Con la crisis inflacionaria de 2021-2023 el gobierno de Joe Biden decidió aprovechar los que parecían unos ahorros, en forma de reservas estratégicas de petróleo. Pero, como sabe todo latinoamericano, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Ahora le tocará al estadounidense común pagar los platos rotos de esa decisión.
Con la crisis financiera de 2008 la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) se vio obligada a bajar considerablemente las tasas de interés para mantener la economía a flote. Esto produjo una distorsión que parecía no tener fin: ¿cuánto tiempo podía durar ese frenesí de crecimiento económico con financiamiento superbarato?
La llegada de la pandemia en 2020 empeoró las cosas. La FED se volvió a ver obligada a bajar las tasas de interés. En esta oportunidad fueron el Congreso y el Ejecutivo los que decidieron meter más leña al fuego: aplicaron un plan de estímulo que aumentó el dinero en circulación a magnitudes nunca vistas. La respuesta no se hizo esperar: la inflación que aqueja la economía estadounidense es la mayor desde los años setenta del siglo XX.
La solución adoptada por la FED, con un considerable retraso por subestimar lo profundo de la situación, ha consistido en aumentar progresivamente las tasas de interés con la intención de detener el aumento sostenido de los precios al retirar y reducir el enorme endeudamiento del gobierno producto del financiamiento superbarato.
En repetidas oportunidades se ha dado entender que el objetivo es frenar la inflación sin llegar a una recesión: el famoso soft landing. Pero nunca se retiró de la mesa la posibilidad real de que una recesión ligera podría ayudar a frenar la inflación. El problema es que las acciones del gobierno del presidente Biden no necesariamente están alineadas con lo que trata de hacer la FED.
Por un lado la FED trata de retirar dinero de la economía y, por el otro, el gobierno lanza un plan encubierto de estímulos, mediante un subsidio a la gasolina, al aumentar artificialmente la oferta de crudo en el mercado para bajar los precios de derivados como la gasolina o el diésel; es decir, tomando «prestados» los activos disponibles en las reservas estratégicas de petróleo. Es una clara versión de petropopulismo; pues, en vez de regular precios, se incentiva artificialmente el exceso de oferta.
El origen de estas reservas estratégicas fue defender al consumidor estadounidense en caso de que otra crisis ocasionara un embargo de petróleo. El gobierno de Gerald Ford las creó en 1975 como respuesta al bloqueo de los países árabes por el apoyo de Nixon a los israelíes durante la guerra del Yom Kipur (1973-1974). Fue un plan sincero ejecutado en el momento político más complejo en la historia reciente de Estados Unidos. La idea de estas reservas era asegurar no solo el funcionamiento de la economía en caso de una crisis internacional de gran escala, sino también la operatividad de la nación en caso de que esa crisis escalara, incluso, al nivel de un conflicto armado. Desde que existen estas reservas, la capacidad operativa de las fuerzas armadas estadounidense ha permitido mantener conflictos sostenidos en regiones opuestas del planeta, como en Irak y en Afganistán, sin que las perturbaciones del precio o de la oferta de petróleo se convirtieran en un tema de preocupación.
Reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos
(abril 1983-febrero 2023) (millones de barriles)
Fuente: United States Energy Information Administration: https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_stoc_typ_d_nus_SAS_mbbl_m.htm
A las reservas no se las veía como un dinero almacenado que pudiera utilizarse con fines políticos nacionales, sino como una inversión necesaria para mantener la capacidad de respuesta de la nación en casos excepcionales. Por este motivo, la cantidad de crudo almacenado fue en aumento durante las décadas de los ochenta y noventa, cuando el precio del petróleo caía y, con él, el valor de mercado de estas reservas. Pero como su fin no era económico, no había problema. Las reservas continuaron creciendo durante la primera parte de la primera década del siglo XXI debido a la guerra contra el terrorismo iniciada en el gobierno de George W. Bush como respuesta a los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Pero es durante el auge petrolero de finales de la primera década cuando las reservas comienzan a tener un valor agregado inadvertido, pues cuando se acumularon los precios eran mucho más bajos. Ahora, con el precio del petróleo en alza, comienza a aumentar el valor de mercado de estas reservas y a ser atractivas como un fondo de reservas extraordinario que puede usarse no solo con fines estratégicos para mantener la operatividad de la nación, sino también como herramienta política para el gobierno de turno; es decir, su función ahora es sostener los gastos del gobierno.
