Después del colapso productivo y la hiperinflación, Venezuela se encuentra en una situación muy desfavorable. La aplicación de un plan de ajuste y estabilización es una tarea pendiente y urgente. Lograrlo requiere sanear la economía, abatir la inflación y corregir incongruentes decisiones que afectan a la sociedad. La urgencia de las medidas es hoy mayor, por los retos que implica la reconstrucción luego del doblete sísmico del 24 de junio.
Después de la hiperinflación (2017-2020) y de la estrepitosa caída de la producción (un 74 por ciento entre 2013 y 2020), Venezuela se encuentra aún en una situación crítica: el escaso crecimiento experimentado en los últimos años y la aún elevada inflación no pueden llevar a la conclusión de que la economía se encuentra enrumbada por una senda de crecimiento y estabilidad; mucho menos de que ya se superó la crisis.
La ejecución de un plan de ajuste y estabilización en Venezuela, así como la aplicación de reformas, es una tarea pendiente y urgente. Sin embargo, antes debe sanearse la economía, abatir el flagelo inflacionario y corregir las incongruentes decisiones que afectan a la sociedad.
Contar con un nuevo liderazgo nacional es una condición de base para corregir los problemas y desequilibrios existentes, pero no es suficiente.
El plan de ajuste y estabilización
El plan de ajuste y estabilización inicial de la economía es un proceso complejo que implica la definición y ejecución de acciones en materia institucional, fiscal, monetaria, cambiaria y de ingreso, entre otras. Ese proceso requiere la participación de muchas instancias, tanto nacionales como foráneas, pero tiene que ser liderado por quienes ejercen las funciones de manejo del Estado. Ellas son las encargadas de dar viabilidad y coherencia al proceso de ajuste, adaptar la normativa legal y crear el marco institucional idóneo para la existencia de un Estado de derecho. Solo así se podrá lograr el clima de confianza y el convencimiento de todos los miembros de la sociedad de que se va en serio con la corrección de los problemas y desequilibrios existentes, y de que se tendrá éxito en el proceso de enrumbar al país por un camino de progreso y desarrollo sostenible.
Es necesario avanzar sin demora en una transición política que le dé paso a una nueva gerencia pública, dispuesta a liderar el plan de ajuste. Eso permitirá, en primer lugar, desmantelar las trabas creadas por las sanciones internacionales que se han impuesto a Venezuela; en segundo lugar, generar bienestar colectivo; y, por último, delinear los papeles de los miembros de la sociedad en el proceso de recuperación del país.
Contar con un nuevo liderazgo nacional es una condición de base para corregir los problemas y desequilibrios existentes, pero no es suficiente. El éxito de los programas de ajuste y estabilización requiere un liderazgo que domine los siguientes aspectos clave:[1]
- Apoyo de la población al programa de ajuste y reformas, a pesar de las penurias que esas acciones producen (por ejemplo, el inevitable aumento de precios y tarifas de servicios públicos). Esos sacrificios solo pueden mitigarse parcialmente con programas sociales funcionales y efectivos, que incluyan subsidios directos focalizados dinámicos y el ajuste del salario mínimo y las pensiones.
- Un plan estratégico de información que explique claramente qué se va a hacer o se está haciendo, por qué hay que hacerlo, cuáles consecuencias acarreará y cuáles resultados se esperan.
- Un plan económico y de reformas integral, coherente y realista, que surja del compromiso de quienes lo liderarán y reciba el apoyo de la mayoría de los agentes económicos, políticos y sociales.
- Materialización de una serie de condiciones requeridas para que los agentes económicos actúen decididamente en el proceso. Entre esos requisitos están condiciones propicias para el ahorro, reglas de juego claras que fomenten la inversión, convencimiento de los agentes económicos de que hay un compromiso firme de los líderes con el plan y una presencia reiterada y permanente en la implementación del plan.
El plan de ajuste y estabilización debe atajar puntos transversales a la estructura económica: aspectos monetarios, fiscales, cambiarios, comerciales, financieros, laborales e institucionales. Los objetivos serán reducir la inflación, recuperar el salario y las jubilaciones, aliviar la pobreza, corregir el desequilibrio cambiario, restablecer el crédito financiero y sanear las finanzas públicas, acceder a financiamiento internacional y reestructurar la deuda pública externa.
