Hay tres elementos clave para el desarrollo de la industria microfinanciera: sostenibilidad, masificación y subsidio. Una lección de las experiencias internacionales es entender la rentabilidad en un sentido más amplio que el estrictamente económico.

Carlos Jaramillo / 25 de marzo de 2019

Panamá ha dado pasos importantes en los últimos años hacia la creación de condiciones para tener una industria microfinanciera de amplia cobertura. Afinar el conocimiento de los comportamientos y las necesidades de los distintos segmentos de la población objeto de atención contribuirá a lograr un balance adecuado entre sostenibilidad, masificación y subsidio.

Es mucho lo que han cambiado las expectativas de los encargados de formular políticas públicas en cuanto al impacto del desarrollo de la industria microfinanciera en la reducción de la pobreza. Hasta mediados de la década pasada predominaba una visión, un tanto ingenua, según la cual bastaba con que los microempresarios tuvieran acceso a créditos otorgados por instituciones que entendieran sus precariedades, para que floreciesen negocios con alto potencial económico capaces de mejorar sustancialmente su calidad de vida.

La actividad microfinanciera se apoyó, al comienzo, en aportes de organizaciones no gubernamentales (ONG) y organismos multilaterales, que tenían como principal interés ejecutar experiencias piloto para desarrollar métodos de otorgamiento de créditos en contextos de informalidad. La idea era consolidar instituciones financieras sostenibles a partir de un capital semilla que en la mayoría de los casos no tenía que ser devuelto. Se esperaba, a partir de la constitución de una cartera de crédito rentable, expandir los servicios a la población objetivo de estos programas, que incluían instrumentos de ahorro, servicios de pagos, remesas y pólizas de seguro.

Panamá ha dado pasos importantes en los últimos años hacia la creación de condiciones para tener una industria microfinanciera de amplia cobertura

Estas experiencias no solo aportaron un valioso conocimiento del mundo microfinanciero, sino que también pusieron de manifiesto una serie de dilemas y paradojas de difícil solución (Bittencourt, 2013; Lassoued, 2017). ¿Cómo captar recursos del público sin crear una institución financiera regulada por los mismos estándares de la banca convencional? ¿Cómo combatir la percepción de que las tasas de interés cobradas por las instituciones microfinancieras (IMF) son excesivamente altas y atentan contra la viabilidad económica de los grupos a los que pretenden ayudar? ¿Cómo desarrollar modelos de negocios sostenibles sin abandonar a los clientes de menores recursos? ¿Deben incorporarse las IMF al sistema bancario de cada país? ¿Cómo lograr que la banca convencional desarrolle una oferta de productos para el sector microfinanciero?, ¿Deben existir subsidios para la industria microfinanciera y, de ser el caso, quiénes deben ser los beneficiarios? ¿Por qué los créditos otorgados a las mujeres tienen mayores tasas de recuperación?

Con el paso de los años los conceptos asociados a las microfinanzas han evolucionado. Hoy, cuando se habla de inclusión financiera, no se piensa solamente en acceso a cuentas de depósitos o uso del sistema de pagos de la banca nacional, sino también en

… el acceso a un conjunto completo de servicios financieros de calidad, lo que garantiza que los clientes posean capacidad financiera y que los servicios se brinden a través de un mercado competitivo y diverso. Para lograr la inclusión financiera, las nuevas herramientas y tecnologías deben ser accesibles y útiles para los clientes y deben conectarlas con un conjunto más amplio de servicios (EIU, 2018: 7).

Para finales de 2017, la cartera de crédito de las IMF en el mundo totalizaba 114.000 millones de dólares y atendía a 139 millones de clientes calificados como pobres o parcialmente atendidos por el sistema financiero convencional; de este grupo, el 83 por ciento son mujeres y el 63 por ciento de los créditos se destinan a actividades agrícolas. En Latinoamérica, este sector posee una cartera crediticia de 49.800 millones de dólares colocada entre 23,4 millones de clientes de los cuales el 66 por ciento son mujeres y el 33 por ciento se dedica a actividades agrícolas (Microfinance Barometer, 2018).

