El presidente Joe Biden presentó al Congreso una propuesta de reforma impositiva para, entre otros objetivos, levantar fondos que permitan cubrir los costos del plan de ayudas frente a la pandemia. Las empresas que obtienen buena parte de sus beneficios de la explotación de activos intangibles (softwares y patentes) serán las principales afectadas por esta iniciativa.
Carlos Jaramillo / 13 de mayo de 2021
El miércoles 28 de abril de 2021 el presidente Joe Biden presentó al Congreso de Estados Unidos su propuesta de reforma de la estructura de impuestos, conocida como Made in America tax plan. Entre sus múltiples objetivos, la reforma pretende levantar fondos para cubrir en los próximos años los costos del ambicioso plan de ayudas implementado para hacer frente a la covid-19.
El plan establece elevar de 21 a 28 por ciento la tasa de impuesto federal, eliminar los incentivos para que las empresas trasladen sus operaciones y beneficios a paraísos fiscales como Irlanda y fijar un impuesto mínimo de 15 por ciento a las empresas que —pese a haber obtenido grandes beneficios— reducen al mínimo su contribución al fisco gracias a la planificación fiscal. Estas medidas se enmarcan en un movimiento internacional liderado por políticos de los países desarrollados para limitar la evasión fiscal.
Las empresas que obtienen buena parte de sus beneficios de la explotación de activos intangibles (softwares y patentes) serán las principales afectadas por esta iniciativa. Antes de la promulgación de la ley de impuesto vigente, impulsada por el gobierno de Trump a finales de 2017 y conocida como Tax cuts and jobs act (TCJA), muchas empresas pagaban tasas efectivas de impuestos inferiores al 21 por ciento gracias al uso de paraísos fiscales.
La propuesta de Biden aumentará el pago de impuestos de las empresas que usan intensivamente activos intangibles, pues todas sus ganancias domiciliadas en el exterior se pecharán a la tasa federal de impuestos vigente. Mientras esa tasa se mantenga en 21 por ciento, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) captará la diferencia entre la tasa impositiva del país anfitrión y la de Estados Unidos. Solo cuando la tasa del país anfitrión sea igual o superior al 21 por ciento el IRS no cobrará.
La propuesta impositiva de Biden será un gran golpe para los países que ofrecen bajas tasas impositivas como incentivos para atraer inversiones extranjeras y que, en general, carecen de otros diferenciadores para atraer empresas multinacionales. En los años previos a la implantación de la TCJA, las utilidades retenidas en los paraísos fiscales no podían ser repatriadas a Estados Unidos para recomprar acciones de la empresa, pagar dividendos, cancelar de deudas o aportar fondos para fusiones y adquisiciones, so pena de pagar impuestos por el ingreso de tales recursos.
Con la implantación de la TCJA cerca de 2,2 billones de dólares propiedad de las multinacionales estadounidenses en el exterior podían repatriarse pagando un pequeño impuesto; solamente 600 millardos ingresaron al país aprovechando este incentivo impositivo. Con la desaparición de la TCJA los incentivos para mantener operaciones en los paraísos fiscales desaparecen, lo que tendrá poco impacto en las empresas estadounidenses que tradicionalmente mantienen sus operaciones en el país.
La gran pregunta a corto plazo es si el Partido Demócrata tendrá suficiente capital político para elevar la tasa de impuestos a las empresas al 28 por ciento vigente, previo al gobierno de Trump. Los demócratas tienen poco menos de dos años para lograrlo, pues meses antes de las elecciones de mediados de período las agendas parlamentarias se enfocarán en los tópicos calientes de la contienda electoral.
Carlos Jaramillo, director académico del IESA.
Este artículo ha sido publicado en alianza con Arca Análisis Económico.
Suscríbase al boletín de novedades aquí.