El problema inflacionario puede solventarse con políticas monetarias, fiscales y comerciales prudentes y complementarias, combinadas con la puesta en marcha de medidas que estimulen la producción y el abastecimiento de bienes y servicios. Una de las medidas más importantes es evitar el anclaje cambiario nominal como mecanismo para reducir la inflación. Como parte de las políticas monetarias y fiscales hay que eliminar la «dominancia fiscal» —la práctica de políticas fiscales expansivas y deficitarias que obligan a los bancos centrales a financiar el gasto público con expansiones monetarias desproporcionadas que azuzan la inflación— tan arraigada en Venezuela y dotar al Banco Central de una auténtica autonomía que le permita reducir la inflación.
Se requiere una política cambiaria dinámica, de libre convertibilidad y con «flotación sucia» (o flotación administrada) del tipo de cambio.
Es necesario, además, enfocar la política fiscal al logro de los balances de las finanzas públicas, con énfasis en la racionalidad tanto del gasto como de los ingresos. Del lado de los gastos, es necesario reducir aquellos considerados superfluos y los subsidios menos necesarios, así como establecer prioridades a los distintos tipos de desembolsos. Un componente fundamental para reducir las erogaciones y las cargas presupuestarias es la privatización de múltiples empresas públicas, que fueron estatizadas en el período del «socialismo del siglo XXI».
También es menester descargar al sector público de una serie de funciones y servicios, mediante la privatización de numerosas actividades como la administración y el mantenimiento de la infraestructura vial y otros trabajos que se pueden compartir con el sector privado, como el suministro de agua, electricidad, manejo de puertos y aeropuertos y otros.
Del lado de los ingresos, es necesario hacer una revisión exhaustiva de la estructura tributaria, que asegure la equidad contributiva y evite la confiscatoriedad tributaria y la sobrecarga impositiva. Para ello es indispensable una coordinación en el establecimiento de los tributos en los ámbitos nacional, estadal y municipal, con el fin de impedir el establecimiento anárquico y desvinculado de impuestos por las distintas instancias de Gobierno que generen cargas tributarias acumuladas desproporcionadamente elevadas. Hay que mejorar la recaudación de los tributos, con el fin de reducir la evasión fiscal, y revisar las tarifas de los servicios públicos y los precios de los bienes producidos por el Estado, tomando en consideración tanto la estructura de los costos de prestarlos o producirlos como la eficiencia y la calidad de los bienes y servicios públicos.
Parte vital del programa de emergencia social es la recuperación de los salarios y las pensiones y el aumento del gasto social de manera efectiva.
En cuanto a la política monetaria es indispensable dotar al Banco Central de Venezuela (BCV) de una verdadera autonomía, condición de base para que esa institución pueda desempeñar su papel protagónico en la reducción de la inflación y el logro de una estabilidad duradera de precios y del tipo de cambio real. A esos fines, esa institución necesita establecer metas de crecimiento del dinero base y contar con la potestad real de negarse a financiar gasto público deficitario.
Las medidas de política monetaria —tales como operaciones de mercado abierto, modificaciones en el encaje requerido, condiciones para el acceso a la asistencia financiera del BCV, entre otras— deben estar orientadas a influir en la oferta monetaria, en línea con los objetivos inflacionarios buscados. Adicionalmente, después de liberar las tasas de interés nominales, es necesario lograr tasas de interés reales positivas, que permitan corregir los desequilibrios del mercado financiero y evitar su recurrencia.
Un componente necesario de la política monetaria es la creación de una nueva moneda —por ejemplo, el «nuevo bolívar» o NB— que sustituya al actual bolívar, inestable, sobrevaluado e incapaz de cumplir cabalmente las funciones de toda unidad monetaria, particularmente la de reserva de valor. La creación de la nueva unidad monetaria corregiría esas fallas y coadyuvaría a la generación de confianza entre los agentes económicos.
En un principio se podría establecer una unidad contable (UC), cuyo valor inicial en bolívares equivalga al tipo de cambio de paridad o esté por encima de esa tasa, lo cual implicaría una devaluación inicial importante, con el consecuente ajuste de precios. Paulatinamente, los precios de los bienes y servicios, las tarifas de los servicios públicos, las remuneraciones laborales y los contratos se expresarían, tanto en bolívares como en UC.
Después de establecerse un tipo de cambio nominal de la UC con la moneda tradicional en torno a la tasa de paridad se buscaría que esa relación cambiaria evolucione en línea con el diferencial inflacionario interno y externo. Esto evitaría situaciones de apreciación cambiaria creciente que, eventualmente, lleven a una nueva devaluación intensa, con el consecuente efecto inflacionario.