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La industria microfinanciera en Panamá: el contexto

El tema de las microfinanzas en Panamá no es nuevo. Ya para el año 2007 las IMF tenían una cartera de créditos de 112 millones de dólares intermediados por la Red Panameña de Microfinanzas (Redpamif) con el 42 por ciento de la cartera, los bancos Nacional de Panamá, Global Bank, Multibank y Cajas de Ahorro (40 por ciento), CACSA y Mi Banco (17,3 por ciento) y el resto atomizado en instituciones de distinta naturaleza. La demanda insatisfecha era de unos 650 millones de dólares y un grupo de casas de empeño y bancos de consumo competían por la atención de este sector, con un volumen de préstamos del orden de 116 millones de dólares (González y Adames, 2008).

La actividad microfinanciera era atendida por una amplia gama de actores que incluía bancos comerciales, bancos de microfinanzas, cooperativas de ahorro y crédito, y ONG. La consecuencia era que la actividad reguladora se repartiera entre varias instituciones y existieran segmentos del negocio poco regulados. Tal situación se mantiene en la actualidad.

La diversidad de actores también traía consigo variadas fuentes de financiamiento de la actividad microcrediticia. Estas fuentes, históricamente insuficientes, incluían desde organismos multilaterales en programas especiales (Banco Interamericano de Desarrollo y Corporación Andina de Fomento), agencias de desarrollo, inversionistas con sensibilidad social (pero con expectativas de recuperación de la inversión más cierto retorno), bancos comerciales con sus proveedores naturales de recursos, fondos dotales de ONG y aportes de miembros de cooperativas de crédito.

La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) es el organismo rector de este sector y tiene como misión formular políticas públicas para formalizarlo, desarrollarlo y conectarlo con actores estratégicos, y promover programas de capacitación y servicios financieros. El marco regulatorio vigente para las IMF fue establecido en la Ley 130 de 2013, que define las modalidades de crédito posibles (individuales, solidarios, mancomunados y asociativos), los requisitos de información de las evaluaciones crediticias, las provisiones de morosidad de la cartera de créditos y los aspectos que cubren las inspecciones del regulador. Esta ley estableció también la figura jurídica de sociedad anónima para la constitución de bancos microfinancieros con capital mínimo de tres millones de balboas y la obligatoriedad de colocar no menos del 75 por ciento de su cartera de crédito en micro y pequeñas empresas.

Los datos reportados por siete IMF panameñas a la Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas (Redcamif, 2018) señalan que la cartera consolidada de créditos de las instituciones afiliadas, a septiembre de 2018, era de 305 millones de dólares. Con ese monto atendían a 58.746 prestatarios con saldos promedios de créditos de 5.200 dólares; los créditos rurales y a mujeres eran 13 y 40 por ciento respectivamente. El 90 por ciento de la cartera se concentra en IMF clasificadas como grandes. Recamif calcula en 2.582 millones de dólares el tamaño del mercado de microcréditos centroamericano al tercer trimestre de 2018, con 1,6 millones de usuarios. Panamá aglutina el 3,75 por ciento de los clientes y el 11,8 por ciento de la cartera de crédito.

Los desafíos

A pesar de que Panamá apenas cuenta con el 2,3 por ciento de la población de Centroamérica (181 millones de habitantes), su actividad microfinanciera no es desdeñable. Con una política de Estado bien articulada, el porcentaje de población atendida puede incrementarse sustancialmente. Para ello es necesario identificar y atender puntos neurálgicos que dificultarían la implantación de tal política.

Repensar el modelo de negocios para atender a los excluidos

Según la premisa de que existen segmentos de la población cuyo costo de atención es tan alto que no puede ser recuperado mediante los ingresos por intereses y comisiones, el Estado debe decidir el alcance de su política de atención a los financieramente excluidos.

Las IMF francesas, consideradas las más eficientes de Europa, cubren solamente el 25 por ciento de sus costos operativos con ingresos producidos por la intermediación microfinanciera. La tasa de interés cobrada por los créditos se calcula en un tres por ciento y debería subir a treinta para alcanzar el punto de equilibrio. Esta operación se hace posible gracias al aporte de fondos públicos y donaciones privadas.

Muchas son las decisiones que deben tomar las IMF al escoger sus nichos de negocios. Afortunadamente, ha habido un importante esfuerzo institucional, en todo el mundo, para documentar el desempeño financiero de estas instituciones, afectado por el contexto donde operan.

