Nuevos retos de la competitividad en Venezuela: el caso de los servicios energéticos

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Las empresas venezolanas realizan esfuerzos titánicos para mantener sus operaciones, pero su competitividad depende no solo de ellas sino, sobre todo, de las políticas del gobierno. El subsidio implícito para combustibles y electricidad, aunque ha reducido sus costos de operación, les ha impedido optimizarlos, algo que sí han hecho sus competidores internacionales.

Ernesto Blanco Martínez y Ramón Key Hernández / 17 de julio de 2020


 

El estudio de la competitividad se remonta a la época de Adam Smith, a mediados del siglo XVIII, para quien la base del comercio entre las naciones era la ventaja absoluta en costos de producción. No obstante, es a partir de los años ochenta del siglo XX cuando la economía norteamericana fue emulada por los mercados europeos y asiáticos, lo que intensificó la competencia internacional (Banwet, Momaya y Shee, 2002). Desde entonces, la competitividad se ha convertido en un tema polémico, definido desde distintos puntos de vista.

Algunas definiciones de la competitividad tienen como asidero a la economía (macro y micro). Otras, sin separarse de esta ciencia, proponen tres ámbitos de estudio: las empresas, las industrias y los países (Bhawsar y Chattopadhyay, 2015). La competitividad entre naciones es analizada por la macroeconomía, mientras que de las empresas e industrias se ocupa la microeconomía, aunque ambas visiones están entrelazadas.

Chikan (2008) definió la competitividad de las empresas como la habilidad para satisfacer las necesidades de sus clientes y crear beneficios económicos sustentables, mientras que la competitividad de las industrias es una función de la rentabilidad producida en mercados abiertos. Para las naciones la competitividad consiste en producir bienes y servicios que pasen la prueba de los mercados internacionales, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, 2014).

La competitividad es un constructo multifactorial, lo que complica su medición. Una de las organizaciones que desde 1979 ha abordado este problema es el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), que elabora anualmente un índice de competitividad de las naciones. En 2019 el índice estuvo integrado por doce pilares: instituciones, infraestructura, adopción de tecnología de información y comunicación, estabilidad macroeconómica, salud, habilidades, mercado de productos, mercado de mano de obra, sistema financiero, tamaño del mercado, dinamismo de los negocios y capacidad de innovación. La medición se basó en 103 indicadores referidos a los pilares que proveen información para el diseño de políticas públicas.

 

¿Es Venezuela un país competitivo?

Durante los últimos veinte años, Venezuela profundizó su modelo económico basado en la renta petrolera. En este período el petróleo llegó a alcanzar precios superiores a 140 dólares por barril, los mayores de la historia del sector. Parte de esta renta fue distribuida directamente a la población mediante actividades no productivas. Siguiendo la ideología del «socialismo del siglo XXI», el gobierno emprendió la expropiación de industrias completas, tales como acero, cemento y generación y distribución de energía eléctrica, junto con empresas del sector agropecuario. Estas empresas e industrias sufrieron un proceso de desinversión que alcanzó también a la industria petrolera.

El gasto público incrementó la inflación, a la cual se respondió con control cambiario y regulación de precios de artículos de primera necesidad. Estas políticas, junto con el descenso de la producción petrolera y su precio internacional, llevaron al país a una hiperinflación, que ha dificultado la adquisición de materias primas y ocasionado un descenso de la demanda de bienes y servicios que, a su vez, ha comprometido la competitividad de las empresas. También han afectado la competitividad de las empresas 1) el aumento de la pobreza, origen de la inseguridad personal, 2) la fuga de mano de obra calificada y 3) la ineficacia del gobierno para garantizar seguridad jurídica, proveer una ley laboral equilibrada, promover inversiones extranjeras y mantener en buen estado la infraestructura de servicios básicos como agua, electricidad, vialidad, salud y comunicaciones, sin lo cual no es posible tener empresas ni países competitivos.