Se requiere una política cambiaria dinámica, de libre convertibilidad y con «flotación sucia» (o flotación administrada) del tipo de cambio, en la que el BCV participe activamente con el objetivo de lograr un tipo de cambio real estable. Por ello será de primordial importancia contar con el apoyo financiero de organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, con el fin de aumentar las reservas internacionales.
Es necesario avanzar hacia una reforma laboral que busque desmantelar rigideces que no benefician a los trabajadores.
Después del ajuste de precios inicial es lógico esperar que la inflación ceda, como producto de políticas prudentes en materia monetaria y fiscal, y que el BCV pueda intervenir con holgura en el mercado cambiario, haciendo que la variación del tipo de cambio de la UC con el bolívar sea cada vez menos intensa. Una vez lograda una relativa estabilidad cambiaria y de precios se sustituiría, a razón de uno a uno, la UC por el nuevo bolívar (NB), con un tipo de cambio con respecto al bolívar tradicional igual al de ese día, tasa a la que se convertiría la vieja moneda por la nueva. A partir de ese momento, tanto el bolívar tradicional como la UC desaparecerían y el tipo de cambio del NB con respecto al dólar estadounidense sería flotante.
Es de gran importancia también tener amplio acceso a los mercados financieros internacionales, para lo cual es necesaria la reestructuración de la deuda pública externa y el levantamiento de las sanciones internacionales. Ambas acciones permitirían implementar un programa de emergencia social que le dé viabilidad al plan de ajuste y estabilización.
Parte vital de ese programa de emergencia social es la recuperación de los salarios y las pensiones y el aumento del gasto social de manera efectiva. A tales fines se otorgarían subsidios directos, focalizados, dinámicos y bien estructurados al treinta o cuarenta por ciento de la población más desposeída, con el fin de aliviar las penurias de esa masa poblacional agravadas por el ajuste.
Como parte del plan de ajuste y estabilización es necesario avanzar hacia una liberación comercial, para abaratar las importaciones y fomentar las exportaciones. Para ello es necesario reducir los aranceles, eliminar las trabas arancelarias y paraarancelarias a las importaciones, simplificar los procesos aduaneros y facilitar la nacionalización de mercancías importadas. También es necesario reabrir negociaciones para reinsertar a Venezuela en regiones comerciales integradas, como la Comunidad Andina de Naciones, y desarrollar acuerdos comerciales con mercados importantes, como los de Estados Unidos y la Unión Europea.
Igualmente se requiere avanzar hacia la reforma y la consolidación del sistema financiero, facilitando la capitalización de las instituciones financieras, posibilitando la materialización de corresponsalías sólidas con bancos del exterior y logrando el fomento del crédito mediante la reducción de los encajes requeridos a la banca. Paralelamente es necesario fortalecer la supervisión bancaria y hacerle posible al sistema bancario el acceso a la asistencia financiera del BCV.
Es necesario, también, avanzar hacia una reforma laboral que busque, además de la recuperación de los salarios y las jubilaciones, desmantelar rigideces que no benefician a los trabajadores. Ello requiere eliminar la inamovilidad laboral imperativa, flexibilizar las contrataciones de trabajadores, simplificar y agilizar las disputas laborales y crear un sistema de pensiones funcional y bien supervisado, a los que se puedan afiliar los trabajadores.
Sobre el Estado recae la responsabilidad de desarrollar y prestar servicios públicos eficientes, pero debe abstenerse de realizar inversiones en áreas que no le son propias.
Hacia el desarrollo sostenible
Para que el país pueda salir adelante de manera sostenible hay que implementar un plan de desarrollo con visión de largo plazo, cuyo objetivo central sea no solo la inclusión social y la erradicación de la pobreza, sino también la participación de todos los miembros de la sociedad.
Ese proceso exige, en primer término, inversión, para lo cual se requieren reglas de juego claras y razonables, disponibilidad de servicios públicos eficientes, mercados apropiados y crecientes, acceso a financiamiento adecuado para la obtención de una rentabilidad razonable. Los inversionistas extranjeros necesitan remitir los dividendos a sus casas matrices y operar bajo el respeto de los derechos de propiedad, de las patentes y de las marcas y lemas.
Sobre el Estado recae la responsabilidad de desarrollar y prestar servicios públicos eficientes, así como desarrollar la infraestructura física requerida para el buen desenvolvimiento de la economía. Es necesario un sistema vial de primera, una infraestructura de puertos y aeropuertos de alto nivel, un servicio eléctrico y de suministro de agua que funcione y unos servicios de telecomunicaciones de primer orden.