El primer paso para reducir los costos de intermediación consiste en producir información sobre la capacidad de pago de los microempresarios

La calidad de las instituciones públicas afecta directamente el riesgo crediticio de las IMF. El desarrollo de burós de crédito y sistemas de justicia que contribuyan a la rápida solución de litigios comerciales reduce significativamente la morosidad de las IMF. El riesgo de crédito depende mucho de las modalidades de préstamo utilizadas y de los grupos de intereses atendidos, así como del entorno geográfico donde las IMF prestan servicios. Los créditos grupales o los otorgados a mujeres tienden a reducir el riesgo crediticio de las IMF, según un estudio realizado en el periodo 2005-2015 entre un grupo de 638 IMF en 87 países (Lassoud, 2017).

Una explicación del éxito limitado de las IMF en ayudar a reducir la pobreza de los grupos más depauperados es que los montos de los créditos otorgados se dirigen en muchos casos a cubrir necesidades de los prestatarios, en lugar de destinarse a la actividad de negocio para la cual fueron solicitados. El problema se complica mucho más cuando los clientes de las IMF mezclan sus finanzas personales con las de su actividad productiva, lo que les impide conocer con claridad los verdaderos costos de los productos o servicios que ofrecen. Una posibilidad de solventar este problema consiste en darles entrenamiento básico sobre el registro de las transacciones vinculadas al negocio, para elaborar un reporte sencillo de flujo de caja que les permita discriminar mejor el uso que dan al dinero recibido vía ventas y créditos.

En un estudio realizado por Epstein y Yuthas (2017) sobre un programa de crédito que exigía a los beneficiarios someterse a un par de sesiones de entrenamiento para llevar el registro de las transacciones de sus negocios, los participantes reconocían que el entrenamiento les había permitido entender mejor el desempeño de sus ingresos y gastos, la identificación de gastos diferibles o innecesarios, y la importancia de invertir en el negocio. Si bien el entrenamiento empodera a los clientes y en principio mejora la tasa de recuperación de los créditos, las IMF cuentan con recursos muy limitados para sistematizar la provisión de este tipo de servicios y es allí donde la tecnología podría ayudar a masificar y a reducir el costo de estas actividades.

Uso de tecnología para transformar el modelo de negocio microfinanciero

El desarrollo de un modelo de negocio más robusto para el sector microfinanciero debe apuntar a reducir los costos de intermediación y desarrollar mecanismos para masificar, en la medida de lo posible, la prestación de sus servicios. Esta es una tarea compleja que requiere aumentar de la manera más económica posible el flujo de información entre las IMF y su clientela. Mientras más conozcan las IMF a los clientes y estos a su vez tengan mayor facilidad para interactuar cotidianamente con aquellas, más fácil será lograr la meta de inclusión financiera implícita en toda actividad de esta industria.

El primer paso para reducir los costos de intermediación consiste en producir información sobre la capacidad de pago de los microempresarios. Esta actividad, al ser realizada directamente por los oficiales de crédito de las IMF, se vuelve intensiva en mano de obra y por lo tanto costosa (Shankar, 2007). Para reducir los costos de intermediación es necesario repensar el alcance de las visitas de los oficiales de crédito a sus clientes y cómo puede la tecnología hacerlas más efectivas.

Los reguladores panameños han empezado a dar pasos interesantes hacia la estandarización de la recopilación de información de empresas comerciales que operan en un mundo formal, mediante la adopción del XLBR: un estándar internacional abierto para informes comerciales digitales, usado para intercambiar información financiera y no financiera. El reto es adaptar estándares como este a un mundo informal como el de las microempresas; pero, de lograrse, el alcance de las actividades de los oficiales de crédito se potenciaría y los costos unitarios se reducirían al aumentar el número de clientes atendidos por cada oficial.

La expansión del uso de la tecnología en la industria microfinanciera está muy asociada con la estrategia que ejecute un país para lograr la inclusión financiera. El Microscopio Global de 2018, reporte producido por The Economist Inteligence Unit, con el objeto de medir la inclusión financiera y la expansión de servicios digitales, describe a Panamá en los siguientes términos (EIU, 2018: 58):

Panamá ha adoptado varias medidas importantes para crear un entorno propicio para la inclusión financiera. Tanto el sector público como el privado han coordinado esfuerzos para aprovechar el uso de la tecnología para ampliar la oferta de servicios financieros en el país. En 2018, el gobierno ha adoptado medidas importantes para fortalecer el marco regulatorio y garantizar un sistema financiero más inclusivo.

Panamá obtuvo en 2018 una calificación de 60 puntos en una escala de 100 en una encuesta anual que se realiza desde 2009. Ocupó el número 14 en términos de inclusión financiera en un grupo de 55 países, que incluye a Argentina, China, India, México, Rusia y Suráfrica.

