En Venezuela los adultos mayores forman parte de una estructura poblacional claramente afectada por la ola migratoria y el cambio en la composición de la fuerza laboral. Hay una realidad muy cruda: los jubilados tienen menor capacidad para acceder a bienes y servicios que atiendan sus necesidades. Por lo tanto, para evaluar con propiedad la situación financiera de la nueva ola de retirados se debe confrontar percepciones muy arraigadas, que cada vez menos se corresponden con la realidad.
Existe una imagen bucólica de la vida de los retirados, estimulada por las campañas de mercadeo de las empresas de los países desarrollados que venden una enorme variedad de bienes y servicios dirigida a esa población. La verdad es que ni en esos países el jubilado puede costearse el nivel de vida publicitado. Por eso, es necesario un rediseño de servicios para los ancianos que incluya, entre otras cosas, la gestión de activos financieros.
Los datos de la Encuesta sobre Finanzas del Consumidor (SCF) de la Reserva Federal de Estados Unidos para el año 2022 (los más recientes) muestran que el ahorro promedio de los tres segmentos poblacionales en que se dividen los retirados en ese país está distribuido de la siguiente manera: 537.560 dólares (55 a 64 años), 609.230 dólares (65 a 74 años) y 462.410 dólares (más de 75 años). Estos montos no son despreciables en términos absolutos, pero al ser promedios obviamente no describen situaciones individuales.
A medida que crece la proporción de personas en edad de retiro que viven solas es necesario un rediseño en la prestación de servicios de toda índole.
Cuando se observa la mediana (el valor medio de un conjunto de números) de la acumulación de ahorro para el retiro se encuentran los siguientes niveles de acumulación: 185.000 dólares (55 a 64 años), 200.000 dólares (65 a 74 años) y 130.000 dólares (más de 75 años). Estos números vuelven el panorama del futuro de los retirados mucho más sombrío.
Un estudio sobre percepciones de ahorro de la empresa de seguros Allianz Life publicado en el último trimestre de 2024 encontró que, para el 69 por ciento de los estadounidenses, sus contribuciones a sus fondos de retiro son insuficientes. Esto se debe a que la inflación les impide mantener un esfuerzo de ahorro sostenido y, para complicar aún más la situación, el 42 por ciento ha hecho retiros anticipados de estos fondos para cubrir gastos de otra naturaleza.
Para evaluar con propiedad la situación financiera de la nueva ola de retirados deben confrontarse percepciones muy arraigadas, que cada vez menos se corresponden con la realidad. Por ejemplo, siempre se ha pensado que la mayoría de las personas se retiran en parejas y que los cónyuges se dan apoyo mutuo en los «años dorados». Pero algunos datos demográficos muestran que las personas de 65 años o más que vivían solas encabezaban el 11 por ciento de los hogares en 2020, frente al 9 por ciento en 2010, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Aproximadamente la mitad de las mujeres y el 29 por ciento de los hombres de 65 años o más no tienen pareja, según un análisis de datos censales realizado por el Centro de Investigaciones Pew.
Esas cifras podrían aumentar a medida que más adultos lleguen a la jubilación sin pareja. Aproximadamente, el 38 por ciento de la población entre 25 y 54 años no tenía pareja en 2019, frente al 29 por ciento en 1990, según Pew. El 53 por ciento estaba casado, frente al 67 por ciento en 1990. Según los científicos sociales, las menores tasas de matrimonio se deben a las mayores oportunidades económicas para las mujeres y a la menor presión social para contraer matrimonio.
En el mundo anglosajón hay una fuerte tradición cultural que facilita la gestión de activos financieros y de salud a terceros, pero puede que no sea así en Latinoamérica.
A medida que crece la proporción de personas en edad de retiro que viven solas es necesario un rediseño en la prestación de servicios de toda índole, que incluyen la gestión de activos financieros tales como cuentas corrientes y de inversión, y la gestión de la salud. Los individuos que no viven en pareja necesitan personas que puedan tomar decisiones sobre sus asuntos personales en caso de quedar incapacitados para hacerlo. De allí la necesidad de formalizar la participación de allegados mediante arreglos legales que den soporte a sus acciones.
En el mundo anglosajón hay una fuerte tradición cultural que facilita esta delegación a terceros, pero puede que no sea así en Latinoamérica. Usos y costumbres, más que mecanismos legales, dan por sentado que siempre habrá un adulto del entorno familiar que cumplirá esa función, lo que cada vez es menos cierto.
La situación en Venezuela ha sido descrita por la empresa consultora Equilibrium. Para finales del año 2024 los mayores de 55 años, que forman el segmento de la economía plateada, totalizan 5,3 millones de personas. De ellos, el 51,2 por ciento son mujeres y el 48,8 por ciento hombres, que pueden agruparse en tres bandas etarias: 55-64 años (47,4 por ciento), 65-75 años (37,4 por ciento) y mayores de 75 años (15,2 por ciento).
Este grupo etario forma parte de una estructura poblacional claramente afectada por la ola migratoria vivida en la última década, que trajo consigo la pérdida de «bono demográfico» (la existencia de una mayoría de personas en edad de trabajar) y afectó la composición de la fuerza laboral. En cuanto al estado civil, el 39,6 por ciento vive en pareja y el 60,4 por ciento restante declara no hacerlo.
Más allá de algunos estudios exploratorios sobre la economía plateada. no existen datos públicos sobre el ahorro acumulado por los venezolanos para su retiro. Tampoco existe un verdadero perfil sociodemográfico de la población que describa con claridad cómo está constituido este grupo etario. Esta es información básica no solo para formular cualquier política pública, sino también para medir la profundidad de muchos nichos de mercado que, se supone, existen para la provisión de bienes y servicios tradicionalmente provistos por la familia.
Hay una realidad muy cruda. Aunque no existan los números, se sabe que 1) no hay mucho dinero acumulado para atender a los integrantes de la tercera edad y 2) la infraestructura disponible para la prestación de los servicios requeridos es también limitada. Por lo tanto es necesario buscar maneras novedosas de resolver sobre la base de lo disponible. Allí es donde las organizaciones de la sociedad civil tienen un enorme campo de acción en la organización de los «miembros de la comunidad plateada» y de los prestadores de servicios, y en la interacción con los gobiernos municipales de las zonas urbanas que de manera sistemática se han ocupado de este tema.
A corto plazo no todo lo que brilla es plata. Pero hay maneras efectivas de tratar de que así sea y esta es una responsabilidad colectiva ineludible.
Carlos Jaramillo, vicepresidente ejecutivo del IESA.
Este artículo se publica en alianza con Arca Análisis Económico.
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