Tarde o temprano, las empresas venezolanas enfrentarán el reto de producir con precios no subsidiados de la energía

Venezuela se encuentra entre los países con menor competitividad del mundo. En la clasificación general del WEF para 2019, ocupó el lugar 133 de 141 países evaluados y el lugar 17 entre los países latinoamericanos, después de Nicaragua y antes de Haití. En cada uno de los pilares de la competitividad, Venezuela obtuvo las siguientes posiciones: instituciones (141), infraestructura (119), adopción de tecnología información y comunicación (94), estabilidad macroeconómica (141), salud (61), habilidades (68), mercado de productos (140), mercado de mano de obra (134), sistema financiero (137), tamaño del mercado (61), dinamismo de los negocios (140), y capacidad de innovación (101).

 

Determinantes de la competitividad

Para algunos autores la competitividad es solo función de la productividad de las empresas y esta, a su vez, es función de la innovación. Esta afirmación es discutible, pero no descarta el papel que puede asumir el Estado en la promoción de la competitividad. Las industrias de países que promueven la competitividad —Singapur, Estados Unidos, Alemania, Japón y Corea del Sur, entre otros— innovan más y son más productivas (WEF, 2019).

Mediante una investigación en la que participaron varios países Porter (1990) concluyó que la competitividad de las naciones dependía de la capacidad de las empresas para innovar y mejorar los productos de manera sostenida, no de la disponibilidad de recursos naturales o mano de obra barata. Esta capacidad, a su vez, dependía de factores del entorno nacional conocidos como determinantes de la competitividad: condiciones de los factores de producción, condiciones de la demanda, industrias relacionadas y de apoyo, y estrategia, estructura y rivalidad de las empresas. Para Porter, el papel del gobierno consiste en promover la competitividad mediante políticas tales como impulso de la demanda y la innovación, establecimiento de controles de calidad y libre competencia.

Porter (1990) explica que los determinantes son interdependientes. Por ejemplo, las condiciones de la demanda son primordiales para la existencia de cualquier organización. Para que existan mejores productos y servicios debe existir rivalidad entre competidores, lo que se traduce en diferentes estrategias empresariales. Las industrias relacionadas y de apoyo, tales como proveedores de materias primas, desempeñan un papel relevante para la competitividad de las industrias. Ahora bien, ¿pueden existir industrias competitivas sin una infraestructura eficaz y eficiente?

La infraestructura, uno de los doce pilares de la competitividad definidos por el WEF, es una de las condiciones de los factores de producción, en el modelo de Porter. El conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen funcionamiento de un país, una ciudad o una organización, incluye los servicios públicos y, entre ellos, la energía, imprescindible para el funcionamiento de ciudades e industrias; sin ella, no hay industrias competitivas.

 

La energía: factor primordial para la competitividad

La competitividad de las empresas requiere buena administración y gestión operativa de sus procesos, lo que se traduce en control de los costos y racionalización de las operaciones. Para Serna (2010), los recursos energéticos de una compañía forman parte importante de la canasta de insumos para la producción de bienes y servicios en cualquier actividad económica; por lo tanto, es un aspecto clave en la búsqueda de la eficiencia.

Blanco, López y Venero (2014) plantean que la energía es uno de los aspectos más importantes del sistema de gestión en la empresa. En un estudio realizado para Colombia, Serna (2010) encontró que la gestión energética era particularmente útil en países donde los mercados energéticos están desregulados y, además, que la gestión energética de las empresas implica i) optimización de compras, ii) mantenimiento de instalaciones y equipos, y iii) eficiencia.