El reporte destaca dos hechos muy alentadores dentro de una estrategia nacional para apuntalar la industria microfinanciera: las regulaciones no imponen controles de precios y el proyecto de Ley para la Modernización y Competitividad Internacional del Sistema Financiero permite a los proveedores de servicios financieros emitir cuentas simplificadas y servicios de dinero electrónico (EIU, 2018). Los esfuerzos de Panamá para usar la tecnología en el desarrollo de un sistema financiero actualizado e incluyente sugieren que existe un terreno fértil para repensar los temas de reducción costos de intermediación e inclusión de la población en riesgo de desatención.

El papel de las mujeres en el modelo de negocios microfinanciero

La alta proporción de microcréditos otorgados a mujeres ha despertado la curiosidad de numerosos investigadores en el área de microfinanzas. Varias hipótesis se han elaborado con respecto a la alta participación femenina y, en particular, al hecho de que los créditos otorgados a ellas ofrecen mayores tasas de recuperación que los otorgados a hombres, al menos en Latinoamérica.

En un principio se pensaba que ese desempeño era un rasgo cultural: las mujeres de los grupos excluidos, al tener menos acceso al crédito que los hombres, tendían a cuidarlo más. Hoy se piensa que este comportamiento está vinculado también con otros factores, como el grado de urbanización donde habitan las deudoras y el seguimiento que sobre ellas ejercen las IMF.

Las mujeres de las zonas urbanas son mejores pagadoras porque invierten en negocios más pequeños y seguros que los hombres, y pueden montarse con más facilidad en las ciudades que en las zonas rurales. Adicionalmente, las mujeres tienden a estar más dispuestas a cumplir los requisitos de los oficiales de crédito de las IMF durante la vigencia de los préstamos.

El comportamiento de pago de las mujeres tiende a ser peor en zonas rurales que en zonas urbanas, debido a la carencia de oportunidades de negocios. En países donde existe mayor igualdad de género, los comportamientos de pago de las mujeres son muy similares a los de los hombres; en líneas generales, tienden a ser peores que los de las mujeres en zonas de mayor desigualdad de género (Bittencourt, 2013).

Una política panameña de desarrollo del sector microfinanciero requiere definir a cuál segmento de la población debe el Estado dedicar atención especial. Al ser Panamá un país con un 75 por ciento de población urbana y 20 por ciento de población en el segmento de pobreza, concentrado mayoritariamente en el sector rural, hay que ser muy acucioso para definir los grupos a los cuales solo el Estado puede llegar. Entender la dinámica de negocio de los sectores rural y urbano, y obviar lugares comunes y percepciones no respaldada en información numérica, es de vital importancia.

La sostenibilidad del modelo de negocio microfinanciero

Ha existido durante muchos años una importante discusión sobre el papel de las instituciones con fines de lucro en la industria microfinanciera. En un extremo están quienes sostienen que para atender a los excluidos financieramente a gran escala se necesitan organizaciones económicamente sostenibles. Los críticos a este enfoque argumentan que, si bien la sostenibilidad de por sí no es censurable, su búsqueda conduce a conductas perversas, como puede ser poner el foco en los clientes más rentable del segmento escogido y desatender el resto.

Un estudio sobre un universo de 2.679 IMF, en 123 países durante un periodo de quince años, llevado a cabo por Ault (2016) mostró que la presencia de un carácter comercial en la industria microfinanciera crea una propensión a desatender a los clientes de menores recursos, lo cual contradice la inclusión financiera que se desea promover. Ahora bien, esa propensión está condicionada por la fragilidad del Estado nacional.

La fragilidad del Estado se define a partir de un conjunto de mediciones referidas a las instituciones y el marco regulatorio donde se desarrolla el quehacer económico de cada país. Un Estado frágil no tiene los recursos, las organizaciones ni los mecanismos de cohesión social para atender a bajos costos a los excluidos financieramente, por lo que las presiones sobre las IMF son mayores para hacerse con los clientes más rentables. Según Ault (2016), el arreglo institucional incide tanto en el número de empresarios que se crean como en el impacto social de las estrategias de promoción empresarial que un país desea promover.

