentro del tejido empresarial nacional. Definitivamente, en esta tarea no puede contar con las empresas del Estado, con sus problemas de endeudamiento y baja productividad; tampoco con las grandes empresas del sector privado, percibidas como actores con agendas propias que no se alinean totalmente con las del partido. Las más amistosas, en términos políticos, podrían no estar a la altura del reto.
El 24 de julio de 2023 el Politburó chino hizo una declaración en la que ofrecía importantes medidas para reactivar la economía. Al día de hoy, la única acción que se conoce fue la reducción de la tasa de redescuento, decretada por el banco central a mediados de agosto, considerada insuficiente por los mercados financieros. Esto se reflejó en la caída de los índices bursátiles y los bonos denominados en moneda nacional. Asimismo, los fondos de inversión internacionales redujeron su exposición en China durante el mes de agosto de 2023.
La economía china necesita no solo financiamiento barato, sino también inversión privada creadora de valor y consumo. Ello requiere estímulos fiscales que incluyan recortes de impuestos sobre la renta, mayores gastos en programas sociales y algunas transferencias directas a hogares de bajos ingresos, para respaldar el crecimiento a corto plazo y ayudar a aumentar el papel del consumo en lugar de la inversión estatal para impulsar el crecimiento.
Estas medidas deben complementarse con reformas del sector financiero y las empresas estatales, el levantamiento de las restricciones a la movilidad laboral y un compromiso claro con un sector privado dinámico. Las mejoras en el gobierno empresarial y la gestión de riesgos de los bancos estatales podrían ayudar a dirigir más recursos a las empresas privadas.
Al ser China la segunda economía del mundo sus problemas tienen consecuencias globales. En la medida en que las condiciones económicas internas se deterioren existe el riesgo de que el gobierno apriete su agenda política para desviar la atención de la población, y de que ganen importancia temas como la oposición a la independencia de Taiwán.
Si China logra consolidar su nuevo modelo económico, y sigue en la senda de la prosperidad, su músculo financiero le dará la confianza suficiente para tratar de moldear el orden mundial a su conveniencia. Sin embargo, el mayor desafío que enfrenta el gobierno chino es ganarse la confianza del sector empresarial, como ocurre en la mayoría de las economías emergentes.
Carlos Jaramillo, director académico del IESA.
Este artículo se publica en alianza con Arca Análisis Económico.
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