Covid-19 y la gestión del riesgo

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Fotografía: Jonathan Ford / Unsplash

Para América Latina y el Caribe la experiencia con la covid-19 constituye la gran oportunidad para superar la tradicional gestión reactiva ante los desastres y forjar una cultura de prevención y precaución ante los riesgos globales.

Ángel Rangel Sánchez / 23 de junio de 2020


 

La irrupción de la pandemia del coronavirus en Latinoamérica y el Caribe ha dejado claras evidencias del grado de exposición y vulnerabilidad de estos países ante riesgos globales, complejos y sistémicos, de naturaleza dinámica. Este fenómeno, al igual que el cambio climático y los eventos climáticos extremos, tiene un extraordinario potencial para hacerse sentir, impactar y causar daño en formas diferentes en territorios alejados de su lugar de origen e independientemente de la responsabilidad de causalidad. La pandemia también ha permitido hacer más visible la importancia de diversas variables de naturaleza social, económica, política y físico-ambiental en lo que respecta a la capacidad de preparación, respuesta y resiliencia de los países ante eventos con características de desastres.

América Latina ha podido beneficiarse de las lecciones que han dejado las actuaciones de los gobiernos y los organismos internacionales en la atención de la pandemia en Asia, Europa y Estados Unidos. Pero el éxito en prevención, preparación, mitigación, recuperación y posterior reconstrucción no está garantizado y dependerá de la capacidad de gestión de cada Estado. Tal consideración resulta aún más determinante en una región donde existe una cultura institucional y ciudadana orientada a la actuación reactiva ante las situaciones de desastre, no de planificación y prevención ante los riesgos. Por lo general, la gestión gubernamental ante diversas amenazas (naturales, socionaturales y antrópicas) es abordada desde un enfoque individual y no sistémico, y dirigida por instituciones concentradas, jerarquizadas y centralizadas.

La pandemia se presentó en un momento cuando la mayoría de los países de América Latina venía registrando indicadores deplorables de desempleo, hambre, desnutrición, pobreza, desigualdad, desaceleración económica, degradación ambiental y conflictividad social y política. Los resultados deseados para las etapas de antes, durante y después estarán condicionados por los factores locales prevalecientes, en materia de sistemas de salud, infraestructuras sanitarias, disponibilidad de agua potable, densidad de población, condiciones de vida en barrios y asentamientos informales, corrupción política y administrativa, y grado de gobernanza existente.

Como ejemplo de las condiciones de vulnerabilidad social imperantes, para el año 2018 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2019) registró 188 millones de personas que enfrentaron inseguridad alimentaria moderada o grave en América Latina y el Caribe. Más recientemente, el Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias destacó que en 2019 ocho países de América Latina concentraron 18,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda a consecuencia de factores económicos y climáticos (FSIN, 2020).

Para 2020 el panorama en materia de empleo y seguridad alimentaria también se ve seriamente comprometido a consecuencia de los impactos sociales y económicos de la pandemia. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2020), el número de pobres pasará de 186 a 214 millones de personas, y la pobreza extrema podría llegar a 83.4 millones.

La pobreza, el hambre y la limitada capacidad de acceso a alimentos e insumos de los menos favorecidos incrementan la condición de vulnerabilidad de las poblaciones ante los desastres, y facilitan la expansión de enfermedades infecciosas. Los riesgos globales —pandemias, cambio climático, eventos extremos— no diferencian nacionalidad, religión, género, ideología, color de piel, condición social, al distribuir sus negativas consecuencias en el mundo. Ahora bien, los países y los sectores más pobres resultan ser los más vulnerables y los más afectados, por tener menor capacidad de preparación y resiliencia. Lamentablemente, luego de cada evento de desastre se agrava la situación de pobreza; es decir, aumenta la vulnerabilidad.

