China ha anunciado un paquete fiscal de 10 billones de yuanes (1,4 billones de dólares) para rescatar a los gobiernos locales y apuntalar su tambaleante economía. Para muchos economistas occidentales estas medidas carecen de un componente importante: apoyo a los hogares para que puedan aumentar su consumo.
El pasado 7 de noviembre de 2024 China anunció un paquete fiscal de 10 billones de yuanes (1,4 billones de dólares) para rescatar a los gobiernos locales y ayudar a apuntalar su economía. El redireccionamiento de su estrategia ocurre en un contexto donde se espera un aumento de la tensión comercial con el gobierno de Trump.
Para muchos economistas occidentales estas medidas han sido insuficientes y carecen de un componente importante: el apoyo a los hogares para que puedan aumentar su consumo. La población china tiene altas tasas de ahorro para cubrir educación, retiro y salud, porque no siente que la red de seguridad del Estado sea suficientemente robusta. Asimismo, se considera que el paquete hace poco para aliviar la crisis del sector inmobiliario: un gran vehículo de ahorro para la población.
El plan económico anunciado aspira a inyectar una cantidad de recursos suficiente para lograr la meta de crecimiento del PIB de un cinco por ciento anual y reducir algunos riesgos de cola. Pero no recompone la economía nacional de manera profunda.
El endeudamiento de los gobiernos locales ha llegado a niveles insostenibles, como consecuencia de la contratación de préstamos para pagar proyectos municipales de infraestructura y responder a la crisis de la covid-19. Por política, gran parte del gasto público fluye a través de los municipios y las provincias, mientras que el gobierno central se endeuda poco.
Como parte del plan anunciado, Beijing autorizaría a los gobiernos locales a emitir bonos de tres a cinco años para reestructurar la mayor parte de unos catorce billones de yuanes en deudas «ocultas» o «implícitas». Los gobiernos locales emitirán seis billones de yuanes en nuevos bonos durante tres años y reasignarán otros cuatro billones en bonos previamente autorizados durante cinco años para la reestructuración de la deuda.
Gran parte de esta deuda se registra en vehículos financieros especiales que la mantienen fuera de los presupuestos públicos oficiales. El Fondo Monetario Internacional calculó el año pasado que esa deuda oculta ascendía a 8,3 billones de dólares.
Los gobiernos locales podrían canjear los nuevos bonos por esos vehículos financieros para llevar las deudas a sus balances. Esto daría lugar a menores costes financieros: un ahorro de 600 millardos de yuanes en total.
Para algunos economistas locales las «deudas ocultas» se reducirían a 2,3 billones de yuanes, una vez que los canjes y un programa de deuda relacionado con la reurbanización de los barrios marginales se pongan en marcha. Esto liberaría recursos previamente asignados al servicio de la deuda y permitiría a los gobiernos locales reorientar el gasto hacia «el desarrollo y la mejora del bienestar público». En algunos casos podrían incluso usarse para pagar salarios atrasados, lo que ayudaría marginalmente a estimular el consumo.
Encontrar ingresos propios estables será esencial para que los gobiernos municipales chinos financien los procesos de urbanización.
Durante las últimas dos décadas las ciudades chinas han dependido, en gran medida, de los ingresos del arrendamiento de terrenos públicos para financiar el desarrollo urbano. Pero en el año 2020, el gobierno nacional modificó la Ley de Administración de Tierras y eliminó esta potestad.
Una asignatura pendiente del gobierno chino es proveer un modelo de finanzas municipales sostenible que permita mejorar la calidad de los servicios públicos. Pero este desafío es difícil de enfrentar por la alta carga tributaria general de China y la presión para que el gobierno reduzca los impuestos, en particular los indirectos, para ayudar a las empresas a seguir siendo competitivas.
Históricamente ha resultado difícil mantener la carga fiscal general debido a las dificultades para recaudar ingresos mediante impuestos directos. Encontrar ingresos propios estables será esencial para que los gobiernos municipales financien los procesos de urbanización. China perdió la oportunidad de implementar un impuesto a la propiedad inmobiliaria en los años de bonanza de ese sector.
A los propietarios de viviendas les resulta extremadamente difícil aceptar un impuesto inmobiliario. Pero, hasta que este no sea una realidad, los municipios carecerán de una fuente sostenible de ingresos propios y esta, como es bien sabido, es la pieza que falta en la estrategia de reforma tributaria del gigante asiático dirigida a equilibrar mejor los impuestos indirectos y directos.
En esta versión del paquete de ajuste quedaron por fuera 1) la recapitalización de los grandes bancos del Estado y 2) una salida al inventario de inmuebles que no se pudieron terminar cuando, por presiones del gobierno, se redujo el financiamiento del sector. Aunque hay expectativas de que en la próxima Conferencia Central de Trabajo Económico de diciembre de 2024 se anuncien medidas para sectores desatendidos en el paquete recién anunciado, la asignación de nuevos fondos estará condicionada por el impacto que pueda tener la nueva política arancelaria del gobierno de Trump.
Mientras el presidente Trump no se pronuncie sobre el alcance de la política comercial con China —y esto no debería ocurrir antes de finales de enero de 2025—, lo que queda es simplemente especular. ¿Cuán cercanas podrían estar las visiones de los nuevos miembros del gabinete económico y las del gigante asiático?
Carlos Jaramillo, vicepresidente ejecutivo del IESA.
Este artículo se publica en alianza con Arca Análisis Económico.
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