La optimización de las compras de energía implica asegurar su suministro para las actividades productivas al menor costo. Cuando el precio de la energía está regulado y se encuentra por debajo del costo de oportunidad (subsidio implícito) se produce derroche y consumo excesivo. El mantenimiento de instalaciones y equipos permite lograr condiciones adecuadas para el consumo de la energía. La eficiencia energética requiere programas de reforma de las instalaciones existentes o sustitución de equipos y sus fuentes de energía. Esto disminuye los costos de producción y racionaliza el consumo. En muchos países, el gobierno y el sector privado promueven estándares, regulaciones y medidas tendentes a impulsar la eficiencia energética.

El subsidio de la energía tiene un efecto negativo en las cuentas nacionales: representa un costo de oportunidad del orden de 20.000 millones de dólares

Los conceptos de esta trilogía están íntimamente relacionados. En una comparación de estos elementos realizada para Argentina, Colombia, Ecuador, México y Venezuela a partir de información proveniente de diversas organizaciones internacionales (BP, 2019; Cepal, Olade y BID, 2017; IEA, 2019; IMF, 2019) se observó que México tenía la mejor gestión energética. A largo plazo, los países con mayores subsidios a la energía, como Argentina, Ecuador y Venezuela, mostraron la peor evolución de la eficiencia energética. En México, además de no tener subsidios excesivos, el gobierno promueve programas para mejorar la eficiencia energética, que incluyen monitorización y evaluación institucional. Venezuela alcanza una eficiencia energética promedio de 29 por ciento, producto de altos subsidios, falta de inversiones y mantenimiento, y carencia de planificación energética.

Cepal, Olade y BID (2017) documentaron experiencias exitosas en el ámbito privado; por ejemplo, en Panamá, donde el Sindicato de Industriales emprendió, desde 2016, una iniciativa para incrementar la eficiencia energética (PAE) mediante el respaldo de GIZ Alemania, una organización de cooperación público-privada. Tanto la Cepal como el BID apuestan a la creación de un mercado de compañías de servicios energéticos (ESCO, por sus siglas en inglés) para favorecer la eficiencia energética de entes públicos y privados.

Un factor clave en la gestión energética es el subsidio de los precios de la energía, que en Venezuela llega hasta el ciento por ciento. Se ha manejado la tesis de que, por tener abundancia de recursos energéticos, se debe transferir esa ventaja comparativa a la población mediante la venta de energía barata. El deterioro de los servicios de energía invalida este planteamiento. Los subsidios disminuyen el precio final de los bienes y servicios que suministran las empresas; pero, ante el deterioro de las finanzas públicas y la necesidad de repago de la deuda internacional, habrá que eliminarlos.

El reto de la competitividad de las empresas en Venezuela es doble. Dependerá, por una parte, de la recuperación de la infraestructura energética y, por la otra, de los precios de la energía. La disminución o eliminación de los subsidios repercutirá desfavorablemente sobre los costos unitarios de producción. Es previsible que ante una posible apertura de la economía venezolana al mercado internacional las empresas nacionales queden en minusvalía ante las internacionales; acostumbradas a competir sin energía subsidiada.

Estos retos solo podrán enfrentarse en un nuevo entorno político, económico y social, donde será necesario responder las siguientes preguntas: ¿se pueden mantener los subsidios actuales? ¿Cuál será el efecto de los ajustes de las tarifas de los servicios energéticos en la competitividad de las industrias venezolanas?

 

Los subsidios a la energía en Venezuela y los retos de su eliminación

En Venezuela no es sostenible el esquema de «populismo energético». El país sufre un deterioro de grandes dimensiones en la provisión de combustibles fósiles y de electricidad. La tasa de subsidio implícita es cercana al ciento por ciento debido, por un lado, a la congelación de precios y tarifas del sector energético y, por el otro, a la hiperinflación entronizada desde el último trimestre de 2017 (Key y otros, 2019).

La pérdida de productividad de los proveedores del sector energético supera el sesenta por ciento. Se ha desmantelado la función de medición y cobro del servicio, y se ha acentuado el deterioro de la infraestructura física y la calidad del servicio. La hiperinflación obstaculiza la implantación de soluciones conducentes a eliminar el rezago de las tarifas, debido a los efectos que tales medidas pudieran tener en la población.

