En un libro colectivo, varios autores intentan comprender qué ha ocurrido en dos décadas de chavismo para que la economía venezolana sufra el caos en el que se encuentra, y cuya recuperación es difícil por sus costos en tiempo e inversión.
Carlos Balladares Castillo / 26 de octubre de 2020
Reseña de Ronald Balza y Humberto García Larralde (coordinadores): Fragmentos de Venezuela: 20 escritos sobre economía. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello/abediciones, Konrad Adenauer Stiftung y Academia Nacional de Ciencias Económicas, 2017.
Esta obra contiene un conjunto bastante diverso de textos; por ello sus coordinadores los han llamado «fragmentos», que tienen en común estudiar la economía venezolana en los tiempos del chavismo (presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, desde 1999 hasta 2017). En general, los textos tienden a resaltar dos aspectos fundamentales: exponer o explicar la gravedad de la crisis y los problemas que implicará su superación. Por la exploración de muchos temas económicos se puede decir que es un libro de consulta, lo cual crea cierta dificultad para su lectura continua, pero permite identificar en los autores una misma angustia: el escándalo de identificar por medio de su ciencia los mecanismos que hicieron realidad la mayor crisis económica de toda la historia nacional (y de la actualidad mundial). Se dice fácil, pero aterra a cada venezolano que la padece de manera directa, porque vive en el país, o indirecta, porque emigró y tiene sus querencias acá.
En un intento de organizar los temas (para no transcribir todos los títulos) hay varios que se dedican a explicar la crisis: «Narrativa económica venezolana: nuestra tragedia y la epopeya» (pp. 13-28), de Ángel Alvarado Rangel; «¿Cómo evitar que el próximo gobierno también sea rentista?» (pp. 29-51), de Víctor Álvarez R.; «¿Cuánto puede tomarle a Venezuela recuperarse del colapso económico y qué debemos hacer?» (pp. 91-114), de Douglas Barrios y Miguel Ángel Santos; «De la democracia a la dictadura: una visión macroeconómica» (pp. 131-146), de Armando Gagliardi; «Restricciones a la inversión y crecimiento en Venezuela» (pp. 263-280), de Richard Obuchi, Bárbara Lira, Daniel Raguá y Alfredo Guerra.
Hay trabajos que podrían incluirse en el diagnóstico de los problemas, que ponen el foco en la inflación, el tipo de cambio, la competitividad, la política fiscal, el Fonden y los fondos chinos, y la pobreza. Otros textos se dedican a las soluciones: «La reconstrucción petrolera e institucional en la era poschavista» (pp. 281-298), de Luis Oliveros; «La transición económica: aspecto de economía política» (pp. 147-166), de Humberto García Larralde; «La economía política de las reformas estructurales» (pp. 185-224), de Natan Lederman Sokol; y «Consideraciones sobre la transición económica, la velocidad de los ajustes y la secuencia de las reformas» (pp. 469-484), de Luis Zambrano Sequín.
Se necesita un conjunto de reformas dirigidas a desmontar el modelo extractivista rentista, para construir uno de libre mercado
Los trabajos, en general, van acompañados de cuadros y de abundantes datos estadísticos. La mayoría intenta comprender qué ha ocurrido en estas dos décadas para que la economía sufriera la tendencia al caos que ha llevado a cifras alarmantes y a un deterioro de la calidad de vida de la población, que hace difícil la recuperación por los costos en tiempo e inversión.
La lectura del libro puede ser comparada, al menos para alguien no especializado en economía, con una verdadera historia de horror. De allí el tema imprescindible de cómo y cuánto costará la recuperación. Barrios y Santos identificaron la gravedad de la crisis con la caída del PIB per cápita en un 32,8 por ciento de 2013 a 2016, y se aceleró en los dos años siguientes, de modo que puede superar el 50 por ciento. En comparación con el desempeño de la economía nacional solo se registró una cifra superior por el gran paro nacional de 2002-2003, y solo sesenta años antes se podría conseguir tal grado de estancamiento. Con respecto a otros países, en las últimas dos décadas solo cuatro países (Libia, Sudán, Irak y República Centroafricana) superan el mal desempeño de Venezuela, y a lo largo de la historia de Iberoamérica el único ejemplo es Cuba entre 1992 y 1993 (el «período especial»). El país se encuentra entre los casos extremos asociados por lo general con guerras o cataclismos naturales. Los autores advierten que la inédita caída del crecimiento se enmarca en una tendencia que cumplió cuarenta años en 2017, porque desde ese entonces solo se han registrado en dos ocasiones cuatro años seguidos de crecimiento, y uno de ellos (2004-2008) fue impulsado por el exponencial aumento de los precios del petróleo y el endeudamiento externo, a diferencia de 1990-1993, que fue el resultado de las reformas económicas aplicadas. Las consecuencias de la caída reciente ha llevado a finales de 2016 a una producción equivalente a la de 1956 (p. 93).
La crisis comenzó en la década de los setenta pero, según Obuchi y otros, en las últimas décadas se agravó con el deterioro de las condiciones para la inversión y el crecimiento, y sus consecuencias se notarán a partir de la transición al madurismo en 2013: inflación mayor de tres dígitos; exportaciones a un tercio del valor de 2012; caída de activos y reservas internacionales; empresas extranjeras que cierran operaciones; desplome de la inversión, de 4.700 millones de dólares en 2000 a 1.500 millones en 2015 (cuarto peor país del mundo para invertir); una industria que opera a un promedio inferior al 50 por ciento de su capacidad instalada; establecimientos industriales pasaron de 12.700 en 1998 a 4.000 en 2016; ese mismo año cerca de 300 comercios cerraban diariamente (pp. 263-265). Luis Oliveros señala que la industria petrolera creció de 1985 a 1998 a un ritmo anual del cinco por ciento; de haber mantenido ese ritmo, hoy produciría más de siete millones de barriles diarios (p. 282). Pero el país vivió una bonanza petrolera entre 1999 y 2016 que produjo 900.000 millones de dólares, cifra equivalente a los ingresos de los cuarenta años de la democracia (1958-1998) (p. 284).