Muchos de estos servicios públicos no tienen que ser provistos exclusivamente por el Estado. El sector privado, junto con el sector público, puede desempeñar un papel muy importante en la prestación de algunos servicios, así como en el desarrollo de un sistema educativo de primera clase que forme sólidamente al recurso humano, la prestación de un buen servicio de salud y la construcción de viviendas. Sin embargo, hay que tener claro que el Estado debe abstenerse de realizar inversiones en áreas que no le son propias, por no poseer los recursos, las tecnologías, el conocimiento, la gerencia y otros requisitos indispensables. El Estado, eso sí, se ocupará de crear y mantener las condiciones para el buen desempeño del sector privado y los inversionistas.
El Estado concentraría sus esfuerzos en atender responsabilidades de primera importancia que le son exclusivas como seguridad y defensa: asegurar su cumplimiento como condición de base para la existencia del Estado de derecho y el respeto a la Constitución y a las leyes, la existencia de un sistema judicial idóneo, funcional e independiente que asegure los derechos de los ciudadanos y castigue las violaciones a la ley, la preservación del sistema democrático y la independencia de los poderes públicos, la integración económica amplia con otras economías para asegurar el acceso a vastos y crecientes mercados, y la aplicación de políticas públicas racionales para crear y preservar las condiciones para que la sociedad actúe en línea con los objetivos del plan de desarrollo nacional integral.
Los retos son inmensos pero, cuando se acometa la tarea de reconstruir a Venezuela, este será un país de grandes oportunidades.
Ese proceso de desarrollo sostenible requiere asegurar la explotación eficiente y racional de la inmensa riqueza petrolera y gasífera que posee Venezuela, por medio de la incorporación de tecnología de punta, la recuperación de las refinerías idóneas para procesar nuestros crudos y el acceso a los mercados. Las alianzas con compañías privadas de primer nivel pueden facilitar estas condiciones, además de compartir riesgos con el Estado.
A pesar de los esfuerzos para desplazar la energía fósil en las próximas dos o tres décadas esta seguirá teniendo un papel relevante en el mundo. Por ello, un componente básico del plan de desarrollo sostenible tiene que ser la recuperación de la producción de petróleo y gas.
También es necesario recuperar el enorme potencial de energía hidráulica de Venezuela y aprovechar las grandes posibilidades de fuentes alternativas de energía no contaminante, como la eólica o la solar. Pues en los próximos años las decisiones mundiales de hacia dónde dirigir las inversiones van a estar influidas por la disponibilidad o no de energía verde.
Los retos son inmensos, pero cuando se acometa la tarea de reconstruir a Venezuela este será un país de grandes oportunidades. Hay quienes piensan que esa recuperación será muy difícil de alcanzar debido a la pérdida irreversible de capital humano, producto de la migración que incluyó a muchos profesionales y técnicos. Sin embargo, esa visión no es necesariamente realista.
Muchos compatriotas que no volverán a Venezuela estarán muy activos y presentes en el proceso del desarrollo futuro del país, porque, independientemente de donde se encuentren, harán aportes de importancia en la transferencia de tecnologías con las que trabajan en otras partes del mundo, fomentarán el acceso de compatriotas a universidades y centros de investigación de primer nivel donde se desempeñan o estimularán a las grandes empresas donde ejercen funciones gerenciales a invertir en Venezuela.
Se espera incluso que algunos migrantes, los que han tenido dificultades para insertarse en otras sociedades por la discriminación y la xenofobia, retornen cuando se materialicen nuevas oportunidades de trabajo y traigan consigo unas enriquecidas experiencias de vida por los obstáculos que han tenido que afrontar en otras tierras. La diáspora, lejos de haber significado una pérdida de talento y capacidad de trabajo, ha contribuido y contribuirá a la formación y el desarrollo del capital humano que requerirá el país para su progreso.
La estabilización: una tarea impostergable
Bien puede decirse que el enorme desafío de Venezuela exigirá que todas las fuerzas vivas —Estado, ciudadanía y sociedad civil— contribuyan de forma decidida, activa y coordinada para afrontarlo. Pero serán los líderes, políticos, intelectuales, profesionales, sindicales y de otra índole quienes, principalmente, tendrán que aportar ideas y participar en la elaboración y la implementación de planes de acción, con el fin de crear las instituciones públicas independientes y autónomas requeridas para el funcionamiento idóneo del Estado. También tendrán que mediar con organismos financieros internacionales, para asegurar el abundante financiamiento requerido y lograr la reinserción del país en el sistema financiero internacional, la reestructuración de la enorme deuda pública externa y el apoyo decidido de los Gobiernos de otros países y de la comunidad internacional. La materialización de todo ello es una tarea difícil y retadora, pero también es una necesidad imperiosa e impostergable, si se persigue el bienestar permanente y el progreso de la nación.