Los subsidios al sector energético representan una cifra cercana al setenta por ciento de los subsidios existentes en el sector de servicios del país. Para asegurar el suministro de energía, sea por empresas energéticas del sector público o por las del sector privado, es necesaria la eliminación de los subsidios. Las mejores prácticas para su desmontaje aconsejan la gradualidad y la compensación para los hogares, como parte de un proceso de reformas (Beaton, 2016). No obstante, debido al gran deterioro de la economía nacional, puede anticiparse que la eliminación ocurra de manera acelerada.

 

Efecto de los ajustes de tarifas energéticas en la competitividad de las industrias

Una lección básica de un curso de microeconomía o economía empresarial es la relación inversa entre productividad y costos unitarios: a mayor productividad menores costos unitarios de bienes y servicios, y viceversa. El costo unitario de producción asociado al uso de la energía (Cupae) es el costo de la energía dividido entre su productividad o eficiencia energética (cantidad de producto elaborado por unidad de consumo de energía). Debido a que la eficiencia energética y la intensidad energética (cantidad de energía usada por unidad de producto elaborado) están inversamente relacionadas, el Cupae puede ser calculado al multiplicar el costo de la energía por la intensidad energética. El Cupae es un indicador adecuado para evaluar la relación entre productividad de las empresas, consumo y precios de la energía. Es particularmente útil para diagnosticar la situación actual de las empresas y formular planes de acción para mejorar su eficiencia energética.

A partir de indicadores macroeconómicos del FMI (2019), de consumo energético de BP (2018) y de subsidios a los combustibles de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés, 2019) se calcularon indicadores relativos de eficiencia energética y Cupae para países de América Latina. Se destaca, en primer lugar, la brecha de eficiencia energética de Venezuela con respecto al resto de los países. En 2018, la eficiencia energética de Venezuela era treinta por ciento de la de Colombia, mientras que el índice Cupae resultaba favorable a Venezuela: 0,01 comparado con 0,98 de Colombia. La «relativa» competitividad del índice Cupae de Venezuela (a pesar del rezago de 70 por ciento en la eficiencia energética) se debe única y exclusivamente a que el precio de la energía en Venezuela es prácticamente cero (tasa de subsidio de ciento por ciento en Venezuela comparada con cinco por ciento en Colombia).

Si se redujera la tasa de subsidio al nivel de Ecuador en 2018 (37 por ciento), por ejemplo, el Cupae en Venezuela sería 2,14: superior al mayor índice reportado en América Latina (1,24 de Argentina). En pocas palabras, desaparecería la competitividad (promedio) de la economía por efecto de la eliminación parcial del subsidio a la energía, y disminuiría significativamente la competitividad global de las industrias.

¿Cuáles sectores se verían más afectados? Una respuesta a esta pregunta puede obtenerse al comparar el impacto en costos de la energía sobre la producción de bienes y servicios en un determinado sector, según su grado de exposición al comercio internacional. A partir de este criterio, los sectores más afectados por la eliminación de los subsidios serían aquellos con alto consumo de energía, tales como fabricación de partes y autopartes de vehículos, industria química, industria textil y fabricación de productos de hierro y acero. También se vería afectada la producción de alimentos y sectores «no transables», como los servicios de suministro de agua, restaurantes y hoteles; en este caso, no sería la competencia internacional lo que afectaría su competitividad sino la capacidad de pago del mercado local.

 

Un reto compartido

El reto de la competitividad para las empresas venezolanas es muy complejo. Si llegara a imponerse una economía de mercado abierto, las empresas venezolanas estarían en desventaja frente a las empresas internacionales que no reciben subsidio energético, y han tenido que optimizar sus procesos productivos para ser competitivas. Tarde o temprano, las empresas nacionales enfrentarán el reto de producir con precios no subsidiados de la energía.