Se puede comprender la posición de los prorenovables —«Por qué mantener estas reservas si se volverán obsoletas con la llegada de fuentes renovables»— así como el argumento de «Debemos invertir en un futuro sustentable, más que proteger estilos de vida que a la larga destruyen el ambiente». No porque estos argumentos estén alineados con la opinión sobre el calentamiento global y la influencia de la industria petrolera están errados. Los datos apuntan consistentemente en esa dirección. El dilema es si estas reservas se usan para mitigar el calentamiento global o para los gastos populistas del gobierno de turno. Latinoamérica tiene experiencia más que de sobra en estos temas, pero en esta oportunidad se ve cómo el gobierno estadounidense antepone necesidades de corto plazo a intereses geopolíticos estratégicos.
Valor de las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos
(abril 1983-febrero 2023) (índice, 1983 = 100)
Fuente: United States Energy Information Administration: https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_stoc_typ_d_nus_SAS_mbbl_m.htm
Durante el gobierno de Barack Obama, en 2015 el Congreso autorizó usar estas reservas para gastos del gobierno. El Departamento de Energía se ha visto obligado a disponer de ellas en varias oportunidades para funciones del gobierno, por ser el responsable de su administración. Las recientes ventas extraordinarias impuestas por el gobierno de Biden, en 2021 y 2022, han hecho mermar las reservas a la mitad de su capacidad máxima, con la excusa de bajar el precio de los combustibles para el estadounidense promedio, y aliviar las consecuencias del incremento sostenido de las tasas de interés que realiza la FED.
No se puede negar la enorme carga que para el consumidor promedio representa el precio del combustible. Pero esta política no está dirigida a mitigar el cambio climático ni a sustituirlo por un vehículo eléctrico o menos contaminante. Tampoco está orientada a fomentar el uso responsable del vehículo actual. Realmente, está orientada a dar la impresión a corto plazo de que la situación económica es más suave de lo que realmente es. Como saben todos los latinoamericanos, esto es pan para hoy y hambre para mañana. El costo de recuperar este crudo lo pagarán, justamente, las mismas personas que creyeron ganar algo durante esta coyuntura, solo que ahora vivirán un ambiente económicamente más ajustado e, incluso, potencialmente recesivo. El remedio será peor que la enfermedad.
La situación con Taiwán, donde cada día aumentan más las tensiones entre Estados Unidos y China por la isla de Formosa, o la crisis creada por Rusia al invadir a Ucrania, entre otras, recuerdan que la posición de vulnerabilidad situacional —que las reservas pueden ayudar a aliviar— aún existen y son más apremiantes que nunca. Es de esperar que pronto se comience a recuperar este activo estratégico para la nación.
Al ciudadano común solo le quedará pagar los platos rotos de esta decisión. Aunque no se puede negar su buena intención, el dolor que ocasionará será mayor y no dejará algo valioso a cambio. Es un claro ejemplo de lo que se conoce como falla de gobierno por comisión: no existía una falla de mercado que justificara bajar el precio del combustible en ese momento, pero aún así el gobierno lo bajó de forma insostenible.
Este es un ejemplo de cómo las fuerzas del mercado estaban realmente solucionando el problema de una forma eficiente: hizo que quienes consumían más combustible pagaran más por él y fomentó el uso racional y eficiente de los recursos, justamente lo que necesita el medioambiente. El hecho de que fueran las personas con escasos recursos económicos quienes sufrieran más era un indicio de que se necesitaba otro tipo de política pública. El aprendizaje de esta situación no es que los gobiernos van aprovechar siempre cualquier fuente de ingresos disponible para mejorar la situación a corto plazo y así ganar unos votos, sino que las consecuencias de los planes mal dirigidos terminan por caer siempre sobre aquellos a los que, se supone, intentan mejorarles su calidad de vida. Las políticas públicas bien pensadas y llevadas a cabo sí pueden dar resultados a largo plazo, y solo se justifica retirarlas cuando existan cambios significativos en las condiciones en las que se diseñaron.
Oswaldo Felizzola, profesor del IESA.
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