Cualquier acuerdo social en Venezuela debe colocar como estrategia fundamental la recuperación de la infraestructura de servicios existente. Venezuela es un caso inédito en el que, a pesar de que se tienen los sistemas, no se disfrutan sus beneficios.
Una imagen siempre recordada remite al año 1980: un grupo de niños cargan agua desde el riachuelo Ganga ubicado a unos cinco kilómetros de sus viviendas, en Tacarigüita, municipio Brion del estado Miranda. Esa expresión de pobreza es difícil de olvidar, porque representa la imagen de algo que no debería existir: el abismo entre unos niños que van al colegio y otros que deben hacer ese trabajo para acceder a un servicio básico y, como consecuencia, sufren un rezago escolar desde temprana edad. Cuarenta años después se pueden observar grupos de personas buscando agua en los drenajes que desembocan en el río Guaire, una de las imágenes más expresivas de pobreza en los últimos años en Venezuela.
Estos ejemplos del impacto que produce el manejo errado de las políticas públicas en el área de los servicios en red forman parte del equilibrio inestable que padece el país. Otras situaciones inaceptables en un país en desarrollo son la discontinuidad del servicio eléctrico, la reducción de cobertura y calidad de las comunicaciones o la entrega de agua no potable a los ciudadanos sin informarlos para que tomen las precauciones del caso.
El caso venezolano es el reflejo incuestionable de ridículas e inaceptables políticas que han convertido al ciudadano de a pie en marginal, casi esclavo del gobierno. Venezuela pasó de contar con unos servicios públicos en red robustos a inicios del siglo XXI —con indicadores de cobertura de países en desarrollo: energía (97 por ciento), saneamiento (89), telefonía móvil (94) e internet (31) en 2016, muestra de fortaleza institucional y una formidable red nacional de infraestructura— a formar parte de la cola de América Latina, con una percepción de estos servicios que solo supera el «aceptable» en un 17 por ciento (OVSP, 2018).
Venezuela tenía una infraestructura gigantesca que podía suministrar 146.000 litros de agua por segundo, con 86 grandes embalses y 42 grandes sistemas regionales, estadales y municipales que producían un promedio de más de 400 litros por persona por día (MARNR, 1995 y 1997); generaba 20.000 megavatios que superaban en 5.000 megavatios la demanda (Transparencia Venezuela, 2018); además, el crecimiento en comunicaciones y tecnología fue positivo hasta 2016, cuando comenzó a deteriorarse (Telecomunicaciones: Mercados y Tecnologías, 2016). Toda esa capacidad para servir al ciudadano se hizo añicos cuando fue destruida la institucionalidad que la soportaba, operaba, rehabilitaba, comercializaba y, sobre todo, mantenía una jerarquía técnica que contenía el flagelo de la intromisión política.
En 2015 los jefes de Estado, reunidos formalmente en las Naciones Unidas, adoptaron la Agenda 2030, compuesta de 17 objetivos. Agua limpia y saneamiento ocupa el puesto 6; energía asequible y no contaminante, el 7. Esto indica la importancia atribuida a estos servicios en red para mitigar la pobreza, primer objetivo de la Agenda 2030.
No hay forma eficaz de distribuir y entregar agua, electricidad o comunicación si no se cuenta con infraestructura e institucionalidad que manejen adecuadamente estos servicios. Sustituir esos sistemas en red por métodos individuales —como camiones cisternas, plantas eléctricas o instrumentos personales de comunicación— crea complejidades insoportables para la ciudadanía. Los costos comparativos rondan una proporción diez a uno entre esos métodos y lo que un sistema en red puede lograr.
Los servicios públicos en red constituyen una de las herramientas más eficaces para erradicar la pobreza e impulsar el ascenso social. No es posible lograrlo mediante otros métodos. Una planta eléctrica para energizar una vivienda, por ejemplo, cuesta unos 700 dólares y su vida útil si opera 24 horas diarias no alcanza el año. Si se agrega el costo del combustible, el costo diario estaría en el orden de tres dólares al menos, unos noventa mensuales, impagables para la mayoría de la población, aparte de su mediocre funcionamiento. El costo de una cisterna está en unos ochenta dólares por ocho metros cúbicos (diez dólares por metro cúbico) y su calidad es cuestionable, mientras que el costo promedio latinoamericano está entre 0,4 y 2 dólares el metro cúbico (Brichetti, 2019). Los servicios de comunicaciones no pueden ser provistos individualmente: sus costos y vertiginosa transformación no lo permiten. Por esta razón, los operadores públicos tampoco funcionan adecuadamente en este medio, en el que en cada país de América Latina existen, en promedio, tres operadores privados o más.