Los países de América Latina y el Caribe, al igual que otros países del mundo, experimentarán las repercusiones de la pandemia en variables como empleo y producto, deuda pública, capacidad de producción y suministro de alimentos, disponibilidad de materia prima e insumos fundamentales y actividades de importación y exportación de productos y servicios. En tales condiciones, la capacidad de respuesta y resiliencia de cada país dependerá de la disponibilidad o no de políticas públicas y acciones prospectivas, en materia de planificación financiera, y de la adecuada capacidad operacional e institucional para responder a situaciones de desastre. Esto incluye disponer de fuentes de financiamiento vía presupuesto y de herramientas de transferencia del riesgo que permitan emprender las acciones de atención y recuperación. Adicionalmente, se necesitan recursos para socorrer pronta y eficientemente a los afectados, atender necesidades básicas de la población, fortalecer la cadena de suministros y propiciar el restablecimiento de los medios y modos de vida.

La pandemia también ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de estos países con respecto a las cadenas globalizadas de suministros esenciales para la atención de la crisis; por ejemplo, equipos respiradores, pruebas diagnósticas y equipos de protección personal, tanto para el personal sanitario como para la población en general. También ha quedado expuesta la fragilidad de países cuyos sistemas críticos fundamentales se encuentran en relación de interdependencia, y sujetos a potenciales efectos cascadas, como ha ocurrido con los sistemas sanitarios, financieros, ambientales, de transporte, de alimentación, de información y comunicación y de suministros.

Muchos países de América Latina y el Caribe están expuestos a multiamenazas de naturaleza geológica, hidrometeorológica y climática, dadas sus circunstancias geográficas y vulnerabilidad social, económica y físico-ambiental ante estos eventos. Tal es el caso de los países del Caribe insular, Centroamérica, México, Venezuela y Colombia, que están expuestos a la amenaza de la temporada de tormentas y huracanes (del 1 de junio al 30 de noviembre). Se pronostica una temporada sumamente activa; es precisamente la cuenca del Atlántico (océano Atlántico, mar Caribe y golfo de México) el corredor natural para el desplazamiento y el desarrollo de estos fenómenos.

Es muy poco probable la coincidencia, pero no puede descartarse que la región se vea afectada por amenazas de terremotos, erupciones volcánicas, tormentas y huracanes, inundaciones, deslizamientos, etc., las cuales siempre están latentes. Si se tiene en cuenta que, en la actualidad, los gobiernos, sectores privados y ciudadanos experimentan una merma significativa de su capacidad de prevención, respuesta y resiliencia, tal condición no es la más favorable para hacer frente a este tipo de eventos.

Las evidencias que ha dejado la pandemia en lo que respecta a la vulnerabilidad y la escasa resiliencia de la región ante los potenciales impactos de los riesgos globales sugiere que la etapa de reconstrucción social y económica que ha de emprenderse en cada país constituye una extraordinaria oportunidad para la incorporación del riesgo de desastre como una variable transversal en sus planes de desarrollo. Esto implica no solamente garantizar la salud, el empleo, los medios de producción, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos a largo plazo, sino igualmente atender los principales factores subyacentes al riesgo social y ambiental, como son la desigualdad, la pobreza, el hambre, la deforestación y el cambio climático.

Cualquier esfuerzo o proyecto de inversión para la reconstrucción de la economía y para el fortalecimiento del Estado de bienestar debe estar orientado a lograr un desarrollo verdaderamente sostenible. Ello implica reducción de la pobreza, preservación de la biodiversidad, uso eficiente de los recursos, construcción de resiliencia ante las crisis futuras y adaptación al cambio climático.

La probabilidad de experimentar más frecuentes e intensos fenómenos, como los eventos climáticos extremos, en los tiempos por venir no puede ser considerada sinónimo de desastre per se. Los fenómenos naturales se transforman en verdaderos factores de riesgo de desastre para la sociedad si se interrelacionan en un determinado tiempo y espacio, y en condiciones de vulnerabilidad (o fragilidad) ante su potencial impacto, con la exposición en su área de influencia de elementos socioeconómicos (población humana, producción e infraestructuras).

