Venezuela recibe hoy más dólares con respecto al tamaño de su economía que en otros episodios comparables de liberación cambiaria: Argentina, Egipto, Nigeria y la Agenda Venezuela de 1996. Pero la brecha cambiaria no cede. Un encaje legal de 73 por ciento asfixia el crédito, acelera la dolarización informal y contribuye a distanciar el cambio oficial del mercado. La urgencia de financiar la reconstrucción tras los terremotos hace que sea más imperioso disminuirlo.

A mediados de junio de 2026, la brecha entre la tasa oficial del Banco Centra de Venezuela (BCV) y el mercado cambiario paralelo ronda el 34 por ciento. Esta brecha no es pasajera. Es el síntoma de una arquitectura institucional que no ha terminado de ajustarse a una realidad monetaria que cambió y que, en varios aspectos, ha empeorado con respecto a lo que existía a comienzos de año.

El BCV colocó en subastas 5.574 millones de dólares en los primeros cinco meses de 2026, un aumento del 393 por ciento frente al cierre del año anterior. Las proyecciones de ingresos totales en divisas —de los equipos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ecoanalítica y Datanálisis— convergen en unos 26.000 millones de dólares para este año. Este número indica que algo está mal: ¿cómo es posible que la brecha del 85 por ciento al cierre de 2025 no haya desaparecido?

Si alguien hubiese dicho el año pasado que los ingresos totales de divisas en 2026 iban a ser de esta magnitud, la conclusión lógica habría sido que hoy no existiría brecha cambiaria. Sin embargo, la brecha sigue allí. Bajó a mínimos cercanos al 18 por ciento en marzo, pero subió en los últimos meses. A mediados de junio de 2026 supera el 30 por ciento.

Mantener un encaje del 73 por ciento, con 26.000 millones de dólares proyectados de ingresos, es aplicar la medicina de una enfermedad que ya no existe.

El encaje: una política diseñada para otro problema

El encaje legal es la proporción de los depósitos que los bancos deben mantener inmovilizada en el banco central, sin posibilidad de canalizarla hacia créditos. En Venezuela, esa proporción fue fijada por el BCV en el 73 por ciento desde 2022. Para entender lo que eso significa, conviene revisar algunos casos: Brasil aplica un encaje del 21 por ciento sobre depósitos a la vista, el promedio de la banca latinoamericana oscila entre el 8 y el 20 por ciento, y Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia no tienen encaje obligatorio.

La explicación del encaje venezolano es la desconfianza total en el bolívar en años recientes: el temor de que cualquier crédito bancario se convierta, casi de forma automática, en demanda de dólares en el mercado paralelo, presione la tasa de cambio y alimente la inflación. Inmovilizar los depósitos se concibió como una forma de cortar ese circuito. Funcionó, pero con costos enormes en un contexto donde el sistema financiero estaba prácticamente aislado del mundo y la oferta de divisas era mínima.

Ese contexto cambió, pero la política permanece. Un encaje del 73 por ciento fue una respuesta de emergencia a un período de aislamiento financiero y escasez extrema de divisas. Mantenerlo en 2026, con 26.000 millones de dólares proyectados de ingresos, es aplicar la medicina de una enfermedad que ya no existe.

El Banco de Pagos Internacionales (BIS, por su sigla en inglés) ha documentado el mecanismo: un encaje alto funciona como un impuesto implícito sobre la intermediación bancaria. Eleva el costo de captar depósitos, amplía la diferencia entre tasas pasivas y activas, y encarece el crédito hasta hacerlo prácticamente inasequible para empresas y personas. En Venezuela, el crédito bancario como proporción del PIB es uno de los más bajos del mundo.

Pero el efecto más dañino en el caso venezolano actual es otro: un encaje alto en bolívares no frena la dolarización, sino que la acelera. Cuando el sistema bancario en moneda local no puede ofrecer crédito útil, el venezolano migra al dólar, criptomonedas u otros activos; no solo por preferencia, sino también porque el mercado en dólares funciona mejor que el mercado en bolívares diseñado por el BCV para que no funcione.

