En las últimas cinco décadas se han hecho importantes avances en la llamada democratización de los mercados de capitales. Pero, como en toda democracia, hacen falta reguladores que nivelen el terreno de juego, protejan a los débiles jurídicos y eduquen a la población para manejar sus recursos, en un contexto de volatilidad económica e inestabilidad política.
Carlos Jaramillo / 17 de septiembre de 2020
Los pequeños inversionistas son las cenicientas del mundo de las inversiones de oferta pública. Aunque importantes colectivamente, sus menguados recursos son su principal limitación para acceder individualmente a las estrategias de inversión y los instrumentos financieros disponibles para sus homólogos institucionales.
Es justo reconocer que en las últimas cinco décadas se han hecho importantes avances en lo que tradicionalmente se ha llamado «democratización» de los mercados de capitales; eufemismo para hablar de la incorporación de parte importante de la población al mundo de las inversiones financieras. El primer paso fue, sin duda alguna, la reducción de los costos transaccionales asociados a la tenencia de carteras de inversión: comisiones de compra y venta de títulos valores y comisiones por el mantenimiento de cuentas de inversión.
Los desarrollos tecnológicos han permitido a los bancos de inversión manejar grandes volúmenes de clientes y transacciones a costos mínimos. En los últimos años se llegó a lo impensable: no cobrar comisiones de compra y venta de títulos valores en muchos productos financieros.
Muchos bancos de inversión ganan dinero por operaciones que son posibles solamente cuando se maneja un volumen importante de transacciones, entre las que se encuentran los préstamos en las cuentas de margen, el préstamo de acciones a quienes desean irse corto y las comisiones que pagan los grandes intermediarios financieros (market makers), cuando son escogidos para canalizar la compraventa de acciones y productos derivados. Tales instituciones están dispuestas a cursar operaciones de forma gratuita, con el fin de captar grandes volúmenes de transacciones.
Los cambios en las regulaciones, ocasionados por la Gran Crisis Financiera de 2007-2009, han obligado a los bancos de inversión a desglosar los distintos tipos de comisiones que tradicionalmente cobraban a sus clientes. La consecuencia ha sido una mayor competencia entre los intermediarios financieros, que han tenido que reducir sus márgenes de beneficios para no perder participación de mercado. La tecnología también ha permitido reducir las barreras a la entrada para clientes minoristas, al hacer posible la compra de fracciones de acciones.
No obstante estos avances los pequeños inversionistas no viven un cuento de hadas. Si bien es verdad que la pandemia ha sido un catalizador de la apertura de pequeñas cuentas de inversión, también es cierto que ha dejado al descubierto la principal debilidad de estos inversionistas: falta de educación financiera.
En muchos casos los pequeños inversionistas no entienden las características de los productos de inversión que compran, y los riesgos implícitos en ellos. Son presas fáciles de las modas que ayudan a construir las burbujas financieras y carecen de disciplina para tomar beneficios y cortar pérdidas en transacciones fallidas.
Como en todos los procesos de democratización, y el de los mercados de capitales no es la excepción, hacen falta reguladores que nivelen el terreno de juego para todos los inversionistas, protejan a los débiles jurídicos y eduquen a una población que necesita empoderarse del manejo de sus recursos, en un contexto de volatilidad económica e inestabilidad política.
Los cambios tecnológicos y regulativos han despejado un camino importante. Viene el momento de la revolución educativa en temas financieros.
Carlos Jaramillo, director académico del IESA.
Este artículo ha sido publicado en alianza con Arca Análisis Económico.
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