La deforestación y la pérdida de biodiversidad inciden tanto en el surgimiento, la transmisión y la propagación de enfermedades emergentes zoonóticas (transmisión de animales a personas), como en el impacto de los fenómenos climáticos. La experiencia con la covid-19 puede ser el factor clave para impulsar el establecimiento de una plataforma que propicie el cambio hacia un modelo económico más sostenible y la construcción de una sociedad más inclusiva, solidaria y resiliente. Es momento de priorizar la inversión en aspectos tales como eficiencia energética de edificios construidos y por construir, producción de energías renovables, infraestructuras sostenibles de transporte, protección de cuencas hidrográficas y reducción de emisiones de carbono.

La experiencia con esta pandemia debe ser transformada en una lección aprendida, para lo cual resulta fundamental que todos los actores sociales —públicos y privados— se comprometan a dar su mejor esfuerzo para la consolidación de plataformas y estrategias nacionales para la reducción del riesgo de desastre y la construcción de resiliencia. Esto requiere actualizar debidamente los planes de continuidad de las organizaciones de los sectores público y privado. Resulta también esencial disponer de los medios técnicos para evaluar los impactos de los eventos sobre la gente, infraestructuras e instalaciones fundamentales, y cadenas de suministros. Asimismo, debe evaluarse el estado de los instrumentos de aseguramiento, los sistemas tecnológicos de apoyo en caso de emergencia y los de financiamiento para la etapa de recuperación.

La experiencia de la pandemia ha mostrado que los eventos peligrosos o amenazas con impactos globales no son solo asuntos de los gobiernos o de los expertos, sino que requieren el aporte y la participación de las sociedades para superarlos y minimizar pérdidas y daños. Por ello, una vez superada la covid-19, es necesario impulsar de manera definitiva el cambio del paradigma de la gestión reactiva ante las crisis y los desastres hacia una gestión proactiva y sistémica del riesgo en diferentes escalas espaciales y temporales. Este enfoque debe ser implementado en el marco de un amplio proceso de mejora de la gobernanza, que permita cohesionar y maximizar la participación de todos los actores sociales y asegurar descentralización, eficiencia, eficacia y transparencia en un sistema de gestión prospectivo y anticipatorio para la reducción del riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático, como política de Estado.

La costosa y dolorosa experiencia de los países de América Latina y el Caribe con la covid-19 debe convertirse en el motor que impulse las acciones para mitigar el riesgo presente y prevenir el riesgo futuro. La vía más expedita y de mayor consenso para el logro de tal fin consiste en darle el debido cumplimiento a importantes acuerdos suscritos por todos los países en 2015, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, como son la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible (ONU, 2015a), el Acuerdo de Paris sobre el cambio climático (ONU, 2015b) y el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030 (UNISDR, 2015).

 

Referencias

  • Cepal (2020): «Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación». Informe Especial COVID-19. No. 2. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45445/4/S2000286_es.pdf
  • FAO (2019): «El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo: protegerse frente a la desaceleración y el debilitamiento de la economía». Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. http://www.fao.org/3/ca5162es/ca5162es.pdf
  • FSIN (2020): «Global report on food crises 2020: joint analysis for better decisions». Food Security Information Network. https://www.fsinplatform.org/report/global-report-food-crises-2020/
  • ONU (2015a): «Resolución A/RES/70/1. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible». Nueva York: Organización de las Naciones Unidas. https://undocs.org/es/A/RES/70/1
  • ONU (2015b): «Acuerdo de Paris en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático». París: Organización de las Naciones Unidas. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G15/283/22/PDF/G1528322.pdf?OpenElement
  • UNISDR (2015): «Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030». Ginebra: Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf

Ángel Rangel Sánchez, profesor y consultor en gestión de riesgos y desastres, y miembro de la Comisión del Ambiente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Integrante de Acuerdo Social, asociación civil dedicada a la elaboración de propuestas de políticas públicas para Venezuela / acuerdosocialvenezuela@gmail.com TW: @Angelrangels

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