El costo político de la recompra de acciones

323
Imagen de mohamed Hassan en Pixabay

La ley de presupuesto estadounidense del año 2022 trae limitaciones a los programas de recompra de acciones de las empresas. El viejo debate sobre su conveniencia volverá a atraer la atención de legisladores, académicos, reguladores financieros y, por supuesto, quienes hacen cabildeo en representación de los grandes grupos empresariales.

Carlos Jaramillo / 7 de abril de 2022


 

Cualquier curso introductorio de finanzas enseña a los estudiantes un conjunto de postulados generales que les sirven para analizar situaciones complejas en los mercados financieros. Algunos de ellos permiten entender las implicaciones de las restricciones a la recompra de acciones de compañías de oferta pública, que el gobierno estadounidense quiere introducir en la nueva ley de presupuesto que presentó al Congreso el pasado 28 de marzo de 2022.

Se dice que cuando las empresas no tienen la oportunidad de invertir el dinero que producen en su quehacer cotidiano, en proyectos que creen valor, sus administradores deben entregar a los accionistas estos recursos en forma de pago de dividendos o recompra de acciones. De lo contrario, los gerentes tendrían la tentación de acometer inversiones que les beneficien a ellos, pero no a los accionistas.

Suele suceder que, cuando se anuncian planes de recompra de acciones, suban los precios de estas acciones. Los mercados financieros interpretan tal anuncio como un signo de que estos títulos están subvaluados.

Se habla también de la propensión de los gerentes a preferir inversiones que maximizan el valor económico de la empresa a corto plazo. En muchos casos, este horizonte temporal calza mejor con sus planes individuales, aunque la visión cortoplacista vaya en contra de los intereses de los accionistas, el resto de los empleados y el fisco.

Alinear los intereses divergentes de los ejecutivos que toman las decisiones en las empresas y el resto de los grupos de intereses es un tema que ocupa un puesto importante en las agendas de trabajo de los directorios, los organismos reguladores del mercado de valores, los sindicatos, los proveedores estratégicos, etc. Tal alineación de intereses se pretende lograr al dar a los empleados con poder de decisión en las empresas una mayor porción de sus remuneraciones en acciones; en teoría, si los empleados son también dueños, no deberían tomar decisiones que destruyan valor patrimonial.

Los críticos del mundo empresarial estadounidense, y de los países desarrollados en general, sostienen que en muchos casos los gerentes usan mecanismos de ingeniería financiera —como la recompra de acciones— para montar estrategias de creación de valor a corto plazo, en vez de emprender iniciativas rentables o de acumular suficientes recursos para enfrentar emergencias e imponderables.

La sociedad estadounidense fue muy crítica durante la pandemia de la pertinencia de las ayudas que el Gobierno Federal otorgó a muchas empresas. A las estrategias de creación de valor a corto plazo se atribuía la culpa de que las compañías no tuviesen suficientes reservas para enfrentar la reducción drástica de sus actividades.

El hecho de que en 2021 las compañías que integran el índice S&P 500 destinaron 882.000 millones de dólares a los programas de recompra de acciones refuerza las percepciones contrarias al proceder empresarial estadounidense. Según Goldman Sachs, tal cifra podría llegar a un billón de dólares en 2022.

El nuevo presupuesto de Estados Unidos pretende captar recursos que permitan pagar los préstamos requeridos para otorgar subsidios a empresas y personas durante la crisis de la covid-19. Es evidente que, desde un punto de vista político, resulte muy popular obligar a pagar parte de la cuenta a quienes más tienen, que fueron los más beneficiados del alza de las acciones a partir de marzo de 2020. En esa misma línea de ideas es muy tentador corregir las anomalías que permiten extraer recursos de las empresas vía recompra de acciones y pagos de dividendos.

La propuesta incluida en la ley presupuestaria de 2022 establece no solo cobrar un impuesto de uno por ciento sobre el monto destinado a los programas de recompra de acciones, sino también prohibir que los ejecutivos vendan sus acciones en los tres años siguientes a la ejecución de esos programas. La idea detrás de esta restricción es evitar que las recompras las motive el interés de los ejecutivos de aprovechar las subidas de precios que los anuncios de recompra impulsan.

Los defensores de la recompra de acciones harán su cabildeo contra esta propuesta. Alegarán que tal medida limita la posibilidad de hacer un uso más eficiente de los recursos empresariales, en particular cuando lo más sensato sea devolver el dinero a los accionistas. Otros actores evitarán promover los programas de recompra de acciones en las empresas que dirigen, para evitar el costo por deterioro de imagen que causaría que se los asocie con estrategias orientadas —exclusivamente, se supone— a inflar los precios de títulos accionarios a corto plazo para su beneficio.

Lamentablemente no es sencillo distinguir las situaciones en las cuales las recompras preservan el valor patrimonial a largo plazo de aquellas en las que no lo hacen. Satanizar los programas de recompra de acciones implica quitarles a los gerentes una posibilidad de actuación que en muchas ocasiones está más que justificada.


Carlos Jaramillo, director académico del IESA.

Este artículo ha sido publicado en alianza con Arca Análisis Económico.

Suscríbase al boletín de novedades aquí.