Aquí está el problema: la autoridad monetaria mantiene el encaje alto para evitar que los bolívares prestados presionen la tasa de cambio. Pero esa misma restricción destruye la utilidad del bolívar como instrumento de ahorro y crédito, y empuja más transacciones fuera del sistema que intenta controlar.

El caso peruano es ilustrativo. Entre 1990 y 2014, el Banco Central de Reserva del Perú aplicó encajes diferenciados: mayores para depósitos en dólares que para depósitos en soles. El objetivo era encarecer la intermediación en moneda extranjera para incentivar el uso de la moneda local. Funcionó: la dolarización financiera cayó sostenidamente durante ese período. Venezuela hace exactamente lo opuesto —aplica el encaje más alto del mundo sobre la moneda que quiere defender— y obtiene exactamente el resultado opuesto.

Nigeria llegó a un encaje del 50 por ciento en 2024 durante su ajuste y lo bajó al 45 en 2026. Argentina lo elevó hasta el 53,5 en 2025, considerado un récord de treinta años. Venezuela lo mantiene en el 73 por ciento desde 2022.

La desconfianza explica, en parte, por qué más dólares no se traducen automáticamente en una menor brecha.

Más dólares que antes, pero sin marco institucional para aprovecharlos

La comparación internacional pertinente no es solo de encaje, sino también de magnitud del flujo de divisas con respecto al tamaño de la economía en momentos de transición cambiaria y de las condiciones institucionales en que ocurre esa transición.

Argentina, en su proceso de normalización de 2024-2025, recibió ingresos en divisas del orden de 41.000 millones de dólares sobre un PIB de 633.000 millones: aproximadamente el 6,5 por ciento. Egipto, tras la megadevaluación de marzo de 2024 y el acuerdo de Ras El-Hekma, captó cerca de 48.000 millones de dólares sobre un PIB de 389.000 millones: el 12,4 por ciento. Nigeria recibió en 2024 ingresos de divisas por 17.220 millones de dólares sobre un PIB de 188.000 millones: el 9,2 por ciento, recurrente pero dependiente de un flujo que mostró señales de debilidad. En los tres casos, la transición cambiaria se hizo con bancos centrales que, con todos sus problemas, tenían cierto grado de independencia operativa y marcos legales relativamente predecibles.

Venezuela proyecta en 2026 ingresos en divisas de aproximadamente 26.000 millones de dólares sobre un PIB estimado entre 90.000 millones y 120.000 millones (entre el 22 y el 29 por ciento del PIB): un flujo estructural y recurrente, no ocasional, y se espera que más bien aumente con el tiempo. En términos puramente cuantitativos, ninguno de esos países tenía en el momento de su transición un respaldo en divisas tan elevado con relación al tamaño de su economía.

El flujo de dólares no es la única variable relevante. Venezuela enfrenta condiciones institucionales significativamente más adversas que las de cualquiera de los casos mencionados, que crean una desconfianza estructural. Esa desconfianza explica, en parte, por qué más dólares no se traducen automáticamente en una menor brecha.

El caso de la Agenda Venezuela de 1996, hace treinta años, ofrece una referencia interesante. En ese momento, los ingresos en divisas representaban aproximadamente el 12 por ciento del PIB. La devaluación fue del 160 por ciento, la tasa oficial pasó de 170 a 470 bolívares por dólar y la inflación mensual —que llegaba a 12,6 por ciento— cayó a entre el 3 y el 4 por ciento mensual al cierre del año.

La liberación funcionó porque los fundamentos macroeconómicos lo permitían y porque se hizo en un marco institucional más predecible que el actual: un BCV con mayor autonomía formal, un acuerdo con el FMI como ancla de credibilidad externa y un contexto político que ofrecía más certeza sobre la continuidad de las reglas. En 2026, el flujo de divisas es cuantitativamente superior (más del doble como proporción del PIB), pero el déficit institucional es también mayor. Pero esto no quiere decir que la tarea sea imposible.