La crisis financiera global de 2007-2009 dejó al descubierto una serie de problemas de funcionamiento del sector microfinanciero en el mundo que podrían atribuirse tanto a las IMF como a sus reguladores. Un efecto importante de la crisis fue la subida de las tasas de interés a las cuales se financiaban las IMF, que a su vez trasladaron esos costos a los clientes, muchos de los cuales no pudieron hacerles frente y aumentó el número de impagos. El alza del costo del dinero propició también un cambio de foco: muchas instituciones abandonaron a los clientes de menores recursos y se dedicaron a competir por los más solventes. Los procesos de canibalización de clientes crean condiciones para que los microempresarios tomen, de distintas instituciones, volúmenes de créditos superiores a los que pueden pagar. Los reguladores pueden contribuir a la estabilidad del sector si promocionan sistemas de información que consoliden las acreencias de los deudores y señalen potenciales focos de problemas en individuos y regiones (Galiński, 2013).

Perspectivas y oportunidades

Hay tres elementos clave al diseñar una política de Estado para desarrollar la industria microfinanciera: sostenibilidad, masificación y subsidios. La experiencia internacional muestra la necesidad de entender la rentabilidad de las IMF en un sentido más amplio que el estrictamente económico.

Los programas microfinancieros sostenibles prestan un flaco servicio a los más pobres y es a ellos a los que el Estado debe atender con mecanismos novedosos de subsidios. Es importante dejar que el sector privado cubra a los segmentos donde existe capacidad de pago y de compra de servicios financieros adicionales. En un sistema de múltiples proveedores se debe incentivar a las instituciones con fines de lucro para que desarrollen tecnologías dirigidas a la sistematización de información sobre los microempresarios, y que esa información sea compartida como un claro subsidio a las IMF que atienden grupos vulnerables (generalmente, las poblaciones rurales).

Panamá ha dado pasos importantes en los últimos años para crear las condiciones requeridas por una industria microfinanciera de amplia cobertura. Afinar el conocimiento de los comportamientos y las necesidades de los distintos segmentos de la población objeto de atención contribuirá a lograr un balance adecuado entre sostenibilidad, masificación y asignación de subsidios.

La reducción de los costos de intermediación de la industria microfinanciera puede alcanzarse, en buena medida, con un uso estratégico de la tecnología sin olvidar la advertencia de The Economist Intelligence Unit (EIU, 2018: 20):

… el desempeño de los países en el entorno digital y los indicadores de infraestructura sugieren que, a medida que se expanden los servicios financieros digitales, la exclusión digital también puede contribuir a la exclusión financiera. Más allá de la esfera digital, las áreas tradicionales de inclusión financiera, como la entrada en el mercado, la capacidad de supervisión, los productos y puntos de venta, y la protección del consumidor son fundamentales para que los servicios financieros funcionen bien para los pobres.

Referencias

• Ault, J. K. (2016): «An institutional perspective on the social outcome of entrepreneurship: commercial microfinance and inclusive markets». Journal of International Business Studies. Vol. 47. No. 8: 951-967.
• Bittencourt, D., Barin, L., Legoux, R. y Correa, D. (2013): «The influence of territory on female repayment performance in a polarized region». Management Decision. Vol. 51. No. 8: 1596-1612.
• EIU (2018): «Microscopio global de 2018: el entorno para la inclusión financiera». Nueva York: The Economist Intelligence Unit.
• Epstein, J. M y Yuthas, K. (2017): «Cash flow training and improved microfinance outcomes». Journal of International Development. Vol. 29. No. 1: 106-116.
• Galiński, P. (2013): «Activity of microfinance institutions in the period of the global financial crisis». Equilibrium: Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. Vol. 8. No. 1: 91-105. Galinski
• González, M. y Adames, R. (2008): «Evaluación de la industria de las microfinanzas: Panamá». Red Centroamericana de Microfinanzas-Red Panameña de Microfinanzas: https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg-es-documento-evaluacion-de-la-industria-de-las-microfinanzas-panama-9-2008.pdf
• Lassoued, N. (2017): «What drives credit risk of microfinance institutions? International evidence». International Journal of Managerial Finance. Vol. 13. No. 5: 541-559.
• Microfinance Barometer (2018): «Microfinance and profitabilities». http://www.convergences.org/wp-content/uploads/2018/09/BMF_2018_EN_VFINALE.pdf
• Redcamif (2018): «Calidad de cartera». Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas: http://www.redcamif.org/index.php/en/calidad-de-cartera/category/7-calidad-de-cartera.html
• Shankar, S. (2007): «Transaction costs in group microcredit in India». Management Decision. Vol. 45 No. 8: 1331-1342.

Carlos Jaramillo, profesor del IESA.