Los vendedores en corto, en particular los que emiten reportes críticos sobre empresas de oferta pública, son atacados por sus contrapartes en empresas y vistos con suspicacia por los reguladores. ¿Cumplen alguna función social? Sí, pero solo los que producen información veraz.
Los mercados financieros se nutren de información proveniente de diferentes fuentes que invierten recursos para su difusión. Las empresas de oferta pública lo hacen por responsabilidad con sus accionistas y para cumplir regulaciones, mientras que los analistas de los bancos de inversión lo ven como un servicio a sus clientes o como un insumo para construir las carteras de inversión de las instituciones para las cuales trabajan. Generalmente tales analistas deben cumplir también una serie de regulaciones.
Existen otros actores dispuestos a compartir gratuitamente sus análisis, con el propósito de crear matrices de opinión que apoyen sus apuestas sobre los precios futuros de las acciones de su interés. Por supuesto, cuando sus opiniones favorecen a las empresas a las cuales hacen seguimiento, hay pocas posibilidades de que generen polémicas a corto plazo. Pero, ¿qué pasa cuando sus opiniones cuestionan las estrategias de las empresas, la capacidad de su gerencia o la veracidad de sus reportes, y de paso apuestan a la caída de los precios de las acciones que siguen?
Las empresas objeto de cuestionamientos dan respuestas muy contundentes a sus críticos. En particular, destacan que sus opiniones están sesgadas por el beneficio económico que podrían recibir si buena parte del colectivo aceptara sus afirmaciones. Estos actores, conocidos con el nombre de vendedores en corto (short sellers), son quienes piden prestadas las acciones de una compañía de oferta pública para venderlas y recomprarlas posteriormente a un precio menor.
La mayoría de los vendedores en corto son anónimos y las magnitudes de sus transacciones se presentan de manera consolidada. Pero los pocos que expresan públicamente sus opiniones, mediante reportes y entrevistas, o en las redes sociales, son objeto no solo del «odio corporativo», sino también de la mirada escrutadora de los organismos reguladores.
El regulador debe garantizar que la información fluya, pues el buen funcionamiento de los mercados financieros depende de ello. Pero también debe evitar que contenidos maliciosos, sesgados o sin fundamentos afecten la estabilidad de las empresas.
¿Cómo regular a los vendedores en corto? Esta pregunta ha obsesionado durante años a los reguladores y los académicos de diversas disciplinas. En febrero de 2022, la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) aprobó una propuesta de ley, conocida como la Regla 13f-2, con el propósito de ampliar los datos disponibles al público en general sobre las transacciones de los vendedores en corto.
Esta norma permitirá dar más visibilidad al comportamiento de los grandes vendedores en corto, al revelar sus posiciones en títulos accionarios individuales y de modo consolidado. La propuesta requeriría reportar a la SEC posiciones cortas de al menos diez millones de dólares o el equivalente al 2,5 por ciento o más del total de acciones en circulación. Asimismo, requiere reportar la compra de acciones destinadas a cerrar posiciones cortas.
La propuesta 13f-2 se ha nutrido de la opinión de profesionales de la industria de la banca de inversión, miembros de los cuerpos reguladores, académicos y abogados especialistas en el tema. Dentro del grupo de expertos, merece especial distinción el profesor Joshua Mitts, de la Escuela de Leyes de Columbia, que siguió el comportamiento de los precios de las acciones sobre las cuales un grupo de vendedores en corto, usando seudónimos, emitió reportes críticos.
Mitts encontró que a la emisión de tales reportes seguían caídas de los precios y que los nuevos precios se revertían rápidamente. Esto hace suponer que los vendedores en corto aprovechaban las correcciones de precios para especular en los mercados de productos derivados sobre las acciones que criticaban. Los vendedores en corto cambiaban frecuentemente el seudónimo con que emitían sus controvertidos reportes para evadir futuras responsabilidades.
Entre 2010 y 2017 el profesor Mitts pudo identificar 1.720 ataques de vendedores en corto a empresas grandes y medianas que cotizan en bolsa. Las fluctuaciones de precios ocasionadas estuvieron en el orden de 20.000 millones de dólares, cifra que da una pálida idea de los incentivos económicos para manipular precios.
¿Cumplen los vendedores en corto una función social? Por supuesto que sí, pero solo los que producen información veraz. Lamentablemente, es imposible identificar a priori la calidad de un reporte y la confiabilidad de su emisor. Por ello, la propuesta 13f-2 es un importante avance en el conocimiento y la caracterización de unos actores que no siempre son los malos de la película.
Carlos Jaramillo, director académico del IESA.
Este artículo se publica en alianza con Arca Análisis Económico.
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