Venezuela tiene en 2026 más dólares disponibles con respecto a su economía que Argentina, Egipto o Nigeria en sus respectivas transiciones cambiarias. Pero la desconfianza institucional actúa como una fuerza en sentido contrario: los agentes económicos descuentan no solo el flujo de hoy, sino la posibilidad de que las reglas cambien mañana.

Ante una reconstrucción que requerirá movilizar crédito nacional de forma rápida y masiva, un encaje del 73 por ciento es, más que nunca, un obstáculo que el país no puede seguir cargando.

Cuál es el costo de no actuar

La brecha cambiaria no es solo un número. Es un impuesto implícito sobre las importaciones que asumen la tasa paralela —una fuente de arbitraje para quienes obtienen divisas oficiales— y una señal de desconfianza que frena la inversión privada. Cada punto porcentual de brecha tiene un costo real en precios, en asignación de recursos y en la credibilidad del sistema.

Otras economías que atravesaron procesos similares lo aprendieron. Argentina cerró su brecha de casi el 200 por ciento en una sola devaluación en diciembre de 2023. Tuvo meses de rebote posterior, pero el ancla se sostuvo porque el flujo de divisas era suficiente. Egipto cerró su brecha del 56 por ciento con la devaluación de marzo de 2024 y el respaldo del acuerdo de Ras El-Hekma. Nigeria, donde el flujo no resultó tan robusto como se anticipaba, tuvo más dificultades para estabilizar, lo que refuerza la importancia del volumen estructural de divisas disponible, precisamente la fortaleza que Venezuela sí tiene.

La hoja de ruta parece estar clara: reducción gradual del encaje condicionada al avance en el cierre de la brecha, transparencia total en las subastas del BCV, eliminación de cupos o limitantes a la demanda y, como etapa final, unificación o liberación plena del tipo de cambio. El desafío no es técnico. Es de credibilidad institucional: demostrar que las reglas no van a revertirse, que el BCV puede actuar con autonomía suficiente para anclar expectativas y que el flujo de dólares de hoy no es un episodio transitorio, sino la nueva normalidad de una economía que vuelve a tener ingresos petroleros importantes. Un flujo creciente de ingresos en dólares es precisamente lo más difícil y ya se tiene.

Un encaje del 73 por ciento, diseñado para frenar la fuga de bolívares en un contexto de aislamiento y escasez, no sirve en 2026. Solo pospone el ajuste, deteriora el sistema financiero venezolano y le cede al mercado paralelo el espacio que el sistema formal no ocupa. Con 26.000 millones de dólares de ingresos en divisas, Venezuela tiene el margen para intentarlo. Lo que falta es la arquitectura institucional para que ese margen se traduzca en estabilidad. Mientras el encaje siga en esa magnitud, cualquier ingreso adicional que entre en divisas para estimular la demanda puede encontrarse con una oferta limitada de bienes y reflejarse en mayor inflación.

Posdata: urge reducir el encaje para financiar la reconstrucción

Luego de los terremotos del 24 de junio, la brecha cambiaria ha caído abruptamente desde el treinta por ciento hasta cerca del catorce por ciento, no como señal de estabilización, sino como reflejo de la caída de la actividad económica y la contracción transitoria de la demanda de divisas. El terremoto refuerza, si cabe, el argumento central: ante una reconstrucción que requerirá movilizar crédito nacional de forma rápida y masiva, un encaje del 73 por ciento es, más que nunca, un obstáculo que el país no puede seguir cargando.

A diferencia de lo ocurrido en episodios anteriores de expansión crediticia no supervisada, los préstamos de reconstrucción pueden dirigirse —mediante política pública— hacia inversión real en vivienda e infraestructura, de manera de reducir el riesgo de que el crédito se vaya hacia el mercado cambiario. La urgencia de la reconstrucción tras los terremotos no cancela los riesgos monetarios, pero sí cambia la ecuación de costo-beneficio del encaje. Postergarlo ahora tiene un costo humano y económico que ya no es abstracto.

Carlos Alberto Molina, profesor del IESA