En los países desarrollados la oferta de nuevos títulos accionarios ha disminuido. En su lugar, las nuevas empresas recurren a un creciente mercado privado de capitales para conseguir dinero, de manera de evitar los costos de la regulación y el escrutinio de un mayor grupo de actores.
Carlos Jaramillo / 28 de febrero de 2019
Los lectores mayores de cuarenta años probablemente recordarán la ilusión de todos los emprendedores que montaban una puntocom: conseguir rápidamente un inversionista que comprara el proyecto y les diese una cantidad importante de dinero con la cual, eventualmente, montarían una siguiente aventura de negocios o financiarían un retiro temprano en La Toscana. Hoy las cosas son muy diferentes en los países desarrollados.
En primer lugar el número de empresas cuyas acciones se cotizan en bolsa ha disminuido, debido a la consolidación de sectores industriales mediante fusiones y adquisiciones de empresas públicas financiadas con dinero muy barato gracias a la inyección de liquidez de la Reserva Federal. El número de acciones en circulación ha disminuido, también, por los planes empresariales de recompra de acciones. Entre 1997 y 2015, la cantidad de dinero destinada a la recompra de acciones superó en 3,5 billones de dólares el monto de recursos levantados con nuevas emisiones. En la actualidad cotiza un catorce por ciento menos de las empresas que lo hacían en 1975.
En segundo lugar las nuevas empresas tienen menor propensión a salir a bolsa tempranamente que sus homólogas de la década de los noventa. Esto se debe a la habilidad de sus dueños para conseguir dinero en un creciente mercado privado de capitales. Al evitar el levantamiento de fondos vía la oferta pública de títulos valores, las nuevas empresas evitan tanto los costos del cumplimiento de regulaciones en los que incurren quienes cotizan en bolsa como el escrutinio constante de inversionistas institucionales y analistas de los grandes bancos de inversión.
Esta tendencia puede apreciarse en el hecho de que, en 1996, las compañías que salían a bolsa en una oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) lo hacían a los 3,6 años contados a partir de su fundación; en la actualidad ese número se ha elevado a 7,7 años. Asimismo, una empresa promedio en 1996 captaba privadamente antes de la IPO aportes de capital por el orden de 12,2 millones de dólares; hoy ese número se ha elevado a 97,9 millones de dólares. Aunque estas cifras se refieren a Estados Unidos, algunas fuentes secundarias sugieren que el mismo fenómeno sucede en el Reino Unido y en la eurozona.
La reducción de la oferta de nuevos títulos accionarios actúa contra los inversionistas individuales. Cuando las compañías abran su capital al público, en general vía IPO, buena parte de la creación de valor quedará en manos de los fundadores y de los participantes en las rondas previas de financiamiento privado.
¿La solución? Facilitar a los fondos de pensiones y otros mecanismos de ahorro programado la participación por cuenta de sus clientes —es decir, los individuos— en el mercado privado de capitales. Tal idea, aunque atractiva, trae consigo un gran desafío para los reguladores, pues los flujos de información en este mercado son mucho menores que en los de oferta pública, la liquidez de los títulos es muy restringida y cualquier intento de regularlos enfrenta la reticencia de los emprendedores, que buscan los mercados privados de capitales para evitar los costos de la regulación y el escrutinio de un mayor grupo de actores.
Carlos Jaramillo, profesor del IESA.
Este artículo ha sido publicado en alianza con Arca Análisis Económico.
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