Tratar de sustituir los servicios en red con métodos individuales refleja una visión absolutamente errada de políticas públicas, que ha llevado irremediablemente a la actual situación de caos. Un punto fundamental para desarrollar servicios públicos en red es comprender que su acceso es una meta universal. Son beneficios que la población debe obtener, y el gran reto es llevarlos a todos los hogares a precios asequibles (con subsidios cruzados eficaces) para cada estrato social.
Entender lo esencial que resulta para la sociedad la prestación continua de servicios, de calidad y acceso en condiciones de igualdad, es fundamental para suprimir la pobreza. Sería muy interesante preguntar a los indígenas de las comunidades de la Gran Sabana lo que significó para ellos tener energía eléctrica, agua potable para preparar sus alimentos, aseo, sistema sanitario, escuelas y un centro de comunicaciones conectado con internet, para recibir información, educación y recreación (Novo Torres y Díaz Martín, 2007).
Parece inaudito que un país con una infraestructura que posibilitaba una cobertura del 89 por ciento en servicios sanitarios, 97 por ciento en sistema eléctrico y una red de comunicaciones extendida a todo lo ancho y largo del territorio nacional, se encuentre en la situación actual, a lo que se suma la falta de estadísticas oficiales. Cualquier acuerdo social en Venezuela debe colocar como estrategia fundamental la recuperación de la infraestructura de servicios existente. Venezuela es un caso inédito en el que, a pesar de que se tienen los sistemas, no se disfrutan sus beneficios.
Las decisiones políticas deberían comenzar por el compromiso de la alta dirigencia con el aspecto institucional, piedra angular del entramado productivo. No hay forma de enderezar el rumbo si no se adoptan políticas claras dirigidas a crear un ambiente institucional. La experiencia de los últimos años ha dejado claro que la congelación de tarifas a valores ridículos, que no cubren ni el papel de las facturas, convirtió a las empresas de servicio en servidumbre del gobierno central, tras perder absolutamente su autonomía y capacidad operativa.
La selección y la formación del capital humano son vitales para desarrollar instituciones sanas con un objetivo claro: sacar al marginado de su laberinto. Igualmente, coartar la participación privada en las empresas públicas, con la eliminación de la tercerización, significó la reducción casi al mínimo de su capacidad operativa, situación elocuente y comprobada.
Las políticas públicas tienen que contribuir a la formación de empresas de servicio autónomas, competitivas, con capital humano formado, con capacidad financiera producto del adecuado cobro de la prestación del servicio y sin complejos para entender que sus objetivos son contribuir a la erradicación de la pobreza y no a su fomento, como ha ocurrido en estos últimos años. La situación actual de las empresas públicas, sus planes, su infraestructura, su organización y su operación ameritan cambiar el modelo y reforzarlas con empresas expertas que ayuden a reencontrar el camino, perdido por muchos años y que ha convertido al venezolano de a pie en un marginado.
Solo si se asume el camino de la descentralización, la competencia, la asociación de capitales, los planes de incorporación ciudadana y los montones de esfuerzos de los venezolanos probos será posible cambiar el rumbo.
Referencias
Brichetti, J. P. (2019): Panorama de las tarifas de agua en los países de América Latina y el Caribe. Nota técnica IDB-TN-01656. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo. https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Panorama_de_las_tarifas_de_agua_en_los_pa%C3%ADses_de_Latinoam%C3%A9rica_y_el_Caribe_es_es.pdf
MARNR (1995): El agua. Vol. 1 y 2: Grandes presas de Venezuela. Caracas: Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables.
MARNR (1997): El agua. Vol. 3: Plantas de tratamiento. Caracas: Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables.
Novo Torres, I. y Díaz Martín, D. (2007): «Informe final de la evaluación del Parque Nacional Canaima, Venezuela, como sitio de Patrimonio Natural de la Humanidad». Caracas: Inparques, Universidad de Queensland, UNESCO, World Heritage y Vitalis. https://whc.unesco.org/document/102219
OVSP (2018): «Encuestas sobre percepción de los servicios públicos». Caracas: Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. https://www.observatoriovsp.org/esda-encuesta-de-los-servicios-publicos-en-venezuela/
Telecomunicaciones: Mercados y Tecnologías (2016): «TIC: Ranking desarrollo de las TIC – IDI-2016». http://telecomunicaciones-peru.blogspot.com/2016/11/tic-reporte-global-de-tecnologias-de-la.html
Transparencia Venezuela (2018): «Empresas propiedad del Estado. Segunda parte. Un modelo de control». Resumen ejecutivo. Caracas: Transparencia Venezuela. https://transparencia.org.ve/empresas-propiedad-del-estado/
José Norberto Bausson, coordinador nacional del Sector Agua Potable y Saneamiento del Plan País, presidente de la Consultora Alegama Ingeniería y presidente de la ONG Ojo Ciudadano. Integrante de Acuerdo Social, asociación civil dedicada a la elaboración de propuestas de políticas públicas para Venezuela (acuerdosocialvenezuela@gmail.com). Twitter: @norbausson