El impacto social de la crisis, explica Omar Zambrano, se observa en el crecimiento de la pobreza que afecta a cuatro de cada cinco venezolanos, según la encuesta Encovi de 2016. Pero incluso algunas fuentes oficiales hablan de la explosión del hambre, la desnutrición, la mortalidad infantil y las muertes por enfermedades crónicas. La erosión de los salarios por la inflación ha llevado a la pérdida o el deterioro de múltiples aspectos de la vida cotidiana como la educación de los hijos y el ocio. «Venezuela es hoy la nación más pobre todo el hemisferio occidental» (p. 453). El estudio de la pobreza por parroquias, llevado a cabo por Zambrano, muestra que la parroquia típica en Venezuela tiene un 76 por ciento de pobreza; pero las más pobres, como las de Delta Amacuro, llegan al 90 por ciento (p. 466).
Las causas del problema se encuentran en el «extractivismo rentístico», de acuerdo con los trabajos de Alvarado y Álvarez, modelo en el cual una élite concentra la riqueza mediante el control político. Ese modelo se origina en una larga tradición que viene del mercantilismo colonial, y se consolidó con el Estado empresario petrolero. A partir de la nacionalización (1976) comienza la caída de las inversiones y el crecimiento acelerado que se vivió desde el inicio de la industria en 1914 (pp. 18-24, y 29). Este problema se agravará con los gobiernos de Chávez y Maduro al llevar el crecimiento del Estado y su corrupción a grados nunca vistos, que a su vez se aprovecha del empobrecimiento de la población para lograr un mayor control sobre ella al ser dependiente de sus programas sociales. La concentración del poder —según García Larralde— en manos del presidente ha desequilibrado la economía, porque los parámetros ideológicos y no los mecanismos del mercado establecen los precios de bienes y servicios, la entrega de dólares preferenciales y las concesiones mineras y petroleras; y todo ello violando cualquier división de poder o control constitucional (p. 149).
Álvarez explica que en el modelo extractivista no se distribuye lo que se produce sino lo que se capta en forma de renta, por medio de 1) sobrevaluación de la tasa de cambio que lleva a mayores importaciones y a la larga estanca la producción y produce inflación, 2) baja presión fiscal, 3) financiamiento público a la inversión privada, 4) pago de nómina pública que crea empleos inútiles y conduce a mayor gasto público, 5) misiones sociales (programas compensatorios para los más vulnerables que no erradican las causas de la pobreza, los hacen dependientes del Estado y los excluyen de la actividad productiva) y 6) subsidios a los servicios que los hacen baratos y de esa forma inducen despilfarro e ineficiencia. Todo esto lleva a la especulación cambiaria, el incremento de las deudas internas y externas, la fuga de capitales, la desindustrialización, el personalismo político y la corrupción clientelar (pp. 30-39).
Al referirse a las soluciones todos los autores expresan un acuerdo tácito: un conjunto de reformas dirigidas a desmontar el modelo extractivista rentista, para construir uno de libre mercado en el cual la sociedad produzca riqueza por medio de un vital espíritu empresarial y un Estado regulador (garante de las leyes, instituciones y equilibrios económicos). El nuevo modelo lograría el crecimiento económico, pero ello requiere inversiones como señalan las estadísticas de los países que más han crecido en los últimos años según el Banco Mundial (Obuchi y otros, p. 264). Para atraer las inversiones se necesita crear oportunidades y un ambiente empresarial favorable: políticas públicas que disminuyan los controles, las restricciones a la actividad privada y los impuestos, y ofrezcan mercados estables, seguridad jurídica y personal, solución a los conflictos laborales e inversiones en infraestructura.
Los dos grandes conjuntos de problemas, para iniciar y lograr la recuperación y la transformación económica, son 1) la reconstrucción institucional (Oliveros, pp. 292-293) que garantice el respeto a las leyes, la existencia de fondos financieros, la independencia del Banco Central, la despolitización de PDVSA y la creación de instituciones fiscales que aseguren la estabilidad macroeconómica; y 2) el apoyo político para las reformas, que implica atender los sectores desalojados del poder (pues el actual régimen no llevará a cabo las reformas) y los más vulnerables, con consensos y claridad en las medidas (García Larralde, pp. 150-151).
Algo que faltó en estos veinte fragmentos, que forman una visión de la economía de estos 19 años de chavismo, fue un estudio del discurso económico del régimen, que ofreciera un desmontaje de sus argumentos, como la «guerra económica» entre otros. Es mucho lo que se ha dicho desde todos los medios oficiales al respecto y sería ideal conocer esa «lógica»: hacer un intento de comprensión y especialmente de desmitificación y crítica, para exponer la verdad. En todo caso, el esfuerzo realizado por tantos economistas para explicar la crisis y ofrecer soluciones es fuente de grandes esperanzas, para lograr la superación de la actual tragedia y la construcción de un país normal.
Carlos Balladares Castillo, profesor de las universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello.