El subsidio de la energía no solo enmascara la competitividad de las empresas; también tiene un efecto negativo en las cuentas nacionales: representa un costo de oportunidad del orden de 20.000 millones de dólares. Este dinero es necesario para acondicionar la deteriorada infraestructura energética, pública y privada.

El reto de la productividad y la competitividad es una responsabilidad no solo de los agentes proveedores de energía, que deben hacer cuantiosas inversiones para restablecer el suministro y aumentar la productividad de su sector, sino también de las empresas consumidoras de energía, que deben mejorar su eficiencia en el consumo. En la experiencia latinoamericana, los países que han mejorado sus índices de eficiencia energética son aquellos cuyos gobiernos han propiciado programas de apoyo a organizaciones públicas y privadas, además de eliminar las distorsiones ocasionadas por los subsidios. También existen experiencias de países, como Panamá, cuyos sectores privados han emprendido este tipo de programas.

 

Referencias

  • Banwet, D. K., Momaya, K. y Shee, H. K. (2002): «Competitiveness: perceptions, reflections, and directions». IIMB Management Review. Vol. 14. No. 3: 105-116.
  • Beaton, C. (2016): «Lecciones aprendidas de la experiencia internacional en la reforma de subsidios al GLP». Ponencia presentada en el seminario «Reforma a subsidios de GLP». Caracas: IESA-Embajada Británica.
  • Bhawsar, P. y Chattopadhyay, U. (2015): «Competitiveness: review, reflections, and directions». Global Business Review. Vol. 15. No. 4: 665-679
  • Blanco, F., López, A. y Venero, A. (2014): «El triángulo de la gestión energética en la empresa». Ingeniería Industrial. No. 32: 11-35.
  • BP (2019): «BP statistical review of world energy 2019». Londres: British Petroleum. https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf
  • Cepal, Olade y BID (2017): Eficiencia energética en ALC: avances y oportunidades. Washington: Comisión Económica para América Latina, Organización Latino Americana de Energía y Banco Interamericano de Desarrollo. http://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/old0397.pdf
  • Chikan, A. (2008): «National and firm competitiveness: a general research model». Competitiveness Review. Vol. 18. No. 1: 20-28.
  • FMI (2019): «Perspectivas de la economía mundial: desaceleración mundial de la actividad manufacturera, crecientes barreras comerciales». Washington: Fondo Monetario Internacional.
  • Hernández, J. (2018): «Análisis de incidencia de ajustes en los precios y tarifas de bienes y servicios sensibles». Papel de trabajo inédito. Caracas: Banco Central de Venezuela.
  • IEA (2019): «Energy subsidies: tracking the impact of fossil-fuel subsidies». https://www.iea.org/weo/energysubsidies/
  • Key, R., Hernández, J., Monsalve, D., Curiel, C., Obuchi, R., Oliveros, A., Lalaguna, G. y Cárdenas, D. (2019): «Estimación de los efectos de los subsidios de servicios en la economía venezolana e identificación de oportunidades de reformas que permitan la redistribución eficiente del ingreso». Papel de trabajo inédito. Reporte final de proyecto patrocinado por la Embajada Británica. Caracas: IESA.
  • OECD (2014): «Competitiveness (in international trade)». Glossary of Statistical Terms. Organization for Economic Cooperation and Development. https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=399
  • Porter, M. (1990): «The competitive advantage of nations». Harvard Business Review. Vol. 68. No. 2: 73-93. https://hbr.org/1990/03/the-competitive-advantage-of-nations
  • Serna, C. (2010): «Gestión energética empresarial: una metodología para la reducción de consumo de energía». Producción + Limpia. Vol. 5. No. 2: 107-126.
  • WEF (2019): The global competitiveness report 2019. Ginebra: World Economic Forum. http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf

Ernesto Blanco Martínez y Ramón Key Hernández, profesores del IESA.