«Los derechos humanos son universales y punto». Las ONG en Venezuela responden, sin excepción, a este principio y tienen un papel protagónico e histórico en la gerencia de la ayuda humanitaria.

María Gabriela Mata Carnevali / 20 de febrero de 2019

Las organizaciones no gubernamentales (ONG), por su moderna trascendencia, son consideradas el principal cauce por el cual se manifiesta la aspiración mundial de proteger los derechos humanos. Aunque todavía no se les valore como personas jurídicas internacionales, en el sentido estricto de la expresión, nadie puede discutir que, por los muchos papeles que han asumido, forman parte de los más importantes actores del derecho internacional. En Venezuela existe una gama muy amplia de asociaciones civiles que persiguen fines distintos en los ámbitos cultural, humanitario, político, deportivo, académico, social, religioso, científico, etc., con base en los derechos y prerrogativas consagradas en el artículo 52 de la Constitución, y que bien pueden responder al nombre de ONG.

Para el hoy cuestionado gobierno de Nicolás Maduro, y antes para el de Hugo Chávez, las ONG no son actores inocentes, porque cumplirían funciones específicas, de acuerdo con la «agenda imperialista norteamericana». En su opinión, han servido de fachada para el financiamiento de causas golpistas, por lo que no pasan de ser agentes de la «guerra híbrida» contra la «Venezuela bolivariana». En particular, sus críticas se dirigen al grupo de organizaciones que defienden los derechos humanos. Así, no es de extrañar que hayan intentado entorpecer su trabajo.

El Tribunal Supremo de Justicia determinó en 2010 que las organizaciones receptoras de financiamiento del exterior pueden ser juzgadas por «traición a la patria». A su vez, la Asamblea Nacional, controlada en aquel entonces por el chavismo, sancionó una ley que impedía recibir financiamiento internacional a organizaciones dedicadas a la «defensa de los derechos políticos» o el «control sobre los poderes públicos».

¿Son en verdad «engendros del imperialismo»? ¿Organizaciones al servicio de Estados Unidos como afirma el gobierno? Inti Rodríguez responde en nombre de Provea (2018):

Esta organización… ha sido siempre coherente con sus principios en defensa de los derechos humanos, independientemente de la identidad ideológica o social de la víctima. De la misma manera que velamos por los derechos de los detenidos por el golpe de Estado del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992, defendimos la gratuidad de la educación y la seguridad social en los años 90, solicitamos medidas cautelares a favor de Hugo Chávez en abril de 2002, condenamos la represión en 2014 y 2017, denunciamos los abusos de la OLP en 2015 y 2016, condenamos la detención arbitraria de Leopoldo López en 2014 y de Miguel Rodríguez Torres en 2018. De esa misma manera seguimos y seguiremos denunciando las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura de Nicolás Maduro, en un contexto de severos retrocesos en los derechos sociales y un acelerado aumento de la pobreza.

Por más contundentes que parezcan sus declaraciones, lo cierto es que, dado el creciente número de organizaciones integrantes del denominado «Movimiento por los Derechos Humanos» en Venezuela, es difícil hacer generalizaciones. Algunas como Human Rights Watch tienen, en efecto, lazos con Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea, y no ocultan su preferencia por la ideología liberal. Otras se cuidan mucho de mantener independencia de criterio, mientras que cierta cantidad se abstiene por completo de emitir opiniones políticas.

Pero luce mezquino cuestionar la coherencia y el compromiso que han mostrado, en general, estas organizaciones con respecto a la situación de «emergencia humanitaria compleja» que han ayudado a definir. Pudiera decirse que, conscientes de la importancia de los datos, las ONG de derechos humanos en el país se concentran en el registro y la documentación de las violaciones sistemáticas de los derechos, a fin de acompañar a las víctimas y hacer públicos los atropellos ante la comunidad nacional e internacional, lo que ha sido determinante al justificar la inclusión de Venezuela en la lista de países que padecen una crisis humanitaria en su versión más grave, que alude no a una situación producto de desastres naturales o conflictos armados, sino a una situación estructural atribuida a los Estados fallidos.

En cambio, de parte del gobierno, se nota una tendencia «relativizante» en esta materia, propia de regímenes autoritarios. Como bien apunta Carlos Chipoco (2010: 181):

En América Latina podemos identificar tres nociones que relativizan el valor universal de los derechos humanos; relativización que permite a algunos grupos sostener que ciertas personas carecen de DDHH (o que algunos tienen más derechos que otros): (a) la noción de seguridad nacional, (b) el relativismo cultural, (c) la idea de que los derechos son solo de clases y no de individuos.

La noción de seguridad nacional es utilizada para negarles sus derechos en tanto personas a los insurgentes o terroristas, y, en la práctica, a todo aquel que se oponga al gobierno. El relativismo cultural va contra el universalismo de los derechos humanos en el sentido de que irrespetaría las particularidades de las diferentes culturas.

La idea de que los derechos humanos son solo de clases se basa en el hecho de que algunos menos favorecidos económicamente no pueden acceder a todos los derechos. Entonces habría que promoverlos selectivamente entre las clases para salvar esta brecha.

De la mano con Chipoco puede afirmarse: «los derechos humanos son universales y punto». Y las ONG en Venezuela responden, sin excepción, a este principio. Qué bueno que sean ellas las escogidas por la Asamblea Nacional, hoy dignamente presidida por Juan Guaidó, para supervisar la distribución de la ayuda humanitaria. Claro, primero hay que resolver el asunto de si entra y cómo entra.

Referencias

• Chipoco, C. (2010): «La protección universal de los derechos humanos: una aproximación crítica». En R. Cerdas y R. Nieto (eds.): Estudios básicos de derechos humanos. Tomo I: 171-226. San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
• Provea (16 marzo, 2018). «Defender derechos desde la coherencia y el compromiso»: https://www.derechos.org.ve/opinion/defender-derechos-desde-la-coherencia-y-el-compromiso

María Gabriela Mata Carnevali, profesora de la Universidad Central de Venezuela.