La reconstrucción tras el terremoto: el dilema del financiamiento
Tras el doblete sísmico del 24 de junio, las prioridades de acción inmediata en lo económico y en lo social han cambiado radicalmente en Venezuela. Los movimientos telúricos tuvieron graves consecuencias; particularmente, para quienes sufrieron la desaparición de personas cercanas y para quienes lo perdieron todo: vivienda, activos, medios de vida. El golpe agrava aún más la carestía de una enorme cantidad de personas de bajos ingresos. Este sismo doble podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos según una primera evaluación experimental rápida realizada por la NASA mediante imágenes satelitales.[2]
La urgencia inmediata es, ahora, la reconstrucción de viviendas e infraestructura básica, la reubicación de familias en situación de indigencia y la provisión de alimentos y otros servicios esenciales a miles de personas. Cálculos preliminares ubican los costos de reconstrucción entre 10.000 millones y 20.000 millones de dólares, magnitudes que exigen enormes ayudas financieras y materiales; es decir, un financiamiento muy elevado.
La gran pregunta es de dónde saldrán los recursos. El Estado no dispone de reservas abundantes ni de fondos previamente ahorrados; al contrario, arrastra un incumplimiento de su deuda externa desde 2017 y carece de acceso a los mercados financieros internacionales. Si el Gobierno decidiera acometer esos requerimientos, ampliando el gasto público deficitario financiado por el Banco Central mediante la creación masiva de dinero primario, las consecuencias serían muy adversas.
La expansión extraordinaria de la oferta monetaria no solo agravaría la inflación, que ya supera el cien por ciento en los primeros cinco meses de 2026, sino también desataría salidas masivas de capitales, debido al rechazo de los agentes económicos a mantener activos líquidos en bolívares. La vía de monetización de los déficits públicos, lejos de resolver la emergencia, la empeoraría.
Los fondos, por lo tanto, se requieren en moneda fuerte y provenientes del exterior: ayudas de Gobiernos, en particular de Estados Unidos, subvenciones privadas y aportes de organismos multilaterales a los que hoy Venezuela no tiene acceso. De ahí la necesidad de levantar varias sanciones vigentes, para habilitar el acceso a las instituciones y a la asistencia internacional.
La Licencia General 60 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, vigente hasta el 23 de octubre, autoriza las transacciones de socorro, pero es un alivio parcial y temporal: mientras persista el temor a sanciones secundarias, buena parte de la comunidad internacional seguirá rehusando canalizar recursos. A ello se añade que más de 9.000 millones de dólares de activos venezolanos —oro en el Banco de Inglaterra y derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional— siguen bloqueados, y que la imposibilidad de establecer relaciones con el FMI impide el acceso inmediato al financiamiento.
Movilizar los recursos es una condición necesaria, mas no suficiente. Es imprescindible asegurar su buen uso: que lleguen de forma eficiente y directa a los más necesitados y que la reconstrucción avance con eficacia. En un contexto de profunda desconfianza y Gobierno fallido, ello reclama mecanismos de administración transparentes que hoy no existen, verificación independiente y, muy probablemente, supervisión multilateral, junto con la participación del sector privado y la sociedad civil en la ejecución y el control. En eso se juega no solo la recuperación material del país, sino también la credibilidad de quienes deban conducirla.
Pedro A. Palma, profesor emérito del IESA
José Manuel Puente, profesor titular del IESA y profesor asociado de IE University (Madrid)
Notas:
Este artículo es una versión resumida y editada del capítulo con el mismo título que se publicará en el libro sobre las realidades del país preparado por las Academias Nacionales de Venezuela.
[1] Palma, P. A. y Rodríguez, C. (1996). Viabilidad de los planes de ajuste y reforma económica: el caso de Venezuela. Trabajo inédito.
[2] González, F. (2026, 30 de junio). Satellite images show the destruction caused by Venezuela’s twin earthquakes. Wired. https://www.wired.com/story/satellite-images-damage-caused-by-venezuela-earthquakes/
